El abogado y director de la clínica de litigio estratégico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, Juan Ceretta, presentó el pasado mes de enero una demanda internacional contra el Estado uruguayo, pidiendo el derecho legítimo de 56 familias que viven en el asentamiento "Nuevo Comienzo", ubicado en Santa Catalina, en el departamento de Montevideo.

56 familias firmaron para presentar esta demanda ante el Comité de Derechos Sociales, Económicos y Culturales de las Naciones Unidas (ONU) y ante el Comité de Derechos del Niño de la misma organización.

Este jueves la ONU respondió la demanda del abogado y, "en un fallo sin precedentes", el comité de la ONU solicitó a Uruguay, en carácter de medida provisional, la "suspensión" del desalojo de este asentamiento o, alternativamente, proporcionar una vivienda digna mientras se tramita el caso. "Gracias a todos los que apoyaron esta causa", escribió Ceretta en Twitter.

Con respecto a la comunicación, que fue publicada por Ceretta en Twitter, indica que el comité tomó nota de la solicitud y que se tomó nota también de la sentencia interlocutoria que ordenaba a los autores la retirada del predio y de las alegaciones substanciadas prima facie de ausencia de alternativa habitacional y riesgo de daño irreparable.

"El Comité ha solicitado al Estado parte, de conformidad con el artículo 5 del Protocolo Facultativo, tomar medidas para evitar posibles daños irreparables a los autores, suspendiendo la ejecución de la orden de desalojar el predio mientras la comunicación está siendo considerada por el Comité o, alternativamente, ofreciéndoles un lugar alternativo, en el marco de una consulta genuina y efectiva, tomando en cuenta la pobreza extrema de los autores y de sus familias", indica el texto.

El comunicado expresa que, de conformidad con el artículo 10 del Reglamento Provisional y en virtud del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Comité, se envió una copia de la comunicación transmitida para el Estado parte y se le solicitó información de observaciones relacionadas.

"Cualesquiera informaciones y observaciones que se reciban del Estado, parte le serán transmitidas lo antes posible para que usted pueda hacer comentarios al respecto. Sírvase tomar nota de que, con motivo de la crisis asociada a la propagación del COVID-19, se ha otorgado al Estado parte un plazo adicional de dos meses para la presentación de sus observaciones. Sírvase notar también que el plazo adicional no se aplica a las medidas cautelares cuya implementación es inmediata", añade la misiva.

"Las decisiones finales adoptadas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se hacen públicas. Por consiguiente, si usted desea que la identidad de los autores no sea revelada en la decisión final, le solicitamos que lo indique lo antes posible. En razón del nivel de publicidad que las decisiones del Comité reciben (incluyendo vía internet, lo cual hace muy difícil introducir correcciones posteriores), puede no ser posible satisfacer solicitud de anonimidad presentada una vez que se haya publicado la decisión. El Comité no se hace responsable de cualquier inconveniente que encuentre por no haber notificado a tiempo su deseo de que la identidad de los autores no se haga pública", concluye el comunicado. 

Un problema de larga data

Desde principios del año pasado, varios vecinos vienen reclamándole al gobierno no ser desalojados. En abril del 2020 varias decenas de vecinos del barrio Santa Catalina se desplazaron hasta la Torre Ejecutiva para reclamar no ser desalojados de sus viviendas, ubicadas en predios municipales y privados. Los manifestantes portaron carteles y leyeron una proclama en la Plaza Independencia, y posteriormente entregaron una carta al secretario de Presidencia, Álvaro Delgado.

Luego, en noviembre de ese mismo año se llevó a cabo un operativo policial en la zona de Santa Catalina (Montevideo) terminó con ocho personas detenidas debido a la "apropiación ilegal" de estos terrenos. De los ocho detenidos siete fueron imputados en la noche de este jueves por el fiscal Diego Pérez. Diego Pérez dijo a Montevideo Portal que a seis se los formalizó por "usurpación de terrenos y robo de energía".

Dos días después de las imputaciones, la Intendencia de Montevideo dispuso dos terrenos para realojar a las 250 familias que quedarán sin hogar. La diputada Cecilia Cairo, exdirectora del Plan Juntos, anunció en su momento que se iba a instalar una mesa de diálogo para encausar el proceso.

Además, con el Ministerio de vivienda en la mesa, se resolvió, "contribuir con la IM para donar una canasta a las familias". El objetivo es que el fiscal pare los procesos "y se empiece con otra trayectoria de resolución de los problemas".