“Debo cumplir con la normativa”: directora de RAP explicó intimación a joven asesinada

Esta semana, la Red de Atención Primaria (RAP) de ASSE en Paysandú publicó en el diario oficial, con la firma de su directora, la doctora Claudia Buenaventura, una intimación. El anuncio conminaba a la enfermera Amparo Fernández a presentarse a trabajar “bajo apercibimiento de renuncia tácita”. 

La publicación no pasaría de una pieza más en la burocrática tarea de la administración pública si no fuera porque existe un “detalle” que la convierte en kafkiana e incluso estrambótica: Amparo Fernández fue asesinada en el año 2019 y su homicida —que hizo desaparecer el cuerpo— purga una condena de 26 años de penitenciaria.

Tal como informáramos, la noticia causó hondo malestar en la filial sanducera de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), que precisamente acababa de celebrar un acto de homenaje a la infortunada trabajadora.

Además, interpretaron que la extemporánea publicación perseguía el fin de lograr la destitución póstuma de la funcionaria, con el fin de privar a sus hijos de una pensión que el sindicato intenta gestionar.

“Como trabajadores y trabajadoras ante el procesamiento del femicida, estamos bregando para que sus hijos puedan contar con una pensión. Hoy tenemos la amarga sorpresa de que se está realizando todo el proceso formal para su destitución, lo cual implica que sus hijos seguirán sin recibir la pensión de su madre”, denunciaba la FFSP en redes sociales.

Además, convocaron a una movilización para el próximo lunes y exigieron la destitución de Buenaventura.

La versión de la directora

“Hablo con el mayor de los respetos hacia la familia de Amparo. Lo que quiero decir como directora de la unidad es que cuando asumí la dirección había expedientes que hacía muchos meses estaban sin ser resueltos. Los expedientes deben seguir su curso. Por lo tanto, en este caso puntual de Amparo, personalmente fui a Montevideo a asesorarme”, explicó Claudia Buenaventura en declaraciones al noticiero Subrayado.

“En un primer momento, se me dice que debería mandar un telegrama colacionado y les dije que no me parecía que era un trámite que debía hacer, teniendo conocimiento de lo que había pasado con Amparo”, expresó la funcionaria. Posteriormente, los asesores le dijeron que “había que hacer era una publicación en el diario oficial. Pero a eso no lo determiné yo. Es algo que está escrito y solicitado desde la división jurídico-notarial de ASSE y esta publicación se hace para que el trámite siga su curso”, añadió.

En cuanto a la posibilidad de que el trámite en curso afecte la solicitud de una pensión, Buenaventura dijo desconocer si tal incidencia existe o no.

“En el momento, Amparo está como funcionaria y se me explicó que no hay una partida de defunción. Por lo tanto, sigue en el padrón de ASSE”, argumentó.

“No fue un capricho ni mucho menos falta de sensibilidad. Cumplí los pasos a seguir por el expediente”, añadió la jerarca, quien rechazó las acusaciones que se le formularon en redes sociales.

“Quien publicó esto, lo sacó de contexto en las redes. Este malestar no es ajeno para mí. Yo era compañera de Amparo en la policlínica, trabajábamos juntas y, además, teníamos una relación de amistad. Para mí no es nada fácil, pero también entiendo que el expediente debe seguir su curso. No puedo tener un expediente trancado y debo cumplir con la normativa”, señaló.

“Desconozco si realmente entorpece a la familia y no puedo opinar sobre lo que no sé. Mientras ella sea funcionaria de ASSE, tiene su sueldo retenido y un montón de cosas a las que su familia no puede acceder porque sigue siendo funcionaria”, explicó, y reconoció que desconoce si hay una declaración judicial de ausencia sobre Amparo Fernández.

“Insensibilidad total”

El presidente del sindicato de Salud Pública, Martín Pereira, afirmó que la situación ocurrida en el departamento litoraleño genera “repudio” por parte de la Federación.

“La dirección de la RAP de Paysandú intima a nuestra compañera Amparo Fernández, que está desaparecida hace cinco años y su pareja condenada a 26 años por homicidio, a presentarse a trabajar en el día de mañana. Es una situación compleja para nosotros, por más que se hable de que desde el punto de vista jurídico lo tenían que hacer; es una falta de humanidad y sensibilidad total”, expresó en declaraciones al citado medio.

Además, recordó que una directora de la RAP anterior se negó a publicar la intimación “por el lado humano y todo lo que conlleva”, pero que “la directora actual no tuvo problema en realizarlo y por eso el pedido de destitución”.