El Poder Ejecutivo resolvió tomar una serie de medidas que apuntan a amortiguar y combatir el alza de precios y la presión inflacionaria generada principalmente por la invasión de Rusia en Ucrania y que está afectando al mundo y la región.

El presidente Luis Lacalle Pou comunicó que se aumentarán 2% los salarios de los funcionarios públicos, 3% las jubilaciones y las pensiones, y se convocará este martes al Consejo Superior Tripartito para renegociar el ajuste por inflación de los sueldos en los privados. Según dijo, se convocará a unas 88 mesas que nuclean alrededor de 300 mil trabajadores.

Los anuncios realizados en Torre Ejecutiva fueron respaldados por los líderes de la coalición como Julio María Sanguinetti, Guido Manini Ríos, Adrián Peña, entre otros, y reclamos desde el Frente Amplio por lo que “ya se perdió”. El legislador Daniel Olesker, por ejemplo, dijo que lo perdido por el alza inflacionaria “no se recupera más”.

Pero el sistema político no fue el único en manifestarse públicamente. Una serie de economistas dieron su opinión al respecto a través de sus redes sociales. Uno de ellos fue el reconocido economista Javier De Haedo, quien consideró a estas propuestas comunicadas como un “giro insólito” del gobierno, que “solo se explica por procurar mantener la cohesión de la coalición”.

En este sentido, aseguró que la política fiscal y salarial se divorcian aún más de la política monetaria. “Insistir sólo con la monetaria sólo puede traer problemas”, aseguró, y agregó que el problema de este gobierno, al igual que los anteriores, es tener “más objetivos que instrumentos”.

Además, agregó una serie de tuits que decían: “La excusa de la inflación mundial es la misma de Alberto Fernández. El gobierno está mostrando la definición de echar leña al fuego. ¿Es el mismo gobierno que dice querer bajar la inflación?”.

En tanto, el economista y doctor en Historia Económica Gabriel Oddone hizo una serie de consideraciones “en clave política” tras los anuncios de Lacalle. En primer lugar, dijo que el plan desinflacionario previsto está “postergado” y aseguró que es “muy probable” que haya “mayor estrés sobre el tipo de cambio”.

Calificó como un “paquete demasiado genérico” a las medidas promulgadas, algo que “compromete” la efectividad y lo vuelve “comparativamente caro”. “Un mayor foco podría hacerlo más efectivo y hacer rendir mejor los recursos afectados. Dada la decisión, es clave subrayar la transitoriedad de las medidas”, sostuvo en su cuenta de Twitter.

“Medidas pretenden trasmitir preocupación por precios (lo sustantivo) y atender demandas dentro de la coalición (lo político). Lógico y razonable. Con su decisión el gobierno prioriza la protección del ‘modelo de convivencia’ por sobre las reformas pro-eficiencia. En esencia, esa es una política de Estado en Uy desde 1985”, expresó.

“Dos riesgos asociados: a) gobierno se aleja parcialmente del mandato recibido; b) la política macroeconómica podría volverse inconsistente. El contexto internacional (precios y desordenes fiscales por doquier) habilita a explorar este camino, al menos a corto plazo”, añadió.

Sin embargo, el problema para Oddone es que el mundo se “ordenará más rápido” que Uruguay, lo que aumenta la probabilidad de que la inercia y el ciclo político posterguen reformas importantes. A su vez, destacó que el actual gobierno comienza a nadar en la “piscina dulce” de las segundas partes de los mandatos, algo que consideró “clásico” en Uruguay.

“En breve, los anuncios del gobierno de hoy subrayan: a) la fortaleza y la capacidad de resistir de nuestro sistema de convivencia; b) las dificultades que ello entraña para que nuestra economía crezca por causas endógenas”, sostuvo.

Por otra parte, el especialista apuntó que nuestro sistema de convivencia, a diferencia de los que predominan en la región, comprende a “mucha más gente”, es más “comprehensivo” y “justo”, algo que lo hace legítimo y que el sistema político comprende bien. No obstante, resaltó que el pacto de convivencia tiene dos problemas: es “caro” y, de alguna forma, excluyente.

“Es caro porque sostenerlo y ampliarlo requiere que el "viento de cola" sople fuerte. Y para obtener fondos que permitan financiarlo sostenidamente se requieren reformas que, precisamente, arriesgan a minar el sistema de convivencia. Dilema”, señaló.

“Es excluyente porque no contiene soluciones efectivas y duraderas para el núcleo duro de pobreza (jóvenes y niños). Por eso la pobreza tiene cara de niño, las reformas educativas se postergan y las cárceles explotan de jóvenes. Es un pacto para quienes integramos el sistema”, concluyó.

Otro especialista, Pablo Rosselli, economista, doctor en Economía y socio de Exante, se manifestó en línea con Oddone y aseguró que estas medidas anunciadas “no ayudan” dado que Uruguay viene de años de alta inflación y que esta generada por factores externos debería ser “más o menos transitoria” si “no se desajustan más las expectativas”.

“Qué se puede hacer para bajar la inflación? A muy corto plazo la inflación no va a ceder, pero el BCU (Banco Central del Uruguay) viene (correctamente, a mi juicio) subiendo las tasas de interés (como casi todos los bancos centrales del mundo). Como subir las tasas de interés genera una apreciación del peso (una baja del dólar), es muy importante la CONSISTENCIA entre las políticas macroeconómicas”, indicó.

Rosselli aseguró que si se suben las tasas de interés para bajar la inflación deberían descartar medidas fiscales expansivas, como el aumento del gasto público o rebajas de impuestos, porque la “expansión fiscal exacerba las presiones de inflación y la tendencia a la baja del tipo de cambio”.

“Análogamente, promover aumentos más rápidos de los salarios obligaría al BCU a subir más sus tasas de interés porque la suba de salarios acentúa las presiones de inflación (vía demanda y costos de las empresas) y más tasas de interés conducirían a un menor tipo de cambio real. Pero el gobierno le sugiere al sector privado que adelante correctivos de inflación, en contraposición con las pautas que dio en su momento y que sugerían correctivos al final de cada convenio para evitar que subas transitorias (como esta) de la inflación se vuelvan permanentes”, expresó.

“En suma, ante la suba de la inflación, el gobierno apela a aumentar el gasto (pasividades y salarios públicos) y a sugerirle al sector privado que adelante ajustes de salarios. No hay duda de que la recuperación de salarios es un objetivo deseable… pero NO podremos simultáneamente bajar la inflación, recuperar salarios y pasividades más rápido y cuidar la competitividad”, agregó.

“En suma, las medidas de hoy no parecen consistentes con el objetivo de bajar la inflación y cuidar la competitividad. Por último, la expansión del gasto público anunciada no está dirigida, una vez más, hacia los hogares más pobres (donde en general no habitan pasivos ni funcionarios públicos)”, concluyó.