“No se ajustó a derecho”: las conclusiones del informe de Vivienda sobre Irene Moreira

En las últimas horas se conoció el informe de la investigación administrativa en el Ministerio de Vivienda, tras el caso de la cabildante Irene Moreira, luego de que se supiera que otorgó un apartamento en Montevideo a una militante de su partido. 

El documento, del que dio cuenta en primera instancia El Observador y al que tuvo acceso Montevideo Portal, hace un raconto de cómo fueron los hechos a lo largo de las más de 160 páginas. 

En el apartado de las conclusiones, se asegura que entre 2020 y 2023 se constató el envío de correos desde la casilla institucional de la secretaría de Estado a otras direcciones “solicitando adjudicación de viviendas”.

“En dos de ellos se dictó resolución ministerial de adjudicación, en cuatro se suscribieron autorización de ingreso a una vivienda. En dos casos, si bien se había suscrito la autorización de ingreso, a la fecha del presente informe consta que se proyectó resolución ministerial para dejar sin efecto las autorizaciones por no ocupar la finca por parte de la familia”, detalla el documento. 

Otra de las conclusiones es que “no se cumplió con los requisitos establecidos dado que no eran situaciones que revestían carácter de emergencia habitacional, máxime que la solución habitacional otorgada era de corte definitivo y no transitorio”. 

Uno de los argumentos que manejaron en su momento Moreira y algunos cabildantes es que otros ministros de Vivienda habían hecho adjudicaciones directas. Sin embargo, en la investigación se indica que desde 2009 hasta 2020 “no se realizaron adjudicaciones directas que no contemplaran los requisitos legales exigidos”. 

En lo que refiere a la actuación de los funcionarios, se constatan “hechos irregulares que podrían determinar la configuración de falta administrativa”. 

Precisamente, sobre Moreira y el exdirector de Vivienda Jorge Ceretta se asegura que las conductas “no se ajustaron a derecho ni a la ética que debe regir la actuación de las personas que son convocadas a ejercer un cargo de alta responsabilidad del Estado, más allá del carácter político de dicha investidura”. 

“Hubo claro apartamiento de los principios inherentes a la función pública, tales como la imparcialidad, objetividad y una flagrante violación al principio de igualdad”, agrega el informe.