La abogada Beatriz Berriel, que defiende a las familias de las diez víctimas que murieron el pasado 7 de julio en un residencial en Treinta y Tres, se mostró disconforme con la jueza del caso, Nicole Sturla. “Fue un hecho gravísimo, que entendemos que no puede quedar impune”, dijo la defensora en diálogo con Telenoche (Canal 4).
En esta línea, la abogada cuestionó el hecho de que la dueña y la funcionaria del residencial de ancianos —donde las víctimas murieron tras un incendio fatal— esperen el juicio con arresto domiciliario, a pesar de que la Fiscalía General de la Nación solicitara prisión preventiva por 180 días.
“Para nosotros, en atención a la gravedad del delito, correspondía la prisión preventiva”, afirmó Berriel.
Tal como informáramos, la Fiscalía General de la Nación formalizó el pasado viernes la investigación con respecto a la propietaria y a una funcionaria del residencial de ancianos de la ciudad de Treinta y Tres.
Las mujeres fueron imputadas por el delito de homicidio culpable complejo con resultado de diez muertes, informó la Fiscalía.
En la audiencia, la fiscal del caso solicitó 180 días de prisión preventiva para las imputadas. Uno de los motivos fue la prevención del riesgo procesal de fuga, por la proximidad de la ciudad y la frontera con Brasil.
Sin embargo, la jueza del caso dispuso el arresto domiciliario total para las dos mujeres, que deberán usar una tobillera durante 180 días. Además, no podrán comunicarse entre sí; tampoco con los familiares de las víctimas. Se dispuso, también, el cierre de fronteras para ambas.
El incendio fatal ocurrió sobre las 6:00 del pasado 7 de julio en el barrio Centro de la ciudad. En el lugar trabajaron Bomberos junto a personal médico.
Se estima que las víctimas fallecieron producto de las llamas, así como también del humo que impulsó la intoxicación. Además de personas mayores de edad que vivían en el residencial, también había trabajadores.