La Fiscalía Penal de Montevideo de Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia basada en Género de 5º turno, integrada por la fiscal titular Darviña Viera y las fiscales adscriptas Fulvia Favretto y Giuliana Realini, imputó en la tarde del miércoles 13 de mayo a cinco hombres detenidos en el marco de la Operación "Océano". Entre ellos hay un exjuez, un diputado suplente, un arquitecto, el organizador de fiestas electrónicas y un exasesor de la Ursea.
Ayer, el programa Las cosas en su sitio (Sarandí), que fue quien brindó la primera información, explicó que la investigación comenzó tras la muerte de una menor de 17 años en marzo del año pasado, cuyo cuerpo apareció en la desembocadura del arroyo Solís. A raíz de declaraciones de su familia, los investigadores dieron con una amiga -también menor- que integraba una red de explotación sexual en Punta del Este.
De una menor que era parte de esa red surgió una denuncia que terminó llevando a identificar a los cinco imputados de ayer, aunque pueden sumarse otros en los próximos días. De hecho, se trató de dos denuncias.
La investigación se inició con la denuncia por abuso sexual en contra de un hombre de iniciales H.D.S. El 28 de noviembre de 2019 se denunció a este individuo por abuso sexual de una adolescente.
A su vez, otro individuo (de iniciales H.G) presentó denuncia contra una adolescente por difamación ya que había subido un video a una red social acusándolo de haber abusado de su amiga, aportando su celular y otros datos que sirvieron de insumo para la presente investigación.
Luego de diversas diligencias y pericias que se realizaron a los celulares de la adolescente, surgieron datos de otras menores de edad que "serían víctimas de explotación sexual por diversos hombres mayores de edad, dentro de los cuales se encuentran chats con los imputados, de donde surge que los mismos habrían pagado o prometido pagar a la adolescente sumas de dinero, o estupefacientes a cambio de que la misma les realizara actos sexuales de diversos tipos, incluido el envío de fotografías de contenido sexual".
A los cinco indagados se los imputó por reiterados delitos previstos en el art. 4 de la ley 17.815 por la reiterada retribución a una adolescente a cambio de la ejecución de actos sexuales. En dos de los casos, fue por "reiterados delitos de suministro de estupefacientes".
En su argumentación, la Fiscalía señala que se trata de "una situación de grave vulneración de los derechos de una adolescente al extremo tal de que se la toma por los encausados como una mercancía, como un objeto del cual, de distintas formas, cada uno de los adultos imputados extrajo de forma ilegítima beneficios para su propio provecho".
Se solicitó "la suspensión en el ejercicio de la patria potestad o guarda de los imputados, respecto de sus hijos y se los inhabilite para el ejercicio de funciones públicas y privadas en el área educativa, de la salud y todas aquellas que impliquen tratos directos con niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia".