“Cruel” e “incalificable venganza”: ministro de CA cuestionó prisión a militar de 87 años

El ministro de Vivienda, Raúl Lozano, compartió a través de su perfil de X un video en el que se ve el traslado de un anciano en silla de ruedas a prisión en una camioneta.

“Un anciano de 87 años, minusválido, es conducido a prisión, separado de su familia el día de Navidad por supuestos hechos acaecidos hace 50 años”, relató el legislador.

“Hay que ser muy cruel para dictaminar esa incalificable venganza. Hay que ser muy hipócrita para después hablar de Derechos Humanos”, valoró.

La hija del hombre, Claudia Lete Sosa, confirmó este jueves en diálogo con Radio Sarandí que se trata de José María Lete Olascoaga, uno de los tres militares retirados procesados con prisión por la Justicia este martes 24 de diciembre en el marco de la causa que investiga torturas y abusos cometidos contra 39 adolescentes en el Batallón de Infantería N.º 10 de la capital de Treinta y Tres en abril de 1975. 

Además de hija del acusado, la doctora Lete Sosa es su abogada. “La decisión de disponer el procesamiento con prisión un 24 de diciembre después de estar dos meses el expediente en el despacho con la jueza denota una animosidad que se percibe a todas luces”, expresó la defensora en referencia al dictamen de la jueza del caso, María Eugenia Mier.

“El 24 de diciembre a las 8:00 horas nos comunican que se llevan detenida a una persona que no pudo concurrir a ninguna de las dos audiencias que se celebraron en este expediente en el que estaba mi padre”, sumó Lete Sosa.

La mujer contó que el octogenario tiene “una operación de cadera y hace más de dos años que no camina solo, tiene EPOC, está sordo, usa pañales y tiene un marcapaso”. “Tiene una cantidad de enfermedades que fueron constatadas y acreditadas en el expediente debidamente, porque él no pudo concurrir a ninguna de las dos audiencias y las dos se hicieron por Zoom”, contó.

Más allá de la prisión per se, Lete Sosa cuestionó la medida tomada por la jueza porque, “sabiendo las condiciones de salud”, la magistrada no dispuso “la vista de médico forense, que es lo que se hace normalmente cuando se sabe que un imputado tiene ciertas deficiencias de salud”. “Eso, además, es un resguardo, no solo para el imputado sino para el juez”, agregó.

“No son delitos de lesa humanidad porque como los delitos de lesa humanidad están prescriptos, entonces se ha buscado una interpretación ‘laxa’, según las palabras del doctor [Ricardo] Perciballe [fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad], entonces se los condena por delitos comunes, que si fueran otras personas estarían recontra prescriptos, pero a ellos se les aplica esa interpretación.

En su fallo, Mier desestimó un recurso de la defensa de Lete que alegaba falta de competencia del juzgado de primera instancia en causas de lesa humanidad. La jueza consideró que el planteo era un intento dilatorio que buscaba obstaculizar el proceso y actuaba en contradicción con las propias acciones previas de la defensa.

Los hechos investigados ocurrieron entre el 12 y el 15 de abril de 1975, cuando 39 adolescentes, en su mayoría estudiantes del liceo N.° 1 de Treinta y Tres y miembros de la Unión de Juventudes Comunistas (UJC), fueron detenidos en sus domicilios por orden de la Justicia militar. Durante 20 días fueron sometidos a torturas físicas y psicológicas, incluyendo golpes, descargas eléctricas y abusos sexuales, en el caso de las mujeres. Además, se les impidió continuar sus estudios y se les retiró la patria potestad a sus padres.

Sin embargo, según la defensora de Lete Olascoaga, su defendido “no se encontraba en el batallón el día del procedimiento”.

Un anciano de 87 años, minusválido es conducido a prisión, separado de su familia el día de Navidad por supuestos hechos acaecidos hace 50 años. Hay que ser muy cruel para dictaminar esa incalificable venganza.
Hay que ser muy hipócrita para después hablar de Derechos Humanos… pic.twitter.com/T1FCgZJbHQ

— Raúl Lozano Bonet (@raul_lozanob) December 26, 2024