Por Cecilia Presa
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El consejero en representación de los docentes del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Julián Mazzoni, habló con Montevideo Portal sobre sus expectativas respecto al gobierno entrante, liderado por Yamandú Orsi, en materia educativa.
“Conozco a las nuevas autoridades designadas y pensamos que el enfoque que van a adoptar es mucho más adecuado a las necesidades que tiene el Uruguay en materia de educación”, dijo Mazzoni en diálogo con Montevideo Portal.
En particular, afirmó que ve “con buenos ojos” varios anuncios que ha hecho el futuro ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, quien, entre otras cosas, este miércoles afirmó que dejará sin efecto las pruebas Docente Acreditado, que dan un reconocimiento universitario, como licenciados en Pedagogía, a maestras y profesores que la aprueben. El programa se implementa desde diciembre de 2023.
Mazzoni fue muy crítico con esta medida y, de hecho, por ese entonces presentó ante la Suprema Corte de Justicia un recurso de inconstitucionalidad del artículo 198 de la Ley de Urgente Consideración (LUC) que habilitó que el MEC pudiera implementar estas pruebas.
“Ese artículo de la LUC contiene un elemento de inconstitucionalidad porque hace que el Ministerio de Educación y Cultura defina cuestiones que corresponden al ente autónomo y, por lo tanto, hay un ataque a la autonomía que está consagrada en el artículo 202 de la Constitución y los siguientes hasta el 205”, argumentó el consejero.
“Por lo tanto, yo me congratulo por el anuncio de Mahía. Veremos cómo evoluciona el tema en los próximos años”, sumó Mazzoni, quien, al igual que el resto de los integrantes del Codicen, seguirá en su cargo hasta febrero de 2027.
Si bien en octubre de 2024 la SCJ desestimó el pedido de Mazzoni por entender que este no tiene “legitimación activa” para reclamar la inconstitucionalidad de una ley que no lo afecta a él personalmente, el integrante del Codicen se mostró esperanzado de que la nueva gestión dejará sin efecto el mencionado artículo de la LUC.
En esta línea, está de acuerdo con la propuesta presente en el programa de gobierno del Frente Amplio sobre instaurar una Universidad de la Educación como un nuevo ente autónomo.
“Ese es un camino que la mayoría de los docentes que trabajan en formación docente o que trabajan en el ente ven con buenos ojos. Obviamente que eso requiere negociación política y demás, pero creo que ese es el mejor camino”, valoró.
Además, consideró positivo el anuncio de que el gobierno de Orsi volvería a instaurar la representación docente en los consejos desconcentrados de la ANEP (Inicial y Primaria, Secundaria y UTU) que fueron eliminados con la LUC.
“Como representantes de los docentes, tanto a la consejera [Daysi] Iglesias como a mí, nos parece que la presencia de los docentes en los desconcentrado es fundamental. A las pruebas me remito: estamos terminando una gestión de los directores generales con dificultades importantes”, consideró.
A continuación, amplió que dichas “dificultades” fueron en materia de “gestión”, de “relacionamiento entre las direcciones generales y los docentes en su conjunto” y de “disposición de medidas que han sido rechazadas por el conjunto de los docentes”.
“Está claramente demostrado que no es el camino y espero que encontremos los mecanismos para profundizar el proceso de participación de los docentes en los consejos, pero el primer paso es volver a la situación anterior a la LUC”, expresó.
En consonancia con esto, suscribió a los planteos de Mahía y del próximo presidente del Codicen, Pablo Caggiani, sobre “la necesidad de revalorizar y potenciar el papel de las asambleas técnico-docentes” y dijo que estas “son, por ley, el verdadero asesor que tienen el Consejo Directivo Central y los desconcentrados respecto a las cuestiones relativas a los planes y los programas educativos”. “Estas cosas fueron totalmente desconocidas por la mayoría de la actual administración”, cuestionó.
Además, dijo que no le parece “de recibo” el planteo de que, “si la representación docente es muy grande, manejarían todos los sindicatos”.
Por último, destacó la meta del gobierno entrante de destinar el 6% del Producto Bruto Interno (PBI) para la educación pública.
“Todas esas cosas son importantes y, si se concretan, pueden abrir mejores posibilidades de una educación que tiene problemas de gran complejidad”, manifestó Mazzoni y agregó: “Creo que, con todo eso que está anunciado, se va a cambiar y se va a abrir un nuevo período que puede generar mejores condiciones para la educación”.
Por Cecilia Presa
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