Ayer, el fiscal especializado en delitos de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, anunció oficialmente en conferencia de prensa que los restos encontrados en el Batallón 14 el pasado 30 de julio de este año pertenecen al militante comunista Luis Eduardo Arigón, detenido desaparecido en 1977.

La noticia puso en relieve una vez más la necesidad de continuar con las búsquedas, ya que constituye una nueva demostración de que la denominada “operación Zanahoria”, que había consistido en la exhumación y destrucción de los cuerpos antes de la llegada de la democracia, no existió o fue incompleta.

El hallazgo también ratificó el uso del Batallón 14 como cementerio clandestino por los represores, debido a que allí ya se localizaron cuatro cuerpos, todos en una zona acotada y con similares características de inhumación.

La identificación de Arigón también sacó a la superficie algunas falsedades que, pese a haber sido refutadas innumerables veces, se resisten a desaparecer.

Una de ellas consiste en afirmar que los detenidos desparecidos no fueron asesinados, sino que se encuentran en el extranjero —Suecia es el destino más mencionado— disfrutando alegremente de la vida bajo identidad falsa.

El infundio no es nuevo y también se utiliza en otros países de Latinoamérica, y sus raíces se hunden más allá de los “años de plomo”. De hecho, ya en la década de 1960 algunos negacionistas del Holocausto pretendían hacer creer que los judíos exterminados por el nazismo se encontraban, con identidades cambiadas, en el nuevo estado de Israel.

La mentira de los “desaparecidos en Suecia” cae por su propio peso no solo por la falta de evidencias que la sustenten, sino por la aparición e identificación de restos en Uruguay.

Otra perenne falsedad al respecto asegura que los familiares de los desaparecidos perciben opulentas pensiones mensuales. Precisamente, esta “fake” fue la que causó indignación durante la pasada noche en la red social X.

Las reacciones sucedieron luego de que la usuaria Amparo Más (@amparomgsv) publicara la siguiente frase: “Cuando los restos hallados de un desaparecido son identificados, sus familiares dejan de cobrar la bendita pensión, ¿no?”.

Si bien luego eliminó la publicación, esta permitió comprobar que esa creencia sigue viva en sectores de la sociedad, y habilitó nuevos desmentidos. Una de las voces que refutaron la falsa afirmación fue la de Mirtha Guianze, exfiscal que ocupara también la presidencia de la Institución Nacional de Derechos Humanos.

“No me explico de dónde sacaron la errónea información de que los familiares de desaparecidos cobran pensión. Sin perjuicio de lo miserable del comentario, es pertinente aclararlo. Para que no repitan mentiras”, escribió.

“Ley 18.596, prevé indemnización por una sola vez, no pensión. Los familiares de desaparecidos no cobran pensión. No confundir con la 18.033”, añadió.

Días atrás se había viralizado una publicación que pretendía camuflarse como una noticia del semanario Búsqueda e incidía una vez más en el embuste de las pensiones, esta vez con una variante: la intención de crear un impuesto específico para financiarlas.

La plataforma de verificación AFP Factual desmintió esa publicación y recordó que la Pensión Especial Reparatoria (PER), establecida en la ley 18.033, no está dirigida a familiares de detenidos desaparecidos, sino a personas que fueron privadas de su libertad y procesadas por la justicia civil o militar después del 9 de febrero de 1973, a quienes estuvieron detenidas por más de un año sin haber sido procesadas y a aquellas que fueron recluidas en centros clandestinos de detención fuera del país durante operativos de los servicios represivos.

Según figura en el sitio web del Banco de Previsión Social, la PER, que no se acumula con otras prestaciones sociales, es de 8,5 BPC (Base de Prestaciones y Contribuciones), lo que equivale a 52.504 pesos uruguayos, unos 1.270 dólares a la cotización actual.

“Los familiares de los detenidos desaparecidos no tienen derecho a recibir la PER”, confirmó tiempo atrás a la AFP Gastón Grisoni, presidente de Crysol, organización de ex presos políticos de Uruguay. Y agregó que así como “quienes cobran la PER deben renunciar a sus propias jubilaciones y pensiones para hacerlo”, lo mismo sucede con las viudas o viudos de los ex presos políticos: “Son los únicos en el sistema previsional uruguayo que tienen que renunciar a sus propias jubilaciones y pensiones para cobrar la pensión de sobrevivencia”, explicó.

Existe otra normativa, la ley 18.596, que regula una reparación distinta por daños causados por el terrorismo de Estado, y que no es una pensión. Esta ley otorgó, por única vez, una indemnización de 500.000 unidades indexadas (unos 73.800 dólares) a los familiares de las personas detenidas desaparecidas que la solicitaron.