La bancada de senadores del Frente Amplio (FA) no acompañó este martes una parte de la declaración de condena presentada por los legisladores de la coalición de gobierno, en la que se repudiaron las expresiones de odio y antisemitismo que tuvieron lugar en la pasada marcha del Día Internacional de la Mujer.

El coordinador de la bancada, José Carlos Mahía, destacó que el Senado como tal “tomó una posición, en términos generales, unánime”, sobre “condenar fuertemente todo acto de discriminación, antisemitismo y de odio”. “Eso fue el punto común general”, añadió.

Sin embargo, Mahía señaló que el punto de discrepancia tuvo que ver con “indicarle a la Justicia lo que tiene o no que hacer”.

En la declaración aprobada, se señala que el “Senado de la República declara su más enérgico repudio a toda expresión de cualquier tipo, basada en el odio, la discriminación y el antisemitismo”. Este extracto de la misiva fue aprobado por unanimidad.

No obstante, la parte de la declaración con la que discrepa el Frente Amplio menciona: “Asimismo, señala que este tipo de incitaciones está expresamente previsto como delito por el Código Penal, y por lo tanto debe ser perseguido y condenado una vez conocido”.

Según remarcó Mahía, “en un contexto general en las que se han hecho críticas muy fuertes al sistema de Justicia, el Senado debe abstenerse de ingresar en lo que hace o deja de hacer el Poder Judicial, que es independiente”.

“El texto original que se votó habla de persecución y eventual sanción. Creemos que eso es un cometido natural de la Justica. La información que tenemos es que ya hay actuación judicial a partir de la denuncia formulada y no era necesario ahondar en eso”, señaló el senador de Asamblea Uruguay.

La declaración fue votada en el Senado párrafo por párrafo; y aunque por unanimidad se aprobaron el primero y el tercero, el segundo dirigido a la Justicia no fue votado por el Frente Amplio.

En el último punto de la declaración, se afirma que el Senado “estará atento a la reiteración de estos hechos y encomienda a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo a hacer el seguimiento de los mismos”.