Tras la polémica en el sistema político por el impuesto que la Intendencia de Montevideo (IM) busca aplicar a los inflamables, la intendenta Carolina Cosse salió nuevamente al cruce y defendió la medida. “Estoy presenciando una escalada de disparates que a esta altura no puedo comentar porque rebajo la capacidad intelectual de las personas. Es un disparate sobre otro, cuando los problemas que tiene el Uruguay son otros: corrupción, falta de transparencia, una sociedad que tiene problemas en su tejido social, en los barrios que andan a los tiros, la gente no se anima a salir de la casa”, afirmó, según consignó Telemundo.
“Ya no puedo estar comentando los disparates que salen para distraernos. Yo no me distraigo, la intendencia tampoco, y vamos a seguir trabajando por la gente”, apuntó.
Álvaro Delgado, secretario de Presidencia, criticó este viernes Cosse: “¿Qué pensarán los ciudadanos, más aún los del interior?”. A su juicio, “subir los combustibles y el supergás para beneficiar su gestión habla de un estilo de gobierno de otro tiempo” en Uruguay.
El vicepresidente de Ancap, Diego Durand, dijo al noticiero que desde el Gobierno analizan los servicios jurídicos. “Si esto realmente fuera realidad va a encarecer los combustibles y, a su vez, lamentablemente seguiremos el accionamiento jurídico por el basamento de una ley que tiene indicios de inconstitucionalidad en la cual se basa el impuesto”, explicó el jerarca.
La IM busca una alternativa legal para poder seguir percibiendo ingresos por la Tasa de Inflamables, que fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia (SCJ). “Era una tasa, se presentó un recurso de inconstitucionalidad, la SCJ dijo que tenía que ser un impuesto, y lo convertimos en un impuesto. No tiene impacto sobre el precio del combustible. Estamos hablando de que el impacto son diez centésimos de peso o 20”, argumentó la intendenta de Montevideo.
En esta línea, Cosse destacó que “los camiones de combustible son los más pesados que hay y no tienen circulación restringida, algo que está bien porque tienen que llegar a todas las estaciones”. “Los camiones más pesados tienen circulación libre por la ciudad, y este impuesto es una forma de que devuelvan a la ciudad para mitigar parte del daño por el esfuerzo que supone”, agregó.
Para Cosse, “cuando el Gobierno pensó que esta tasa no estaba más, bajó el combustible diez centésimos de peso”. “A los hechos me remito”, afirmó.
Otras críticas
El exsenador Pedro Bordaberry también se refirió al asunto: “Es absolutamente inconstitucional”, expresó. Para el exlegislador, la tasa de la IM “disfraza como impuesto a vehículos lo que es un impuesto a una actividad; para evadir el artículo 297 de la Constitución”. “Hay antecedentes”, argumentó en su cuenta de Twitter.
El abogado Leonardo Costa, jerarca durante el gobierno de Jorge Batlle, que trabajó con Ancap en el recurso a la SCJ expresó en su cuenta de Twitter: “Analizando el nuevo impuesto propuesto por la IMM para sustituir la tasa de combustibles, llego a la conclusión de que la norma propuesta resulta ser inconstitucional nuevamente pues no es un impuesto al transporte sino una norma indirecta sobre la venta de combustibles no acorde a la Constitución (Art 297) ¡Mi asesoramiento será ir nuevamente por la inconstitucionalidad de aprobarse!”.
El ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, también saltó al cruce .“Nuevo impuesto municipal al precio de los combustibles y el supergás. La decisión de la Intendencia de Montevideo de impulsar un nuevo impuesto para sustituir la tasa de inflamables declarada inconstitucional, cargará a la ciudadanía con un costo injustificable. Ahora la IM busca replantearla mediante un nuevo impuesto. Lo que desde enero y antes de ser derogado era un 0,4%, ahora subirá a 0,5%. ¿Revancha?”, cuestionó el jerarca desde su cuenta de Twitter.
En esta línea, el ministro señaló que la nueva propuesta incluye además al supergás, un energético “que el Gobierno subsidia en general, y con planes adicionales focalizados en las poblaciones más necesitadas”.
“Afán recaudador sin sensibilidad social. Increíblemente la IM da a entender que con la tasa se financia el programa Montevideo más verde, lo cual es imposible de verificar. Los ingresos entraban a Rentas Generales, el programa ‘Más verde’ es mucho más reciente que tasa derogada. No existe relación. Asimismo, como las plantas de La Teja y La Tablada están en Montevideo, y el nuevo impuesto se carga a todo el combustible que se mueve desde y hacia ellas, recauda para Montevideo sobre movimientos que —en una importante proporción— se destinan al interior del país”, apuntó Paganini.
Y añadió: “Es muy inconveniente la propuesta de la de reinstalar una carga impositiva que ya fue declarada inconstitucional, y que afectará directamente al bolsillo de las familias y del sector productivo de todo el país. El gobierno nacional ha evitado recaudar a través de los combustibles, incluso en largos períodos con precios por debajo de la Paridad de Importación. No fue así en períodos pasados. Ahora vemos que también la administración municipal busca recaudar a través de las tarifas. Apelamos a que la intendenta [Carolina] Cosse desista de esta decisión infortunada, en lo que parece una mera revancha por un juicio perdido, pero que implica una mala noticia para todos”.
Por otro lado, el edil nacionalista Javier Barrios Bove adelantó a Montevideo Portal que darán “un debate jurídico” sobre si la IM tiene la potestad para crear cualquier tipo de impuesto.
Barrios Bove señaló que la “IM no puede poner cualquier tipo de impuesto”, por lo que la bancada nacionalista realizará un análisis jurídico del asunto. “Hay toda una discusión sobre este tema. Va a haber una gran discusión jurídica. Fue lo mismo que le pasó con la Tasa de Saneamiento. La Intendencia puede poner tasas”, afirmó.
El edil se amparó en que este tipo de tributos no implican una contraprestación. “La Intendencia no puede poner cualquier tipo de impuesto. Si no Uruguay sería un caos tributario”, remarcó.
Barrios Bove también apuntó que el artículo 297 de la Constitución establece las fuentes de recursos de los gobiernos departamentales, entre los que menciona diversos impuestos, como los que recaen sobre la propiedad de un inmueble, a los baldíos, así como a espectáculos públicos, o a juego de azar. Pero, afirmó el edil, el impuesto que se propone no ingresa dentro de ninguna de estas categorías.