La diputada del Frente Amplio y excoordinadora del Plan Juntos del Ministerio de Vivienda, Cecilia Cairo, afirmó que “no existen los cupos personales” para que los ministros puedan adjudicar viviendas, tras la decisión de la ministra Irene Moreira de asignar un apartamento a una militante de Cabildo Abierto.
En este sentido, la legisladora explicó que el Ministerio de Vivienda sí tiene cupos y funcionan con convenios que se realizan con distintos organismos del Estado, como por ejemplo InMujeres e INAU (Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay). “En estas situaciones la cartera tiene que responder con rapidez”, aclaró.
“En este caso en particular, que es una licitación que tenía como destino un sorteo, todas las viviendas tenían que ser sorteadas; eso es lo que dice la resolución ministerial”, agregó Cairo en rueda de prensa.
De igual manera, sostuvo que la militante de Cabildo Abierto a la que se le adjudicó la casa cumplía con algunos requisitos, pero no con el “fundamental”. “Tenía que presentarse al sorteo, inscribirse y salir sorteada”, manifestó la diputada frenteamplista.
Al ser consultada sobre si en los gobiernos del Frente Amplio sucedieron situaciones similares, Cairo respondió: “Por supuesto que no; soy categórica. Me preocupa que comencemos a normalizar cosas que no están bien”.
Una entrega “ilegal”
Por su parte, la diputada del Frente Amplio Lucía Etcheverry —exdirectora nacional de Vivienda del Ministerio de Vivienda— también se refirió a la polémica, y afirmó que no existe “ninguna norma” que habilite al ministro o ministra de turno a tener un cupo para entregar una vivienda de forma “directa y discrecional”.
“También lo que se hizo público ayer es que hay un correo electrónico que indica que le sea adjudicado a tal persona bajo orden de la ministra. Entonces, ahí no hay estudio técnico. Un funcionario que recibe semejante indicación está absolutamente condicionado. No es para estudiar, es para adjudicar”, expresó Etcheverry en Radio Sarandí.
En este sentido, la diputada opinó que en este caso está en juego la “magnitud y la importancia” del rol de un ministro o una ministra, y argumentó que el secretario de Estado es quien debe estar en los grandes lineamientos de la cartera, así como en el diseño y en la gestión de la política pública.
“Eso no es que la ministra defina a quién se le hace un estudio y a quién no, porque eso altera absolutamente las reglas de juego y la transparencia con que venía gestionándose la política pública de vivienda. Acá hay un daño a la confianza en la política pública de Vivienda”, indicó.
La integrante de la Cámara baja afirmó que hay una ilegalidad y, a su vez, una falta de ética. “Es inadmisible que la ministra diga que se reservaba cupos por sí y ante sí para ver a quién se los asignaba. Realmente, creo que es gravísimo. Creo que sí es ilegal; ahí no hay una norma legal que habilite a que, ni esta ministra ni ninguno de los ministros, tuviera un cupo para asignar a quien quisiera”, dijo.