El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial (MVOT) archivó la investigación contra los cuatro funcionarios públicos indagados por el otorgamiento de viviendas a militantes y personas cercanas a Cabildo Abierto de manera directa, que llevó a la renuncia de Irene Moreira al frente de la cartera en mayo de 2023.

Así lo confirmó el ministro Raúl Lozano a Montevideo Portal, quien detalló que “luego de analizar los hechos y los descargos realizados por los trabajadores” él mismo decidió “no sancionar a ningún funcionario”.

Asimismo, dijo que el hecho fue comunicado a cada uno de los funcionarios y el miércoles se lo trasmitió también a la Comisión de Vivienda de la cámara de Diputados.

De la versión taquigráfica de esa Comisión, a la que accedió Montevideo Portal, se desprende que Lozano informó a los parlamentarios que, tras la revisión del informe de la investigación administrativa en el ministerio, concluyó que “no hubo delito alguno” por parte de los funcionarios involucrados.

“Este ministro sí constata que hubo errores, falencias, en cuanto a la consecución de cómo se utilizaron los procedimientos existentes en el Ministerio. Por lo cual, una vez que recibí la investigación entendí que las responsabilidades políticas que se podían considerar en la cartera ya habían renunciado; tales son los casos de la exministra y el exdirector nacional de Vivienda, a quien le solicité su renuncia”, detalló.

A fines de marzo de este año se hizo público el informe al que aludió Lozano y, entre otras cosas, decía que que entre 2020 y 2023 se constató el envío de correos desde la casilla institucional de la secretaría de Estado a otras direcciones “solicitando adjudicación de viviendas”.

“En dos de ellos se dictó resolución ministerial de adjudicación, en cuatro se suscribieron autorización de ingreso a una vivienda. En dos casos, si bien se había suscrito la autorización de ingreso, a la fecha del presente informe consta que se proyectó resolución ministerial para dejar sin efecto las autorizaciones por no ocupar la finca por parte de la familia”, detallaba el documento al que en su momento accedió Montevideo Portal.

Otra de las conclusiones fue que “no se cumplió con los requisitos establecidos dado que no eran situaciones que revestían carácter de emergencia habitacional, máxime que la solución habitacional otorgada era de corte definitivo y no transitorio”.

Uno de los argumentos que manejaron en su momento Moreira y algunos cabildantes es que otros ministros de Vivienda habían hecho adjudicaciones directas. Sin embargo, en la investigación se indica que desde 2009 hasta 2020 “no se realizaron adjudicaciones directas que no contemplaran los requisitos legales exigidos”.

En lo que refiere a la actuación de los funcionarios, se constatan “hechos irregulares que podrían determinar la configuración de falta administrativa”.

Precisamente, sobre Moreira y el exdirector de Vivienda Jorge Ceretta se asegura que las conductas “no se ajustaron a derecho ni a la ética que debe regir la actuación de las personas que son convocadas a ejercer un cargo de alta responsabilidad del Estado, más allá del carácter político de dicha investidura”.

“Hubo claro apartamiento de los principios inherentes a la función pública, tales como la imparcialidad, objetividad y una flagrante violación al principio de igualdad”, agrega el informe.