“Como está el proyecto redactado, Domingo Arena queda vacía”, afirmó este jueves el senador comunista Óscar Andrade, que cuestiona la iniciativa de Cabildo Abierto para conceder la prisión domiciliaria a las personas mayores de 65 años, lo que el Partido Nacional propuso elevar hasta 70 años, en un reciente anteproyecto de ley a estudio de su bancada.
Este asunto tomó centralidad en las últimas semanas de debate parlamentario, mientras desde el Frente Amplio señalan que viabilizaría la prisión domiciliaria a las personas procesadas por delitos cometidos durante la dictadura (1973-1985).
Santiago Gutiérrez, integrante del sector nacionalista Por la Patria (lista 250), y nieto del exdiputado blanco asesinado en 1976 en Buenos Aires Héctor Gutiérrez Ruiz, afirmó a través de Twitter que está en contra de habilitar la prisión domiciliaria para los militares presos en la cárcel de Domingo Arena, lo que provocó la respuesta de la senadora blanca Carmen Asiaín, dirigente de Aire Fresco (Lista 404). “Ley general y abstracta para todos. Por eso nuestro proyecto deja fuera los delitos de lesa humanidad”, sostuvo la senadora.
Esto provocó la reacción de Andrade, uno de los referentes de la bancada opositora. El senador dijo a Montevideo Portal que “el delito de lesa humanidad no existía en Uruguay cuando sucedieron los crímenes de lesa humanidad”, por lo que ninguno de los represores fueron juzgados por estos delitos, bajo esa tipificación. Por tanto, el legislador señaló la inclusión de estos crímenes en el proyecto como un aspecto que busca un efecto “comunicacional”.
“No fueron juzgados por delitos de lesa humanidad. Claramente, el excluir los delitos de lesa humanidad tiene más un elemento comunicacional que un componente técnico jurídico real, a los efectos de tratar a quienes están presos por delitos de lesa humanidad, cuando todavía no estaba vigente la normativa de lesa humanidad en Uruguay, y la ley penal no es retroactiva”, dijo Andrade.
“¿Cuál es la motivación de Cabildo en esta norma, cuando ha trabajado en toda la legislatura para endurecer penas? En todas las circunstancias ha tenido como clave para la resolución de problemas la cuestión del endurecimiento penal. Que le surja espontáneamente una mirada humanitaria, es evidente que tiene nombre y apellido”, afirmó el senador.
Según un registro en manos de legisladores del Frente Amplio sobre imputados y condenados por delitos cometidos en la dictadura, hubo en Uruguay más de 30 procesamientos por diversas causas. Entre las personas procesadas estuvieron Juan Carlos Blanco, Jorge Silveira, Gilberto Vázquez, José Nino Gavazzo, Juan María Bordaberry y Gregorio Álvarez, entre otros. De acuerdo a este relevamiento, las causas fueron privación de libertad, homicidio, homicidio especialmente agravado y complicidad en tortura.
El anteproyecto del Partido Nacional, al que accedió Montevideo Portal, establece que “el juez competente que esté conociendo en cualquier estado del proceso o, en su caso, el juez letrado de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia, impondrá de oficio y sin más trámites ni procedimientos ulteriores la prisión domiciliaria cuando se trate de imputados y condenados mayores de 70 años”.
Más adelante, el anteproyecto considera algunas excepciones a los condenados por determinados delitos como violación, abuso sexual, violencia doméstica y “crímenes y delitos de genocidio, de guerra y de lesa humanidad contenidos en la Ley Nº 18.026, del 25 de setiembre de 2006”.
El proyecto original de Cabildo Abierto, que era de artículo único y para mayores de 65 años, exceptuaba el beneficio para casos de violación, de homicidio agravado, y de “crímenes y delitos contenidos en la Ley Nº 18.026, del 25 de setiembre de 2006, que se hubieren cometido con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la referida ley”.
Wilson Ferreira Sfeir, nieto del caudillo blanco Wilson Ferreira Aldunate, también fue crítico con la iniciativa.
El senador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, abordó esta semana el tema en una rueda de prensa en el Parlamento. “Yo estoy dispuesto a estudiar elevar la edad a 70 años. No me parece una cosa que descalifique al proyecto, pero quiero resaltar que la legislación internacional prevé estos regímenes para las personas mayores de 60 años”, dijo.
Según consignó Canal 5 Noticias de Medios Públicos, Domenech dijo que los presos en Domingo Arena “se podrían amparar en las normas del proyecto de ley, porque no distingue entre presos de diferentes establecimientos carcelarios”.
“Nosotros habíamos previsto en nuestro proyecto que quien fuera procesado por ese tipo de delitos [por los de lesa humanidad] estarían excluidos del proyecto de ley. Pero, para ser sincero, no hay personas procesadas porque creo que no se han constatado delitos de lesa humanidad posteriores a la ratificación del Tratado de Roma [que fue aprobado en el año 2002]”, agregó.
Domenech se había referido también en noviembre de 2021 a la situación de los presos de Domingo Arena, y señaló entonces que la mayoría fueron procesados por delitos considerados comunes. “No me consta cuál es la situación de esas personas que dicen que son genocidas. No las conozco. No conozco sus causas. Lo que sí tengo entendido, por ejemplo, en Domingo Arena, [es] que la mayor parte de las personas han sido procesadas por delitos comunes, no por ningún delito de lesa humanidad”, dijo en esa oportunidad.