La Comisión Interinstitucional Asesora para el Control de Tabaco y el Programa Nacional de Control del Tabaco, que asesoran al gobierno en la materia, elaboraron un informe técnico en el que cuestionan los argumentos con los cuales se cambió la normativa antitabaco semanas atrás.

Los organismos resolvieron elaborar este documento, que fue consignado por la periodista del programa Así nos va de Radio Carve Patricia Madrid, luego de reunirse de urgencia el pasado jueves por la disposición del conocido decreto. El trabajo, al que accedió Montevideo Portal, menciona que “no hay evidencia científica” que constate que la identificación de cada cigarrillo evita la circulación de cigarros falsificados.

“Las disposiciones del Protocolo establecen trazabilidad en la caja/envase, no en el producto en sí”, menciona el texto de los expertos, que responde al artículo que hace referencia a las cajas blandas como un elemento para competir “más efectivamente con aquellas mayoritariamente del mismo tipo que ingresan de contrabando”.

“Esta afirmación carece de evidencia libre de conflicto de intereses. De acuerdo a las declaraciones de ventas al Programa Nacional de Control de Tabaco, de las tres compañías elaboradoras e importadoras de tabaco de mayor venta en el mercado interno, el 37,5 %, 23 % y 0 % de las unidades vendidas previo a la entrada en vigor del Decreto 120/019 era en caja blanda. Además, luego de la vigencia de la norma no se comprobó un descenso de las ventas, por el contrario, hubo un aumento de estas en presentaciones que pasaron de envase blando a envase duro (comparación trimestre julio-setiembre 2019 con julio setiembre de 2020)”, señala el informe.

“La selección de una única forma de presentación se encuentra basada en evidencia científica sobre la percepción de riesgo, la experiencia en otros países y en recomendaciones de la OMS, y ha sido reafirmada como una medida de salud pública por el laudo del Tribunal Internacional”, añade.

Montevideo Portal dialogó con la presidenta del Centro de Investigación para la Epidemia del Tabaquismo (CIET), Laura Roballo, organización que integra la comisión que elaboró este informe.

La especialista contestó a las declaraciones del presidente Luis Lacalle Pou este martes sobre el pedido de Montepaz para la elaboración de la nueva normativa.

Roballo sostuvo que las declaraciones de Lacalle “dejan entrever o que actuó con ingenuidad o con irresponsabilidad”.

“Cualquiera de las dos cosas, porque escuchar el discurso del pedido de la industria tabacalera y hacer lo que le piden es desde luego actuar con ingenuidad porque la industria tabacalera tiene entre sus cometidos defender su negocio”, comentó la médica cardióloga.

“Eso está incluido como un capítulo importantísimo de lo que es el Convenio Marco para el Control del Tabaco. La interferencia de la industria tabacalera es un capítulo entero del convenio y ha sido motivo de discusión permanente en las negociaciones antes de que se negociara el convenio, donde la industria estuvo todo el tiempo tratando de eliminar las disposiciones y acuerdos con los que llegó”, afirmó.

En este sentido, la presidenta del CIET afirmó que el presidente, “como hombre del derecho”, no puede “desconocer una ley que tiene como cometido proteger la salud”, y aseguró que los datos que manejan sobre el contrabando “se los da la industria [tabacalera]”.

“¿No los contrapone? ¿No se toma la molestia de investigar si eso es así?, ¿de preguntarle a los expertos que estamos siguiendo este tema y que conocemos el protocolo de comercio ilícito de principio a fin? Yo lo que le preguntaría es: ¿Usted conoce el protocolo de comercio ilícito? ¿Conoce las razones por las cuales no se está implementando? ¿Tiene interés en que se aplique el comercio lícito para combatir el contrabando o simplemente le está haciendo el favor a la industria tabacalera?”, cuestionó.

A continuación, opinó sobre los dichos de Lacalle en relación con “no meterse con el precio”: “Ya se metió con el precio”, dijo, y agregó que desde el momento en que se “habilita a Montepaz a que elabore una cajetilla para que tenga una manufacturación más barata”, es “obvio que se está metiendo con el precio”.

“Ellos mismos dijeron [que la medida es] para bajar el precio y competir con el producto de contrabando. Esa no es la manera de competir contra el precio del contrabando, es la medida que más afecta el mantenimiento del consumo. El precio es la política de control de tabaco aislada que tiene más efectividad para desalentar el consumo, entonces está todo mal lo que dijo el presidente”, explicó.

El documento realizado por la comisión asesora del gobierno expresa a su vez que las sustituciones de los artículos 7, 8 y 10 planteados en el decreto “no son medidas para combatir el comercio ilícito” y permite que los cigarrillos “sean más atractivos a través de técnicas de diseño empleadas por la industria tabacalera”.

“Se contraviene el Convenio Marco de la OMS para el Control de Tabaco ratificado por la Ley 17.793, el Protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco ratificado por la Ley 19.259, la Ley 18.256 y sus modificativas, Ley 19.244 y Ley 19.723. Por lo que se requiere la inmediata derogación del Decreto 282/022”, concluye.