El hombre que hace dos años intentó asesinar a balazos a la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner afirmó este miércoles durante su juicio que lo hizo como “un acto de justicia”.

“La doctora Kirchner es corrupta, roba y hace daño a la sociedad”, se justificó ante el tribunal Fernando Sabag Montiel, de 37 años, quien el 1º de setiembre de 2022 gatilló a centímetros de la cabeza de la entonces vicepresidenta sin que salieran las balas, pero desatando un terremoto político.

El juicio se centra en el atacante, su exnovia y el empleador de ambos como vendedores callejeros, sin ocuparse de supuestos ideólogos o un posible apoyo financiero, pistas que la expresidenta Fernández de Kirchner reclamó investigar y que forman parte de una causa paralela.

“La idea era matar a Cristina”, dijo Sabag, al arrogarse la responsabilidad del atentado en la primera audiencia del juicio en la que se leyeron los cargos contra los acusados por homicidio agravado en grado de tentativa, un delito que prevé penas de hasta 25 años.

El Tribunal Oral Federal 6º leyó la acusación de la querella y de la Fiscalía, en las que se citaron mensajes de texto intercambiados por los acusados.

En ellos se dio cuenta de que los acusados se proveyeron de un arma ilegal, la utilizada en el ataque, intentaron alquilar una vivienda cercana a la casa de la expresidenta y buscaron la ocasión para ejecutarla.

“Eran plenamente conscientes de lo que hacían y de sus posibles consecuencias”, sostuvo la querella.

A lo largo de las audiencias, que se realizarán con una frecuencia semanal serán escuchados unos 300 testigos, entre ellos la propia Fernández de Kirchner, en un proceso que se estima puede prolongarse durante un año.

Los acusados

El agresor resultó ser un vendedor de dulces que aquella noche atacó a Fernández de Kirchner frente a su casa en Buenos Aires, mezclado entre cientos de simpatizantes que acudieron a apoyarla cuando era juzgada por supuesto fraude durante su presidencia (2007-2015).

Sabag Montiel apretó el gatillo dos veces sin que las balas salieran y fue arrestado allí mismo.

En el juicio se mostró tranquilo y predispuesto a explayarse en sus respuestas, en las que se definió como “apolítico” y “cristiano”. “Pese a haber querido matar a una persona, sin ser hipócrita, soy cristiano”, dijo al tribunal.

Consultado sobre las motivaciones que lo llevaron a planificar y ejecutar el ataque, respondió que “los fines tienen más un tinte personal que un fin que pueda beneficiar a un sector político”.

Su novia de entonces, Brenda Uliarte, que lo acompañó hasta las inmediaciones del lugar del hecho, fue arrestada días después, al igual que Nicolás Carrizo, empleador de ambos como vendedores de dulces y señalado como “planificador”.

Sabag Montiel, portador de tatuajes con simbología filonazi, evidenció una personalidad “narcisista” y un discurso “extravagante”, según pericias.

Uliarte está acusada como “coautora” y señalada como instigadora, mientras que Carrizo está acusado de complicidad.

“Voy a ir con el fierro a la casa de Cristina y le voy a pegar un corchazo”, escribió Sabag Montiel en un mensaje a Uliarte semanas antes del ataque, a lo que ella le respondió: “La onda es que metas el corchazo y te escapes”.

Luego del fallido ataque, Carrizo se ufanó de que su “empleado” hubiera concretado el ataque. “Lo aplaudo, estuvo a un segundo de ser héroe nacional”.

Otras personas que habían sido arrestadas como sospechosas fueron liberadas conforme avanzó la investigación sobre la llamada “banda de los copitos”, el grupo de vendedores callejeros de algodón dulce al que pertenecían los imputados.

Cimbronazo político

Tras el atentado, Fernández de Kirchner recibió mensajes de solidaridad de todo el mundo.

También hubo un manto de sospecha acerca de la veracidad del ataque, luego despejado por las pericias.

En medio de las condenas públicas, adversarios políticos, como la actual ministra de seguridad, Patricia Bullrich, excandidata a la presidencia por la fuerza de derecha Juntos por el Cambio, optaron por el silencio.

Su exjefe de campaña y diputado Gerardo Milman es una de las personas que Fernández de Kirchner pide investigar, luego de que fuese escuchado hablando del ataque antes de que ocurriera. Un peritaje de su teléfono sigue pendiente.

Esa y otras pistas sobre el supuesto financiamiento que llevan hasta una empresa de la familia del actual ministro de Economía, Luis Caputo, fueron desestimadas por el tribunal.

El atentado “fue un antes y un después, no porque hubiera cambiado la política, sino porque evidenció a las claras que la polarización permite, en cierto sector, que no haya ningún tipo de condena cuando el atacado es el otro”, dijo a AFP Iván Schuliaquer, politólogo de la Universidad Nacional de San Martín.

AFP