El presidente Yamandú Orsi fue consultado sobre la propuesta que realizará el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a Presidencia de la República para modificar un decreto del gobierno de Luis Lacalle Pou del año 2020, que obliga a la cartera a pedir al Ministerio del Interior el desalojo inmediato de un local laboral si los ocupantes no acatan la intimación.

“Es un tema que nosotros, desde nuestra fuerza política, siempre vimos que había sido demasiado. Hay que analizarlo, pero sin dramatizar mucho”, dijo Orsi en primera instancia.

“La sociedad precisa señales. Cuando una fuerza política llega al gobierno, tiene que dar y cumplir con los compromisos asumidos, pero sin dramatismo. [Vamos a] analizar todo eso, en el marco de un país que necesita inversión, que necesita trabajo y que necesita que todo el mundo o que los trabajadores recuperen el poder del salario. Todos los caminos que conduzcan a eso tenemos que allanarlos, por supuesto, sin desestimular la inversión”, agregó.

Según informó el semanario Búsqueda este jueves, el argumento trasladado por el ministro de Trabajo Juan Castillo y el subsecretario Hugo Barreto ante diputados frenteamplistas es que la ocupación es “una modalidad” del derecho de huelga. Por tanto, entienden que esa cartera no debe ser la promotora de un desalojo en caso de que se esté cumpliendo con la normativa vigente.

Desde la cartera informaron a los legisladores que el proyecto de decreto contempla la ocupación como modalidad de huelga, así como el hecho de permitir trabajar a los que no se sumen a la medida.

El artículo 2 del decreto 281/2020 dice: “El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social podrá convocar a una instancia de conciliación en plazo perentorio, sin perjuicio de intimar en cualquier momento, antes, durante o después de esa instancia, a la desocupación en forma inmediata, bajo apercibimiento del uso de la fuerza pública. De persistir la ocupación, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social solicitará al Ministerio del Interior el desalojo inmediato de los ocupantes”.

Desde la oposición, distintos dirigentes salieron a cuestionar al gobierno. Uno de ellos fue el diputado Pedro Jisdonian, uno de los legisladores nacionalistas que está enfocado en los asuntos de relaciones laborales.

Jisdonian señaló en un comunicado que el artículo 392 de la Ley de urgente consideración (LUC) “no restringe el derecho de huelga, sino que asegura que su ejercicio sea pacífico y respetuoso de otros derechos fundamentales”. “La huelga no está criminalizada”, sostuvo.