La presidenta del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), Casilda Echevarría, cuestionó a los senadores que este miércoles votaron solicitar al Poder Ejecutivo la suspensión de los remates e intimaciones de la institución y de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) mientras el Poder Legislativo debate un proyecto para deudores.

Echevarría dijo a Montevideo Portal que todavía no recibieron ninguna comunicación al respecto por parte del Poder Ejecutivo, pero remarcó que su posición desde el banco es contraria a aplicar la solicitud de los legisladores.

“Toda vez que empiecen a impedir la ejecución de ciertos créditos, lo que van a lograr es que haya menos crédito, y más caro”, dijo, y consideró las iniciativas de los legisladores como “un desquicio”.

La polémica ocurre mientras los senadores discuten un proyecto de ley para deudores en unidades reajustables (UR). En primera instancia, la iniciativa promovió la fusión del BHU con el Banco República, pero esto aún no ha logrado consenso en el oficialismo. Los principales promotores del proyecto son el nacionalista Sergio Botana y el colorado Germán Coutinho.

Echevarría insistió con que la UR no es el problema, ya que ha evolucionado en línea con el Índice Medio de Salarios. Según dijo, el BHU tendría “un costo directo” de entre US$ 400 millones y US$ 500 millones “por la gente que deje de pagar”, en caso de prosperar el proyecto de ley en debate.

Echevarría también señaló que el BHU tiene anualmente 300 refinanciaciones, por lo que la institución está “atenta a las necesidades de los deudores”. También sostuvo que la morosidad del banco en líneas generales es cercana al 1,5%, y que en el caso de los deudores en UR sube al 3%.

“¿Eso que quiere decir? Que están todos pagando. Además, 18 mil deudores en UR a lo largo del tiempo ya han pagado. Entonces no es verdad que la UR sea el problema. Tampoco es verdad que la gente con problemas individualmente no sea considerada por el BHU. Entonces, es un desquicio”, afirmó.

“Lo que va a pasar es, como en la década de 1960, que regulaban los precios de las mercaderías. ¿Y qué pasaba? En el corto tiempo se mantuvieron los precios que se fijaron, y en el mediano plazo hubo escasez”, señaló.

“Acá va a pasar lo mismo. Si una persona va a dar crédito y sabe que corre el riesgo de que después se lo perdonen, la tasa va a ser más alta, porque tenés que lograr que se te devuelva el crédito. Es muy desaconsejable lo que ha hecho el Senado”, agregó.

Echevarría había reclamado este miércoles pensar “en las consecuencias para el país” que puede tener la decisión y reprochó que no se dicte una ley con la que los legisladores asuman “la responsabilidad de la suspensión de los procedimientos”, según expresó en su cuenta de Twitter.

Por qué no se dicta una ley y se asume la responsabilidad de la suspensión de los procedimientos?

— Casilda Echevarria (@CasildaEche) August 9, 2023

“¿Qué vendrá luego, suspensión de ejecuciones de acreedores privados? ¿Dónde quedará el país de la certeza jurídica, del cumplimiento de los contratos?”, escribió la presidenta del BHU.

“¿Perdonar a unos no generará la presión de quienes están pagando en otra unidad de cuenta? ¿Perdonaremos a todos? ¿Dónde queda el valor justicia?”, agregó en otro mensaje.

La Cámara de Senadores votó este miércoles una minuta de comunicación en la que se solicita al gobierno “que la ANV y el BHU cesen los remates e intimación de adeudos hasta tanto se dé una solución definitiva sobre la que está trabajando el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo”.

El economista Javier de Haedo afirmó que a la jerarca “le asiste toda la razón”, y afirmó que “hacía muchos años que los políticos no caían en la práctica demagógica de los perdonatutti de deudas”.

A propósito, ¿de qué lado está el MEF en esta contienda?

— Javier de Haedo (@JavierdeHaedo) August 10, 2023

El socio de Exante, Pablo Rosselli, afirmó por su parte que “el proyecto de ley con quitas a deudores en UR es injusto porque no es cierto que los deudores en UR fueron perjudicados”. Según advirtió, es “injusto con los buenos pagadores”, inconveniente para el negocio del crédito por generar “incertidumbre” y “tiene un costo enorme para el Estado”.

Este miércoles, luego de la votación, el senador Botana dijo que “es importante suspender los remates para que se pueda trabajar con la debida calma en la solución definitiva del tema, que tiene un acuerdo general para que los deudores del BHU y la ANV queden en un régimen bastante diferente al que tiene hoy”.

El senador dijo que no son tantos remates, pero “el tema es lo que significan”.

“Lo que pasa es que, cuando se enfrentan al pago del colgamento, como no puede haber refinanciaciones por más de 75 años, el colgamento implica una cuota imposible de pagar, entonces el banco tiene que empezar a gestionar el remate. A veces no es culpa de la persona la situación, porque la persona se ha mantenido pagando. Hay que darle esta solución, que es una temporal y que va a permitir que la comisión trabaje sin el apuro o sin la escuela esa durísima de la amenaza del remate”, expresó.