Una pareja fue condenada esta semana en Treinta y Tres por la muerte de una niña de 11 años, quien era sobrina de ambos. Tanto la mujer (39) como el hombre (41) declararon en enero de este año, cuando la menor falleció, que el deceso habría sido por muerte súbita. Sin embargo, la investigación de la fiscal Alicia Abreu logró arrojar luz sobre el hecho y determinar responsabilidades. 

Lo cierto, según informó El País y confirmó Montevideo Portal con la sentencia judicial, es que la menor vivió un calvario hasta el día de su muerte, sobre todo por los maltratos que recibía de manos de sus responsables. 

La niña fue víctima de violencia doméstica por parte de su madre, quien le pegaba y le llegó a causar “severas heridas en varias ocasiones”, por lo que la Justicia dispuso que no podía estar más a su cargo y le quitó la patria potestad. De esta manera, los tíos asumieron el cuidado de la menor y la llevaron a vivir con ellos a su casa. 

Los ahora condenados tenían cinco menores a su cargo, entre los que estaba la fallecida y su hermana. Abreu logró reconstruir, en base a testigos, que todos eran sometidos a explotación laboral. Una vecina declaró ante la Fiscalía que la pareja tenía una especie de “obsesión” con la niña de 11 años. 

“Era la esclava de la familia”, declaró la mujer. Además, varios vecinos veían a la menor trabajar en una quinta y repartir rifas y productos que elaboraba la pareja hasta altas horas de la madrugada. “No había horario; siempre los veías de un lado para otro, cansados y con la mirada perdida”, resumió otro testigo. 

Sin embargo, el relato se encrudeció cuando la fiscal Abreu logró confirmar lo que algunos le decían: la manera terrorífica como la castigaban. Según pudo comprobar la Justicia, los adultos la golpeaban con una caña y hasta le ponían maíz en las rodillas. La niña murió por falta de atención médica, precisamente por deshidratación y ahogo. 

La mujer fue condenada como autora penalmente responsable de un delito de homicidio culposo, otro acto ilícito continuado de omisión a los deberes inherentes a la patria potestad y un delito continuado de violencia doméstica. Todos en régimen de reiteración real. Por eso, la pena impuesta fue de tres años de penitenciaría, de los cuales dos se cumplirán en la cárcel y uno en régimen de arresto domiciliario total. 

El hombre, por su parte, fue a prisión por un delito continuado de violencia doméstica agravada a una pena de un año de prisión. El primer mes será tras las rejas y el resto en libertad vigilada.