“Igualdad ante la ley”: la razón de Lacalle Pou para vetar ley de Casa de Galicia

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, envió este viernes al Parlamento el veto a algunos de los artículos de la ley que plantea cubrir la totalidad los créditos laborales de los exempleados de Casa de Galicia, aprobada este martes en el Senado.

En la tarde, en una rueda de prensa que hizo en Dolores, Soriano, el presidente se limitó a decir al respecto: “A nosotros nos tiraron el fardo; esto es por una mala administración de gobierno”, en referencia al período pasado.

En la resolución del veto, a la que accedió Montevideo Portal, se observaron los primeros tres artículos de la iniciativa parlamentaria “por razones de constitucionalidad y conveniencia”. A su vez, el veto presidencial plantea tres artículos sustitutivos a los observados.

En sus argumentos, el presidente plantea que la razones para vetar los primeros artículos responden a una violación de los artículos 8 y 86 de la Constitución de la República.

“Todas las personas son iguales ante la ley no reconociéndose otra distinción entre ellos sino la de los talentos o las virtudes”, establece el artículo 8 de la Carta Magna.

En esta línea, se plantea que dentro del marco de la Ley 19.690 (Fondo de Garantía de Créditos Laborales en el ámbito del Banco de Previsión Social), la iniciativa parlamentaria establece “un sistema de garantías de créditos laborales específicos para los trabajadores de la ex Casa de Galicia y en condiciones más ventajosas con respecto al resto de los trabajadores privados”.

“Se fijan plazos breves y perentorios para el pago de los créditos garantizados, se da cobertura a créditos que el resto de los trabajadores no tienen protegidos (los postconcursales), no se prevén exclusiones para el caso de trabajadores de determinada jerarquía o con vínculos con las autoridades empresariales, sin que exista una causa razonable que justifique tal trato discriminatorio en menoscabo de los demás trabajadores de la actividad privada que se ven afectados por la insolvencia empresarial”, se señala en el documento.

Y agrega: “Resulta más cuestionable que se utilicen fondos recaudados por concepto de contribución especial de seguridad social de 0,025%, que grava los ingresos de la generalidad de los trabajadores, para destinarlo a satisfacer los créditos de un grupo específico, en el caso de los trabajadores de la ex Casa de Galicia en desmedro del resto, sin que exista una relación razonable de proporcionalidad entre el medio utilizado y el fin perseguido (garantizar y abonar en forma breve y perentoria —180 días— los créditos de los extrabajadores de Casa de Galicia)”.

Con respecto al artículo 86 de la Constitución, el veto sostiene que este tipo de leyes que implican un gasto para el Tesoro Nacional deben ser por “iniciativa privativa del Poder Ejecutivo”.

“Es imprescindible señalar que el Poder Ejecutivo tiene a su cargo por mandato constitucional la conducción de la economía y las finanzas del Estado uruguayo. La Constitución reserva para el Ejecutivo la iniciativa privativa en diferentes materias, a la vez que ha impuesto al Poder Legislativo determinadas limitaciones o condiciones”, fundamentó el presidente.

Texto sustitutivo

El veto enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento plantea a su vez una redacción sustitutiva para los tres artículos observados por Lacalle Pou.

En este sentido, se modifica el monto planteado para el Fondo Especial de Insolvencia de Casa de Galicia, limitándolo a 54.700.000 Unidades Indexadas (UI) —US$ 8 millones—, mientras que se garantizan los créditos laborales a percibir por cada trabajador en 30.000 UI ($ 175.000). 

Los montos propuestos por el presidente en los artículos sustitutivos van en línea con el proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento.

En cambio, el aprobado en el Parlamento establece que “los créditos laborales referidos en la presente ley se garantizarán hasta por un máximo equivalente a 105.000 Unidades Indexadas ($ 612.000) por trabajador”.

Según estimaciones, la erogación de Rentas Generales para dar cumplimiento a esta ley sería de unos US$ 40 millones, mientras que la iniciativa del Ejecutivo lo limita a US$ 8 millones. Una vez entrado al Parlamento el veto presidencial, ahora la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, tiene 15 días para citar a la Asamblea General para tratar lo enviado por el Ejecutivo. 

Veto by Montevideo Portal on Scribd