“Lo vamos a solucionar”, dijo Argimón por reclamo de Jutep a Sartori, quien evita declarar

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) inició una investigación sobre el senador nacionalista Juan Sartori por no presentar la Declaración Jurada de Bienes e Ingresos de su esposa, Ekaterina Rybolovlev, hija del magnate ruso Dmitry Ryboloyev, propietario del AS Mónaco, club que compite en la liga francesa de fútbol y del que su yerno es vicepresidente desde diciembre.

En una respuesta a un pedido de informes presentado por los senadores Eduardo Brenta, Amanda Della Ventura y Daniel Olesker (Frente Amplio -FA-), la Jutep informó en junio que la situación del legislador encuadra en la tipificación de “falta grave”.

La presidenta de Jutep, María Susana Signorino, concurrió este miércoles ante la Comisión de Hacienda, que se encuentra analizando la Rendición de Cuentas enviada por el Poder Ejecutivo, y tras su comparecencia respondió a la prensa que Sartori “está incumpliendo la ley” y será citado por el organismo.

Consultada al respecto, la vicepresidenta Beatriz Argimón dijo que “las atribuciones de la Jutep corresponden a este organismo”. “Nosotros lo que tenemos es que acompañar con lo solicitado con un organismo que solicita como corresponde la información”, dijo Argimón.

“Nosotros vamos a tener una comunicación con Sartori: evidentemente es una situación diferente porque su señora no tiene residencia aquí y el matrimonio hecho fuera del país además tiene determinadas características, pero obviamente vamos a conversar y lo vamos a solucionar sin lugar a dudas”, respondió la vicepresidenta.

“Por sobre todo está el saber que tenemos que cumplir con las obligaciones que la ley a los legisladores dentro de lo que es la situación nos corresponde, así que vamos a conversar con él”, agregó la presidenta del Senado.

A su regreso de Rusia y Ucrania, adonde fue en misión oficial, Argimón también fue consultada por la prensa respecto al debate que propuso el Frente Amplio sobre las conductas políticas de la senadora Graciela Bianchi. “Hay parlamentarios de distintas características y todos les llegan a distintos sectores de la población”, dijo la vicepresidenta.

Fuera de ambiente

Sartori y su esposa se casaron en 2015 en Skorpios, una pequeña isla privada griega localizada en aguas del mar Jónico.

Uno de los argumentos presentado por el senador ante la Jutep refiere a este asunto y es que “no está en unión legal en nuestro Derecho, no ha contraído matrimonio acorde a la legislación civil de nuestro ordenamiento, ni posee un reconocimiento de concubinato inscripto en los términos de la Ley 18.246”. Así lo consigna la Jutep en la respuesta al pedido de informes que responden sus tres integrantes: Susana Signorino (“presidente”), Guillermo Ortiz (vicepresidente), y Ana María Ferraris (vocal).

La Junta consultó a la Dirección General del Registro de Estado Civil (Dgrec) “para evacuar dudas sobre la validez del matrimonio celebrado en el extranjero”, y esa dirección respondió que “el matrimonio Sartori – Rybolovleva no se encuentra inscripto en el libro de matrimonio que lleva el Registro de Extranjeros”.

Además, la Dgrec responde que, “con respecto a la validez o efectos que tiene el documento extranjero en nuestro país, se informa que el matrimonio celebrado en el extranjero tiene plena validez jurídica en el Uruguay”. En ese sentido, agrega que “no es necesaria la inscripción en el Registro de Extranjeros que lleva la Dgrec, para que el matrimonio sea válido en nuestro país”.

“La inscripción de documentos extranjeros es declarativa y no constitutiva del hecho o acto que se inscribe, en este caso el matrimonio. Así mismo dicho matrimonio se rige por las leyes del lugar donde se celebró”, agrega el documento.

Finalmente, en la respuesta a los senadores del FA, la Jutep concluye que “el servidor público tiene el deber de conocer y cumplir el principio de legalidad, de adherirse al mismo sin excepciones, también al principio de Transparencia y Publicidad” y recuerda que “los funcionarios públicos están obligados por un marco legal y reglamentario del que no se pueden relegar”.

"Yo no puedo"

Tras la difusión de este informe, Sartori defendió su postura. "Yo no puedo obligar a mi mujer a hacer algo, y peor aún, sancionarme a mí por una persona jurídica diferente, que no vive en el país, de la cual estoy separado de bienes y tiene todo el derecho de querer preservar su privacidad", expresó Sartori inicialmente, y agregó que el hecho de que su mujer presente o no la declaración "escapa a su voluntad".

Unas horas después dio un paso más y publicó: “Es inconstitucional querer obligarme a exigirle a mi esposa que presente nada”.