¿Por qué ciertas poblaciones están sistemáticamente excluidas de los avances en Uruguay?

El Banco Mundial dio a conocer este miércoles un extenso trabajo titulado Inclusión Social en el Uruguay, que analiza cuáles son los grupos más afectados por las inequidades en Uruguay, cuáles son los desafíos para lograr su inclusión y por qué siguen existiendo estas brechas en nuestro país pese a que es el más igualitario de América Latina.

El reporte, escrito por Germán Freire, María Elena García Mora, Gabriel Lara Ibarra y Steven Schwartz Orellana (dos antropólogos, una abogada y un economista), concluye que hay cuatro grupos que se encuentran entre los más afectados (que son los que analiza el reporte): los afrodescendientes, las personas con discapacidad, las mujeres (en particular, las jefas de hogar) y las personas trans. "Estos grupos no sólo son más vulnerables a la pobreza, sino que son más vulnerables en general", concluyen.

Esto "se traduce en desventajas en educación, salud, vivienda, representación política y empleo, y una mayor tendencia a vivir en zonas más pobres y asentamientos informales".

Si bien el informe se realizó en los dos últimos años, sus autores aseguran que no podría haber un mejor momento para presentarlo, ya que la pandemia por la COVID-19 ha acentuado o resaltado aún más estas vulnerabilidades.

"Los adultos mayores y las personas con condiciones crónicas de salud, como la diabetes o las enfermedades cardiovasculares, se encuentran entre los más severamente afectados por la enfermedad. Pero además, grupos históricamente excluidos, como los afrodescendientes, las personas con discapacidades, los pueblos indígenas, las personas en situación de calle, los hogares en asentamientos informales, la población transgénero, entre otras minorías vulnerables, tienen un mayor riesgo de sufrir tanto las consecuencias biomédicas del virus como las socioeconómicas. Sabemos esto tanto por la evidencia temprana como por inferencia", señalan en el prólogo del reporte.

El informe "fue pensado como una oportunidad para comprender mejor los éxitos del país en materia de inclusión, pero también para visibilizar los focos persistentes de exclusión, que han eludido una compleja red de programas sociales y uno de los más ambiciosos gastos sociales de la región", indican.

Señalan por ejemplo algunas tendencias "desconcertantes", como el crecimiento sostenido del número de asentamientos informales o las brechas persistentes de pobreza entre grupos poblacionales, a pesar del progreso económico.

En el prólogo, el informe advierte que "a medida que el país despliega medidas para proteger los puestos de trabajo y el ingreso-y para volver al camino del crecimiento-, es crucial hacer lugar para los grupos históricamente excluidos, es decir, aquellos que podrían no ser beneficiados por las políticas universales convencionales, por bien intencionadas que sean".

"Mientras todos nos enfocamos en el panorama general y sus aterradoras perspectivas, el objetivo de este informe es llamar la atención sobre el eslabón más débil de las estrategias económicas y sanitarias del país", agregan.

Al respecto, justamente, conversamos con los especialistas senior en desarrollo social del Banco Mundial María Elena García Mora y Germán Freire.

En Uruguay, ¿cómo afectó la pandemia a estos grupos especialmente vulnerables y cómo los afectó también las medidas tomadas a causa de la pandemia?

No hay muchos datos todavía, ni en Uruguay ni en la región, pero sí podemos anticipar algunos efectos. Por ejemplo, lo que ya sabemos es que antes de la pandemia los afrodescendientes ya tenían tasas de desempleo más altas que el promedio uruguayo, casi el doble para las mujeres afro (14% versus 8% nacional), y que además sus tareas se concentran en sectores impactados por las medidas de distanciamiento social, como la construcción y el servicio doméstico.

Además, tenían una tasa de informalidad muy por arriba del promedio (35% vs. 27%) y tienen menos probabilidades de teletrabajar. Todo esto hace a este grupo mucho más vulnerable a los efectos de la crisis económica.

Además, algunos impactos van a tener consecuencias de largo plazo. Se calculó que aproximadamente 100,000 empleos se perdieron en el país entre marzo y abril. La pérdida de empleo en el hogar lleva a la deserción escolar de jóvenes que se ven obligados a dejar anticipadamente el sistema educativo para apoyar económicamente en el hogar. Y esto ya suma a una desventaja importante pre-COVID. Por ejemplo, las niñas y jóvenes afrouruguayas tienen 24% menos probabilidad de terminar la secundaria que el resto de las jóvenes uruguayas. Finalmente, hay efectos inmedibles. Pre-COVID los hombres afro tenían cuatro veces más probabilidades de cometer suicidio. La pandemia está impactando la salud mental de maneras que aún no analizamos. Estos impactos son inmedibles, pero lo que es claro es que estos cambios están afectando desproporcionadamente el bienestar y las oportunidades de los hogares vulnerables en el largo plazo.

La brecha con estos grupos es tanto económica como cultural. ¿Qué debe hacerse para solucionarla desde ambos frentes?

Lo que planteamos en el reporte es que la exclusión no es solo un tema económico, que sería relativamente fácil de resolver, sino también un fenómeno cultural complejo. La exclusión social es ejercida por cualquiera, a través de ideas y actitudes arraigadas en prejuicios, creencias y normas sociales. A menudo parte de un acto aparentemente inocente-el humor es una vía frecuente para transmitir ideas discriminatorias, por ejemplo-pero va determinando cómo ciertos individuos son percibidos y se perciben a sí mismos. Por eso es difícil de combatir, porque parece que no es culpa de nadie.

Estas ideas permean la prestación de servicios, poniendo barreras a las personas por ejercer una identidad diferente a la dominante. Las personas trans, por ejemplo, tienen problemas de acceso a prácticamente cualquier servicio, viven maltrato en los hospitales, en las escuelas, en sus hogares y tienen prácticamente cerrado el mercado laboral- el resultado es que más del 70% de las mujeres trans se ven obligadas a recurrir al trabajo sexual. Alrededor del 45% de las personas trans declararon haber sufrido violencia debido a su identidad de género. Y esto no es un tema de más o menos recursos financieros.

Por eso en el Banco Mundial vemos la inclusión social como el proceso de mejorar las oportunidades de los grupos excluidos, fortalecer sus capacidades, es decir su capital humano, para que puedan aprovechar esas oportunidades y quitar las barreras físicas y culturales para acceder a los espacios públicos. Pero nada de esto tiene sentido si no se hace con reconocimiento a su identidad, con respeto a su dignidad y con su participación.

¿Por qué, pese una mayor inversión y los avances logrados en los últimos tiempos -y a que el informe señala que no se necesita de más dinero para mejorar esta situación-, hay brechas que no se han podido cerrar con estos grupos?

La exclusión es compleja y multicausal. Las últimas dos décadas la región invirtió mucho en reducir la pobreza y la inequidad y Uruguay está entre los países con mejores desempeños. El problema es que los hogares históricamente excluidos enfrentan barreras adicionales a las del promedio. Es evidente en el caso de los hogares con personas con discapacidad. Uno de cada tres hogares con personas con discapacidad severa en Montevideo tiene una necesidad básica insatisfecha. Las personas con discapacidad requieren medidas focalizadas para mejorar su acceso a servicios e inclusión, si no, de poco sirve tener una buena red de transporte urbano o escuelas de primera. Ellos no podrán usarlos a menos que sean accesibles. Limitándoles así el acceso al empleo, la educación y los servicios de salud, y los espacios públicos en general.

La complejidad para cerrar estas brechas también obedece a que hay aspectos que se superponen. Por un lado, las exclusiones se multiplican. Los afro tienen en general tasas más altas de desempleo, pero las mujeres afro tienen tasa más altas que los hombres afro. A su vez, los grupos excluidos sufren múltiples vulnerabilidades. Por ejemplo, pobreza y discapacidad van de la mano. En Uruguay hay una mayor prevalencia de discapacidad en los departamentos más pobres del norte y en barrios de la periferia de Montevideo.

Y a su vez, la exclusión tiene un impacto en todo el hogar. Las probabilidades de completar educación de tercer nivel para los miembros de un hogar con personas con discapacidad es casi la mitad de otros hogares. Y sabemos que un menor nivel de educación tiene un impacto para las generaciones futuras, volviéndose así un círculo vicioso. Y además está el tema de los datos; si bien Uruguay es un país rico en datos, hay todavía un camino por recorrer para desagregar información clave para la elaboración de política pública focalizada en minorías vulnerables.

Por estas razones, las políticas universales pueden ser muy buenas y aun así fallar en su intento por mejorar las condiciones de los hogares más vulnerables, que necesitan un esfuerzo adicional. La inclusión requiere de mucha coordinación entre los actores involucrados, que deben ofrecer una visión integral a los problemas de estos hogares.

La discriminación positiva, discutida por parte de la población y puesta en práctica al menos parcialmente en Uruguay, ¿puede ser una solución?

La discriminación positiva ha tenido resultados importantes en todo el mundo y es una herramienta útil para romper las barreras de acceso que enfrentan poblaciones históricamente excluidas. Brasil cambió radicalmente la composición etno-racial de sus universidades públicas en las últimas dos décadas con un sistema de cuotas, y hoy éstas reflejan mejor la diversidad de su sociedad. En Estados Unidos, la discriminación positiva ha ayudado a romper con la inercia de décadas de segregación y de esclavitud.

El problema de la discriminación positiva es que tiene poco sentido si no se la inscribe en un contexto más amplio de nivelación de capacidades, que tiene que partir del nivel inicial o, incluso, desde el embarazo. Es decir, las cuotas de empleo tienen un efecto limitado en los hogares más vulnerables si no ocurre un acompañamiento desde la primera infancia. Para acceder a empleos de calidad hay que tener habilidades, además de oportunidades. Sin estas capacidades las cuotas pueden terminar reforzando la segregación laboral, pues se cumplen con empleos de poca calidad e ingreso. Pero eso no es culpa de las cuotas, sino de la falta de integralidad en el enfoque.

¿Por qué es importante hacer esta campaña y qué puede aportar?

La campaña pone sobre la mesa una realidad que si bien era importante cuando escribimos el reporte, es mucho más importante en tiempos de la pandemia. El COVID ha acentuado muchas brechas y está revirtiendo mucho del progreso que la región había logrado en las últimas décadas. No es algo exclusivo de Uruguay; es algo que está pasando en toda la región y el mundo.

El reporte Inclusión Social en Uruguay lo que hace es traer datos. Cuántos, dónde, en qué grupos. Pero elegimos que fueran referentes de esos grupos quienes contaran su historia. Sus sueños, sus frustraciones, la discriminación que muchas veces deben enfrentar, sus logros, sus miedos. La campaña -que consta de una serie de documentales- le da voz a las personas a quienes hacemos referencia en el libro, y a la vez presenta esta realidad al resto de la sociedad uruguaya, pues para solucionarlo se requerirá una acción conjunta.

Una de las primeras tareas para lograr la inclusión es visualizar las situaciones de los grupos excluidos y escucharlos, para entender sus necesidades y puntos de vista. No hay una sola receta, pero al menos debemos comenzar por preguntarnos por qué ciertas poblaciones están sistemáticamente excluidas, y a partir de ese análisis, diseñar estrategias que les permitan romper los ciclos de pobreza crónica.

El informe completo puede leerse aquí

Algunos datos de cada grupo

Afrodescendientes

Los afrodescendientes son la minoría más numerosa de Uruguay, representan el 8.1% de la población nacional.

Cerca del 20% vive por debajo de la línea de pobreza

Personas trans

Alrededor del 45% de las personas trans declararon haber sufrido violencia debido a su identidad de género.

Cuentan con los peores indicadores laborales de Uruguay y solo el 25% completó la educación primaria.

Mujeres (jefas de hogar)

Los hogares con jefatura femenina tienen dos veces más probabilidades de ser pobres.

7 de cada 10 mujeres han experimentado violencia doméstica.

Personas con discapacidad

Cerca del 16% de la población uruguaya declara tener algún tipo de discapacidad. Sin embargo, los servicios educativos y el mercado laboral presentan dificultades para asegurar la participación de este grupo.