La Fiscalía General de la Nación se expresó después de que la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay (AMFU) se declarara en conflicto tras una resolución de la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero.
“La Fiscalía General de la Nación fue sorprendida con medidas gremiales que no fueron debidamente preanunciadas y ante las que fue imposible generar prevenciones que eviten daños en la seguridad de las personas o fallas en el sistema de justicia”, expresó el Ministerio Público en un comunicado.
En esa línea, el organismo enumeró “la gravedad de algunas de ellas, como no autorizar allanamientos o negarse a solicitar órdenes de detención”, que “imponen poner en conocimiento de la población que se realizaron las comunicaciones necesarias al Ministerio del Interior, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por el conflicto declarado y al Ministerio de Educación y Cultura como organismo a quien corresponde la tutela administrativa de este servicio descentralizado”.
“Desde la institución siempre se tuvo actitud de diálogo, y se realizaron varias concesiones que no fueron valoradas positivamente por la asamblea de la AMFU.”, agrega la misiva.
El Ministerio Público “lamentó” el cruce entre los fiscales y sostuvo que “mantiene su actitud abierta al diálogo, que a partir de ahora será tripartito, oportunidad en la que se podrá demostrar las legítimas y oportunas resoluciones del servicio, para mejora de este”.
En un comunicado, la AMFU se declaró en conflicto “debido a resoluciones de la Fiscalía del 21 de marzo, que limitan el derecho al goce de licencia anual estatuaria”.
“Lamentamos que, en un contexto de ataque hacia la institución y los fiscales, la jerarquía no salió públicamente a contrarrestar acusaciones y defender la tarea del organismo, pero sí ha decidido limitar derechos”, dice la misiva de los fiscales.
Según la asociación, desde marzo han solicitado que “se contemplen derechos que han sido postergados”.
De ese modo, la AMFU se declaró en conflicto tras “entender agotada la vía de diálogo en bipartita y solicitar una reunión tripartita con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Otro de los motivos del gremio de fiscales tiene que ver con “la negativa, ya de mucho tiempo atrás, de contemplar licencia para cuidados de familiares enfermos y regular adecuadamente el medio horario para lactancia”.