En las últimas horas fue apresado en Montevideo el artiguense Carlos Roberto Tribino Brum, condenado por el asesinato de la enfermera Yeilan Vasconcellos, crimen cometido en mayo de 2016.

Tal como informáramos, víctima y victimario eran pareja, ambos oriundos de Artigas. Sin embargo, como el asesinato fue perpetrado al otro lado de la frontera, el caso fue juzgado en Brasil.

El lunes, y al cabo de un dilatado proceso, un jurado popular condenó a Tribino a 26 años y medio de cárcel. Sin embargo, el reo se acogió a su derecho de no comparecer a la audiencia, por lo que la condena se produjo en ausencia. En ese momento, el juez Éverton Padilha Soares solicitó la orden internacional de captura para el sujeto, que posee doble nacionalidad. Ayer, el condenado fue localizado y arrestado en una hormigonera en el barrio montevideano de Manga, lugar donde se encontraba trabajando.

Sin embargo, el condenado todavía cuenta con la posibilidad de recurrir a nuevas instancias judiciales, algo que su defensa asegura que hará.

Carmen Ferreira, abogada brasileña de Tribino, declaró ayer en una breve rueda de prensa llevada a cabo en la puerta de la emisora artiguense Radio Cuareim, a pocas cuadras del puente binacional que une la ciudad de Artigas con la brasileña Quaraí.

Según Ferreira, durante el juicio “se demostró totalmente que él no es el autor de ese crimen ni contribuyó de ninguna manera con ese ilícito, pero eso no fue entendido por el tribunal popular”. En ese sentido, cabe señalar que los jurados populares —inexistentes en nuestro país— se integran de manera similar a lo que sucede en Estados Unidos, cuyo funcionamiento es conocido a través del cine y de la literatura. En concreto, se trata de un grupo de ciudadanos que, tras escuchar los argumentos de ambas partes y los informes técnicos y conocer la evidencia, votan acerca de la culpabilidad o inocencia del acusado.

“Ellos votaron contra pruebas aportadas por la defensa; votaron sin entendimiento, porque son jueces de hecho, legos”, se quejó la legista en su declaración efectuada en lengua portuguesa.

“Existe una condena, pero el proceso no terminó, está en fase recusable, y [Tribino] goza aún de la presunción de su inocencia”, ya que “no hay prueba cabal de su culpabilidad o participación en ese proceso fatídico”.

Además, la patrocinadora aseguró que hay varios sospechosos por el caso, “pero la investigación fue precaria y el Ministerio Público prevaricó”, porque no buscó la verdad de los hechos, sino que “insistió sin pruebas” en la culpabilidad de su defendido.

Puntos oscuros

Gustavo Melo, expolicía que trabaja como colaborador de Ferreira, también formó parte de la conferencia y expuso —en español— algunos de los elementos del juicio que, según la defensa, no fueron tenidos en cuenta por el jurado.

Se dijo que “el cuerpo fue encontrado sobre las 11:30 horas en la [ruta] BR-293, pero a las ocho de la mañana mañana ya estaba en el hospital”, dijo Melo, quien aseguró que “hay testimonios y documentación” a ese respecto.

Asimismo, refirió que, de acuerdo con la acusación, “la muerte fue el sábado 9 de mayo entre las 6 y las 18, pero un compañero de trabajo de ella la vio de noche en el centro de Quaraí, y ese hombre no fue interrogado. En estos nueve años ni siquiera fue interrogado el que encontró el cuerpo”, sostuvo.

Por ello, Melo entiende que lo adecuado sería “que se anule el proceso, se forme otro jurado y se busque a los responsables”.