El exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) Isaac Alfie y el diputado Conrado Rodríguez elaboraron en conjunto un documento para entregar ante el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Colorado, que busca presentar los “efectos de la propuesta de reforma constitucional sobre la previsión social”.

“La reforma constitucional que presentan el Pit-Cnt y algunos sectores del FA pretende obviar este proceso [la profundización del sistema mixto] y empujar al Uruguay al precipicio”, dice el documento en parte de su presentación.

En diálogo con Montevideo Portal, Rodríguez señaló que el espíritu del documento es señalar que “hay un cúmulo de derechos que se perderían” en caso de aprobarse la reforma constitucional.  

En líneas generales, el documento defiende la reforma de 1996 y enumera un conjunto de argumentos sobre por qué la situación actual es más compleja que la registrada de forma previa a los cambios realizados hace 30 años.

En tanto, alerta que, de aprobarse el plebiscito, habrá un “caos jurídico”, así como se abre la puerta a la pérdida del grado inversor y a demandas multimillonarias contra el Estado uruguayo.

“Los promotores de la reforma pretenden, como punto de partida, derogar el régimen mixto. A su vez, impulsan establecer como edad jubilatoria mínima los 60 años, establecida hace casi 100 años por una ley de 1925 (cuando la expectativa de vida era de 50 y pocos años), continúe para siempre en una norma rígida como es la Constitución de la República, cuando la expectativa de vida está por encima de los 80 años. A todas las luces va contra la racionalidad de no querer reconocer lo que el mundo entero ha reconocido en sus legislaciones”, afirma parte de la exposición.

“Pretenden también asimilar la jubilación o pensión mínima con el salario mínimo nacional. Más allá de su costo, estimado por economistas de diferente orientación ideológica en más de U$S 1.000 millones anuales —1,3% del PBI—, que nadie sabe cómo se va a financiar, es una invitación y un incentivo a todo futuro gobierno a no ajustar el salario mínimo nacional, para no tener que afrontar erogaciones que deterioren las cuentas públicas”, dice después.

“A su vez, con una tasa de reemplazo de 45%, toda persona cuyo salario nominal sea inferior a $ 49.484 cobrará dicho salario mínimo de jubilación, por lo que el incentivo a evadir aumenta notablemente”, agrega.

Del mismo modo, los colorados recuerdan que los cálculos presentados por el Banco de Previsión Social (BPS) indican que el déficit global del sistema crecería en 4% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que implican más de US$ 3.100 millones adicionales a los ya existentes.

El texto también marca el “error o la malicia” en los argumentos de los promotores de la reforma. En este punto señalan que existe la posibilidad de retirar parte del ahorro en ciertas condiciones —un 9% al momento de jubilarse—. En tanto, exponen que las comisiones de las AFAP son inexistentes hacia trabajadores desocupados que no realizan aportes.

Asimismo, Alfie y Rodríguez cuestionan “omisiones” de los dirigentes que impulsan el plebiscito.

“Se machaca por parte de los promotores que la edad jubilatoria mínima pasa de 60 a 65 años, pero se esconde que fue el Partido Colorado quien incorporó una causal a los 63 años (edad promedio en la que actualmente los uruguayos se jubilan) y otra a los 64 años, en ambos casos con mayor cantidad de años de servicio. Tampoco dicen que las modificaciones en la causal mínima recién se aplican a aquellos que nacieron a partir de 1973, para subir de a un año, hasta llegar a los nacidos en 1977 con 65 años de edad”, señala el documento.

Por tanto, continúan, las modificaciones en la causal jubilatoria son para los nacidos desde 1973. También apuntan a que, “si el plebiscito fuera aprobado, desaparecerá el ahorro y sus rentabilidades”, al tiempo que “los trabajadores ya no podrán retirar el 9% de lo que tienen acumulado en su cuenta”.

Además alertan que, según su criterio, “Uruguay perderá el grado inversor, que le permite pagar intereses menores por su deuda, y dedicar recursos a otras áreas prioritarias”, así como son esperables “juicios multimillonarios” y un “caos jurídico”.

“La confiscación del dinero en las cuentas de ahorro individual implicará juicios multimillonarios de ahorristas y de las empresas administradoras contra el Estado uruguayo, lo que pone en riesgo ya no la viabilidad del sistema, sino la propia viabilidad del país por el creciente e insostenible déficit y el endeudamiento que ello acarrearía. Previo a lo anterior y sin que ello se comiencen a sustanciar, seguramente el país pierda su grado inversor y la carga de intereses crecerá”, dice.

“Todo lleva a escenarios penosos, donde la caída del salario real será inevitable”, agregan Alfie y Rodríguez, que alertan que la reforma puede provocar “un verdadero caos jurídico”, sobre todo por “el retorno” al régimen de transición del año 1995. 

“Como se dijo, el numeral 5 de la reforma propuesta hace responsable al estado de los desequilibrios de las cajas paraestatales (Bancaria, Notarial y Profesional). Ahora bien, las cajas Bancaria y Notarial en sus reformas establecieron en 65 años la edad de retiro, por lo que estas reformas también caerían de aprobarse la propuesta, pero ese no será su único efecto, sino que provocará la quiebra inmediata de las mismas, con lo cual, el efecto financiero será bastante más grande que los más de US$ 1.000 millones del BPS”, finaliza.