La Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE) realizó este miércoles una conferencia de prensa tras el anuncio de que el Gobierno aprobó el Proyecto Neptuno en Arazatí (San José), que proyecta tomar agua del Río de la Plata para su potabilización y bombeo a Montevideo con el fin de mejorar el abastecimiento de agua potable en el área metropolitana.
“Acá hay un negocio financiero. El presidente de la República [Luis Lacalle Pou] dijo que la OSE no va a pagar nada, pero es una verdad a medias. No va a pagar nada mediante la construcción, pero una vez terminada la planta y se habilite para la operación se le va a pagar [al inversor] un canon de millones de dólares”, expresó el presidente de FFOSE, Federico Kreimerman.
En este sentido, el sindicato afirmó que el inversor no solo va a recuperar su inversión, sino que también va a obtener una ganancia. “El dinero con el que OSE va a pagar esto sale de las tarifas”, agregó Kreimerman.
Además, sostuvo que les parece “raro” que digan que el proyecto no vulnera el artículo 47 de la Constitución de la República porque la empresa pública lo opera y el privado lo mantiene. “Queremos alertar que cada vez que exista un problema de agua potable va a ser un problema de operación o de mantenimiento”, planteó el sindicato.
La postura del Frente Amplio
El director de OSE por el Frente Amplio, Edgardo Ortuño, anunció que su fuerza política recurrirá ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para que declare la anulación del proyecto.
“OSE cumplirá el próximo mes 70 años de vida como empresa pública. Debido a lo resuelto por el Gobierno, por primera vez, la OSE potabilizará el agua para todas y todos en una planta privada que no será de su propiedad, por la cual tendrá que pagar 40 millones de dólares al año durante 18 años a un privado para poder hacer su trabajo y potabilizar el agua, con un costo al final de los 20 años del proyecto, de más de 740 millones de dólares”, dijo el jerarca en conferencia de prensa.
Ortuño dijo que aunque algo tan importante como el agua “debe ser objeto de grandes niveles de participación y acuerdos, y tener un fuerte sustento técnico”, el camino elegido por el Gobierno fue “un formato exprés”, dado que “a las apuradas” y “a los empujones” resolvió aprobar el proyecto “sin informes técnicos de las gerencias especializadas de la OSE”, que “no conocían el estudio de factibilidad técnico aprobado y que no han sido consultados”.