“Descontrol, abusos y violencias”: las cárceles uruguayas en la voz del comisionado

El comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, presentó este jueves ante autoridades del Parlamento, del Ministerio del Interior y de la Universidad de la República, el Informe Anual sobre la Situación del Sistema Carcelario y de Medidas Alternativas 2023.

El documento, de casi 300 páginas, apunta a los problemas de “densidad poblacional”, “hacinamiento”, “acceso a la salud” y “acceso a la educación” que generan “dificultades para la rehabilitación” en las cárceles uruguayas.

“Ni nuestro Estado ni nosotros como actores institucionales podemos tener la conciencia tranquila de que nuestras políticas penitenciarias están haciendo todo lo posible para evitar nuevos delitos y bajar la violencia, cuidando la vida de todos los integrantes de la sociedad”, se lee en un pasaje.

En particular, revela que la tasa de prisionización en 2023 fue de 435 personas presas cada 100.000 habitantes, es decir, un total de 15.000 personas privadas de libertad. Esto representa un incremento del 3,9% con respecto al año anterior y “un nuevo récord nacional que ha continuado aumentando en el 2024”. También coloca al país “en los primeros 10 lugares del mundo de mayor prisionización por cantidad habitantes y en el primer lugar en América del Sur”, expresa el documento.

“Tenemos un sistema tan grande que es muy difícil de financiar, muy difícil de conseguir los funcionarios, por todo el gasto que eso requiere”, comentó Petit sobre esto en rueda de prensa este jueves.

 Desde el 2019 y hasta la actualidad, el volumen de la población penitenciaria crece en promedio en casi 1.000 personas por año. Y los datos de mediados del 2024, brindados por el informe, “indican una tasa de crecimiento que se ubicará en el entorno del 7%, con 16.000 personas privadas de libertad”.

En esta línea, la publicación dice que la superpoblación penitenciaria actual “supera en más de 3.000 personas los cupos disponibles” (el 120% de la capacidad nominal) y que esto “no solo provoca hacinamiento (celdas con más de 10 personas, concebidas para cuatro o seis en algunos casos) y bloquea los programas de tratamiento y actividades: genera además descontrol”.

“En ese contexto, no solo aumentan las tensiones, abusos y violencias entre las personas presas, sino también el desborde de los funcionarios, lo que genera situaciones de violencias institucional”, agrega.

En cuanto al gasto en cárceles, si bien viene creciendo anualmente, el documento indica que no se acompasa con el aumento de la población carcelaria que “en los últimos tres años fue de una “magnitud cercana al 20%”.

El gasto total en cárceles de todo el país en 2023 fue de unos US$ 190.000 ($ 7.606.836). Esto incluye los gastos de remuneraciones, funcionamiento e inversiones en penitenciarías del Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa Nacional, el trabajo de ASSE en cárceles, lo volcado al Patronato de liberados y excarcelados y la inversión en concepto de las participaciones público-privadas.

Esta cifra significa un gasto anual por privado de libertad de unos US$ 12.580 ($ 508.000) y por preso de US$ 1.000 mensuales ($ 42.000).

En cuanto a la salud, el informe habla de la necesidad de que ASSE asuma toda la atención en salud en cárceles, ya que actualmente más de un 35% de la población carcelaria no es asistida por Sanidad Policial.

Asimismo, habla de que la cobertura “muestra carencias importantes para la atención de salud mental, el tratamiento de las adicciones, los problemas crónicos y persistentes de salud mental y las coordinaciones con los servicios externos”.

“Hay mucho que avanzar en la salud”, indicó el comisionado en rueda de prensa y destacó que “no es competencia ni mandato” de sanidad policial la atención de los presos.

Una propuesta que realiza el informe es la creación de centros de integración social. Petit ejemplificó que, en algunos países, como España, existen estos lugares “a donde las personas que vienen haciendo un buen proceso de rehabilitación postulan y en su último tramo de privación de libertad están un período acotado del día. Por ejemplo: de 19:00 a 7:00 horas. El resto del día reciben capacitación, rehabilitación, tratamiento de adicciones, buscan trabajo, etcétera”.

También propone un censo penitenciario. “Pero un censo de diagnóstico y rehabilitación, no un censo de nombre, edad, etcétera, sino de tener planes de tratamiento. Para que haya progresividad, para que las personas puedan avanzar en su rehabilitación”, amplió Petit.

El informe también habla de las muertes en cárceles y revela que en el 2023 hubo 51 muertes bajo custodia. Esta cifra significa nueve más que el año anterior y “representa el tercer año con más cantidad de muertes desde que se tiene registro, luego del 2021 con 86 y del 2010 con 53”.

Los decesos ocurridos en 2023 se corresponden con 17 homicidios, 13 suicidios, 2 muertes accidentales y 19 no violentas.

Por otra parte, en cuanto a los niveles de ocupación por unidad, del total de 28 cárceles en todo el país, solo nueve tienen una capacidad mayor a la cantidad de plazas cubiertas, lo que refleja que hay “situaciones de hacinamiento crítico en la mayoría de los establecimientos”.

En la zona metropolitana los casos más complejos son los del Centro de Ingreso (171 %), “que por momentos llegó a albergar a el triple de sus 100 plazas”, el de la Unidad 5 (169%) de mujeres del país, el de la Unidad 4 (Santiago Vázquez) con 128% y el de la Unidad 7 (Canelones) con 125%.

En el interior, solo tres cárceles tienen la cantidad de presos para su capacidad o incluso menos: Lavalleja, Florida y Tacuarembó. El resto tienen una superpoblación que, en el caso de Artigas, Paysandú, Durazno, Salto, y Treinta y Tres, superan el 170%.