“Entierro de lujo”: proyecto de deudores de Cabildo no fue aprobado por el Senado

La comisión de Constitución y Legislación del Senado aprobó la semana pasada por unanimidad el proyecto de ley de reestructuración de deudas de personas físicas, presentado por Cabildo Abierto (CA). El documento, que plantea la creación de un procedimiento judicial para refinanciar deudas con entidades financieras, comenzó a ser tratado en la cámara alta este martes.

En el partido que lidera Guido Manini Ríos entienden que el proyecto beneficia a las personas deudoras, porque les permite resolver su situación y volver al mercado de consumo.

De acuerdo con la iniciativa, para comenzar el procedimiento conciliatorio administrativo en Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el deudor deberá estar dentro de los seis meses de haber incurrido en mora en el pago de la obligación.

Dentro de los 45 días restantes de haberse presentado ante el MEF, se llamará a una audiencia para conciliar al deudor con los acreedores. Los posibles acuerdos deberán reservar un ingreso mínimo para el deudor, que en ninguna circunstancia podrá ser inferior al 60% de sus ingresos.

En caso de que no haya acuerdo, el tema pasará a los juzgados de primera instancia con competencia en lo civil. Allí un juez analizará la situación del deudor y presentará una propuesta de pago a los acreedores, “tomando en consideración muy especialmente la responsabilidad del acreedor en el otorgamiento del crédito”, indica el documento.

El senador cabildante Guillermo Domenech explicó a La Diaria que el Banco Central registró a 630.000 deudores “incobrables”, mientras que hasta unos días había alrededor de un millón de personas en el Clearing.

“Presumimos que, si se votó por unanimidad de todos los partidos en comisión, también se va a aprobar en el plenario”, aventuró Domenech.

Sin embargo, en la discusión parlamentaria de este martes, el senador del Partido Nacional Gustavo Penadés dijo que el proyecto le genera “más dudas que certezas”. “Por eso voy a votar de forma negativa ante la propuesta”, señaló.

El legislador del Frente Amplio José Carlos Mahía propuso que el documento vuelva a la comisión. “Cuando fue planteada, la información es que esta era una iniciativa de la coalición de gobierno, donde el Frente Amplio tuvo que tomar una posición”, indicó.

Al partido de izquierda le “preocupa” la situación general de los deudores. Mahía dijo que el Ejecutivo tiene potestades para resolver este problema, precisamente el de las cooperativas de crédito que “estimulan a la gente” para que se endeude con tasas superiores a las del mercado de crédito.

El senador blanco Rodrigo Blás apuntó que la “señal es muy buena, pero la ley es espantosa”. En sintonía con Mahía, entiende que lo más conveniente es que vuelva a comisión, porque así como está el texto “no tiene fundamento” para ser aprobado. 

Por su parte, el senador opositor Alejandro Sánchez dijo que el proyecto “no es el infierno”. “El infierno es lo que padece mucha gente hoy, que saca créditos en la caja de un supermercado. Ahí no hay asesoramiento financiero, no hay nada, hay necesidad de ingreso”, agregó. “Lo que hay que legislar”, sostuvo. 

Explicó que algunas entidades crediticias no piden garantías, por eso “la gente pobre es la que acude”. “Las cosas sin garantías, salen más caras”, añadió. 

El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, adelantó que su bancada no acompañará que el texto vuelva a la comisión. “Yo no quiero atribuir malas intenciones a nadie, pero acá hay una realidad que mata a la teoría”, agregó. 

“Nadie hizo nada y ahora parece que la idea es seguir mirando para el costado”, hizo hincapié. Explicó que hay préstamos de $30.000 se transformaron en una deuda de más de $ 1 millón. 

“No van a pagar, van a seguir así hasta el día que se mueran. No pueden tener una bicicleta a su nombre, porque se la embargan”, agregó.

Por otro lado, puso en tela de juicio por qué no se trataron las posibles mejoras en la discusión de la comisión. 

Domenech dijo que el pasaje a comisión, es una "falta de respeto". "Tenemos más de un millón de personas comprometidas, que ya no pueden esperar más. Es una responsabilidad de todo el sistema político darle una respuesta a la gente", agregó el cabildante. 

"Es un entierro de lujo", dijo Domenech en la misma sintonía que varios legisladores como Sebastián Da Silva y Graciela Bianchi.