Juan Fagúndez, abogado del secretario general de la Federación de Funcionarios de OSE (Ffose), Federico Kreimerman, anunció que apelará la determinación de la Justicia, que imputó al sindicalista por un delito de atentado especialmente agravado.

En rueda de prensa, Fagúndez sostuvo que “los propios testigos de la Fiscalía dicen que ninguno se sintió afectado como para consultar a un médico por el humo”. “Estamos hablando del famoso humo, y todas las circunstancias de que este delito requiere que haya violencia o amenazas sobre los funcionarios. Ningún funcionario ni el directorio sufrió violencia o amenaza”, agregó el penalista.

Además, consideró que “usar la herramienta penal para una actividad sindical que no está discutida ni protocolizada es la penalización de la protesta sindical”.

Por su parte, la fiscal que actuó en esta audiencia tras la salida de Gabriela Fossati fue Fabiana Corbo, quien explicó que la manifestación y el derecho a huelga están consagrados en el derecho uruguayo.

Sin embargo, agregó: “El derecho de huelga está consagrado en la Constitución, pero la huelga debe ser pacífica, cuando deja de ser pacífica y se torna violenta, puede configurar delito, como entiende que ocurrió en este caso la Fiscalía”.

Además, Corbo solicitó imágenes de cámaras de seguridad de OSE para continuar con la investigación y saber si hay más dirigentes involucrados. De acuerdo a lo que dijo Kreimerman en Desayunos informales, se encendieron más de 20 bombas de humo.