Por The New York Times | Sui-Lee Wee

MANILA, Filipinas — Hace casi 15 años, Mary Nepomuceno se separó de su marido y sigue a la expectativa, pues las leyes de su país prohíben el divorcio (y por tanto, la posibilidad de volver a casarse y comenzar una nueva vida).

En Filipinas, el único país del mundo, además del Vaticano, donde el divorcio sigue siendo ilegal, miles de personas como Nepomuceno se encuentran atrapadas en matrimonios que desde hace mucho están muertos. Después de separarse por motivos como maltrato e incompatibilidad, viven una vida totalmente apartada de sus cónyuges. Los elevados honorarios de los abogados y los montones de papeleo hacen que, para muchas personas, la anulación del matrimonio sea prácticamente imposible.

Debido, en parte, a la cantidad cada vez mayor y al sufrimiento que conlleva, han cambiado las posturas sobre el divorcio en el país, donde casi el 80 por ciento de la población es católica. Las encuestas revelan que ahora la mitad de los filipinos están a favor del divorcio. Incluso el presidente ha dado señales de apertura a la idea y Filipinas está más cerca que nunca de legalizar la disolución del matrimonio.

Pero el asunto está lejos de resolverse. La influyente Iglesia católica ha calificado el activismo en favor del divorcio como una “defensa irracional”. Los legisladores conservadores siguen firmes en su oposición.

Esto ha provocado que algunos partidarios de la legalización planteen el divorcio como un derecho humano básico, al igual que el acceso a la atención médica o a la educación.

“Nosotros decimos que es como si fuera un medicamento”, comentó Nepomuceno, de 54 años. “Solo lo tomamos si estamos enfermos, pero no privamos del medicamento a las personas enfermas”.

Este enfoque se aparta de la estrategia anterior de compartir historias personales con la esperanza de obtener la conmiseración de los legisladores. Ahora, los activistas están usando la ciencia y la estadística para exponer los efectos a largo plazo para millones de mujeres maltratadas si el divorcio sigue siendo ilegal.

“Antes llorábamos y nos enojábamos”, comentó A.J. Alfafara, fundadora de la coalición Divorce Pilipinas, la cual cuenta con más de 500.000 miembros. “Solía ser una lucha, hallar modos de hacer que la gente escuchara”.

En los últimos meses, un comité del Senado aprobó un proyecto de ley para legalizar el divorcio por primera vez en más de 30 años. El proyecto está en espera de una segunda lectura en el Senado, lo cual, según los legisladores, podría suceder el próximo año.

“Estamos percibiendo ciertos cambios, incluso en el Senado, y yo espero que se potencien y sean lo suficientemente fuertes como para llevar este proyecto a la recta final”, dijo en una entrevista la senadora Risa Hontiveros, promotora de este proyecto de ley.

Hontiveros añadió que las reuniones con los activistas la habían conmovido mucho.

“Para mí, uno de los temas más convincentes que plantearon es que se trata de una segunda oportunidad —una nueva oportunidad para vivir, para amar y para ser feliz— ¿y por qué habríamos de negarle a la gente este derecho?”, agregó.

El divorcio tiene una historia compleja en Filipinas. Durante la época colonial española, el divorcio estaba prohibido, pero se permitía una separación legal bajo ciertas condiciones limitadas. Este se volvió legal durante la ocupación de Estados Unidos, pero solo por motivo de adulterio y concubinato. Los japoneses, quienes ocuparon Filipinas durante la Segunda Guerra Mundial, ampliaron la ley del divorcio y aprobaron más motivos por los que la gente podía divorciarse.

Eso cambió después de la promulgación del Código Civil de ese país en 1950. Sin embargo, a los ciudadanos musulmanes, los cuales conforman el cinco por ciento de la población, se les permite divorciarse debido a que, en 1977, Ferdinand Marcos, el presidente en ese entonces, firmó una ley que lo autorizaba.

Alfafara, de religión protestante, se separó de su marido en 2012 y afirmó no haber visto a su hijo en más de una década, desde que, a la edad de 9 años, eligió vivir con su padre. Cuando Alfafara, de 46 años, quien trabaja como asistente virtual de oficina, quiso comprar una casa, le dijeron que debía tener la firma de su marido.

El hecho de que el divorcio siga siendo ilegal significa que los esposos maltratadores pueden conservar la custodia conjunta de sus hijos y tienen derecho a compartir los bienes de su esposa. Otra preocupación es el trauma que padecen millones de mujeres atrapadas en matrimonios violentos.

Janet Guevarra, de 36 años, pagó 5200 dólares para la anulación de su matrimonio, quince veces más de lo que ganaba al mes en Filipinas. Con el fin de ahorrar dinero, renunció a su empleo en administración de informática y se fue a Singapur a trabajar como auxiliar en un asilo de ancianos. En 2022, un tribunal rechazó su solicitud, misma que ella había presentado tres años antes.

El juez dictaminó que el testimonio de Guevarra de que su esposo “la tomaba por el cuello, la empujaba y trataba de pegarle durante las discusiones acaloradas no es fundamento suficiente para demostrar su afirmación de maltrato físico o verbal”. El juez añadió: “El matrimonio, como una institución social inviolable protegida por el Estado, no puede disolverse a capricho de las partes”. Algunos partidarios de esta ley han recomendado no usar la palabra “divorcio” para definirla, ya que dicen que ese término se ha politizado. Se han sugerido términos alternativos, como “separación legal” y “ampliación de anulación”.

Hontiveros recordó que una de sus colegas le recomendó: “No lo llamen proyecto de ley para autorizar el divorcio; llámenlo proyecto de ley para la disolución del matrimonio”, y ella hizo caso de esa sugerencia.

“Tal vez solo les brinda a quienes son ambivalentes o se oponen a él otra manera de hablar al respecto de un modo un poco menos incómodo”, comentó Hontiveros.

La senadora Pia Cayetano, una legisladora con mucha experiencia y partidaria declarada del divorcio, señaló que sus colegas en el Senado “sí reconocen que hay situaciones en las que es prácticamente inhumano hacer que una pareja viva junta”.

“Los he escuchado decir cosas en ese sentido, que tiene que haber una solución y que con gusto apoyarán una medida para ello”, explicó Cayetano.

Cualquier proyecto de ley que sea aprobado por el Senado también tendría que ser autorizado por la Cámara de Representantes antes de llegar al presidente, quien lo promulgaría. A diferencia de sus predecesores, Ferdinand Marcos Jr. ha dado muestras de estar abierto a la ley del divorcio, aunque advirtió que “no será fácil”.

El reverendo Jerome Secillano, secretario ejecutivo de la Conferencia de Obispos Católicos de Filipinas, dijo el año pasado en una estación de radio local: “Es triste saber que tenemos legisladores que se concentran más en disolver matrimonios y familias que en ofrecerles soluciones o fortalecer los lazos matrimoniales”.

Hace una década, cuando el Congreso de Filipinas aprobó la ley que le proporcionaba a la población acceso a anticonceptivos, el clero organizó protestas y amenazó con excomulgar a los legisladores por apoyar el proyecto de ley. Esta vez, según Edcel Lagman, un congresista que ha impulsado ambos temas, los funcionarios de la Iglesia no han manifestado tanta oposición.

“Hemos demostrado que podemos vencer a la Iglesia y podemos volver a hacerlo”, afirmó con una sonrisa. Janet Kristine Guevarra, quien tuvo que ahorrar su sueldo de más de un año para pagar su anulación de matrimonio, con los documentos que usó para la solicitud de anulación, en su casa de Cainta, Filipinas, el 6 de octubre de 2023. (Ezra Acayan/The New York Times). La activista partidaria del divorcio Mary Nepomuceno el mes pasado en su localidad, Parañaque, en la Gran Manila, Filipinas, el 6 de octubre de 2023. (Ezra Acayan/The New York Times).