El excustodio presidencial Alejandro Astesiano fue condenado este miércoles a cuatro años y seis meses de cárcel, luego de que su abogado defensor, Marcos Prieto, llegara a un acuerdo con la fiscal Gabriela Fossati.
De esta manera, Astesiano reconoció que cometió los delitos de asociación para delinquir, tráfico de influencias, revelación de secretos y conjunción del interés público y privado. En las pruebas presentadas por Fossati, se asegura que en agosto de 2021 el escribano Álvaro Fernández contactó al exfuncionario de Presidencia para que sea “facilitador”, con el fin de acelerar la aprobación de los pasaportes uruguayos apócrifos a ciudadanos rusos.
Fernández, según la Fiscalía, buscó a Astesiano “por su condición de jefe de seguridad móvil del presidente de la República [Luis Lacalle Pou] y su familia”, indicó Fossati de acuerdo a la acusación.
Astesiano se reunió con el escribano en varias oportunidades, con el fin de “afinar” su rol dentro de la organización delictiva. En ese sentido, Fernández le pagó US$ 10.000 como pago anticipado de la actividad que llevaría adelante. “Recibió alguna documentación, pero no realizó ninguna gestión efectiva para el grupo”, agregó la fiscal.
Otro de los hechos que determinó la investigación, fue que Astesiano “mantenía comunicaciones fluidas con múltiples funcionarios policiales de jerarquía”, como por ejemplo el exdirector ejecutivo de la Policía Nacional Jorge Berriel. Esos diálogos, algunos publicados por medios de prensa, “referían a aspectos que no eran propios de su función”.
De esta manera, el excustodio accedía a las cámaras de videovigilancia de Torre Ejecutiva y también al Sistema de Gestión de Seguridad Pública (SGSP) para extraer información para sí mismo o para proporcionar a terceros.
Astesiano “solicitaba información de los registros fílmicos de las cámaras de videovigilancia del Ministerio del Interior y en ocasiones enviaba las respectivas filmaciones”, agregó la acusación de la Fiscalía. “Pedía y hacía favores”, aseguró Fossati.
También se destaca que el 4 de marzo de 2022, Astesiano le pidió al director del Sistema de Información de la cartera de seguridad, Fabricio Fagúndez, si podía “acelerar” ciertos permisos para un boliche del departamento de Canelones, cuyo propietario era un jugador de Peñarol “de nombre N.R”.
A Berriel, según Fossati, Astesiano “le realizó muchísimos pedidos”. “Algunos que bordean la apariencia delictiva y otros inequívocamente ilícitos”, indicó la fiscal. En el documento la investigadora puso como ejemplo el diálogo entre el excustodio y el exjerarca policial, en el que se pide información de una presunta situación de abuso sexual en una fiesta de la juventud del Partido Nacional después por la victoria del No en el referéndum contra la Ley de Urgente Consideración (LUC).
El 3 de mayo de 2022, Berriel le envió información extraída del SGSP vinculada a una tentativa de rapiña y herida de arma de fuego, situación en la que intervino quien se desempeñaba como seguridad presidencial. Tras el pedido, Astesiano recibió información sobre los hechos y el nombre del detenido.
Otro hecho detallado fue cuando el hijo de Astesiano fue víctima de una presunta rapiña. El 15 de julio Astesiano le envió datos a Berriel del SGSP “con toda la información de los presuntos involucrados, circunstancias, objetos incautados y resolución de la Fiscalía de Flagrancia de 14° turno”.
Astesiano “proporcionaba de manera oficiosa la información que recibía a su entorno de Presidencia, como por ejemplo, al secretario personal del presidente [Nicolás Martínez] o al propio presidente”, señala sobre el final la acusación realizada por la fiscal.
Además, Fossati agregó que el excustodio se “comprometía” a brindar información pero “la mayoría de las veces no lo hacía”. “Procuraba beneficios para sus actividades civiles y particulares a partir de la información que obtenía”, concluye el documento acusatorio.
Acusación AA - Fiscalía de Flagrancia de 12° turno by Montevideo Portal on Scribd