“Irregular” y “desvío” de millones de pesos: razones de Fiscalía para desafuero de Carrera

Silvia Porteiro, fiscal de Delitos Económicos, solicitó el desafuero del senador frenteamplista Charles Carrera por la causa que investiga el uso irregular del Hospital Policial cuando integraba la cúpula del Ministerio del Interior.

De acuerdo al documento judicial, al que accedió Montevideo Portal, la Fiscalía entiende que la internación de Víctor Hernández, el hombre baleado en La Paloma en 2012 que luego fue trasladado al Hospital Policial, fue “arbitraria e inmotivada” con “total claridad”, pues “no era funcionario policial, ni familiar de policía, ni ingresa en las categorías lógicas de autorizaciones especiales”.

“De hecho, si la intención era brindar una autorización especial, se saltearon y omitieron todos los requisitos mínimos que justificarían su ingreso, el que se realizó sin una resolución fundada, sin un plan médico de intervención y sin descartar fundadamente los otros mecanismos de asistencia que podría brindar el Estado”, explica.

En ese sentido, el documento asegura que no existe “una explicación plausible que fundamente años de internación sin que surgieran elementos agudos de gravedad que la requirieran”.

“A esta situación irregular se suma la de Daniel Hernández, hermano del lesionado quien estuvo en la misma fecha usufructuando la hotelería del Hospital Policial, utilizando una cama en forma permanente”, agrega.

Con respecto a los tickets de alimentación, el texto afirma que su entrega “es un claro desvío de los dineros públicos” por parte de Carrera.

“El Ministerio del Interior establece que el monto de las prestaciones otorgadas a Víctor Hernández por el Hospital Policial ascenderían (según suma actualizada al año 2022) a $ 9.474.385 (U$S 231.082) más la partida de $ 20.000 mensuales (equivalente a U$S 1.000 mensuales en julio de 2013), que harían un total de USS 260.350”, indica Fiscalía acerca de los costos totales.

El documento también define que el “elemento natural del delito” en este caso “consiste en cometer u ordenar, con abuso del cargo, cualquier acto arbitrario, en perjuicio de la Administración o particulares”.

“Las razones ‘humanitarias’ que puedan alegarse, por más loables que sean, no son justificativo para eludir el marco regulatorio y de restricciones en sus decisiones con las que cuentan los gobernantes. Se trata además en este caso, de un funcionario de jerarquía, cuyas funciones están acotadas a un estricto marco legal”, dice.

En conclusión, el escrito legal establece: “Aún desde la perspectiva de la justicia civil, la situación en la que se encontraba Hernández […] se califica como una situación anómala, indebida e irregular”.

“En ese sentido, Carrera, en su condición de Director General de Secretaría del Ministerio del. Interior, se extralimitó ostensiblemente en sus deberes, ya que, prevaleciéndose de su cargo, a través de actos arbitrarios que llevó a cabo durante años (desde 2012 a 2016), perjudicó a la Administración, con el fin de favorecimiento económico a particulares”, sentencia.