Tras los nuevos femicidios que se dieron en nuestro país, el fin de semana el candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, deslizó la idea de que la custodia policial que hoy cuida la seguridad de las víctimas de violencia de género pase a estar al cuidado del victimario.  

Esta iniciativa fue criticada por el senador del Frente Amplio Charles Carrera, quien en una nota en Facebook tildó la idea de "improvisada" y "simplista" y señaló que "impresiona nuevamente" el "nivel de desconocimiento" en un tema "harto sensible" para la sociedad.  

"Pues solo desconociendo sobre el punto se puede proponer una vigilancia sobre el ofensor, demostrando una absoluta ignorancia de lo que significa la protección de víctimas", apuntó.  

La militante feminista e integrante de Cotidiano Mujer, Soledad González, dijo este lunes a Montevideo Portal que el movimiento reclama, primero que nada, que se implemente y se dote de presupuesto a la ley integral contra la violencia basada en género, para poder adquirir tobilleras y crear casas de seguridad.  

"Todo eso que no hay ahora. Esa es la verdad. Eso que no sucedió es lo que queremos, que se presupueste la ley", reclamó.  

González señaló que esa ausencia de presupuesto tiene como consecuencia la escasez de tobilleras, lo que lleva a su vez que los jueces dispongan la custodia policial.  

"Es cierto entonces que las custodias policiales son un horror para las mujeres, eso es así. Las mujeres desde el año pasando han coartado su libertad de movimiento, porque solo autorizan que quienes tengan custodia puedan ir a trabajar, a la salud y estar en su domicilio. Pasan a estar en prisión domiciliaria. Hay una revictimización, pero además las encerrás a ellas", criticó.  

La militante comentó que el papel que le hacen firmar a las mujeres en la seccional señala que: "La victima deberá acordar, bajo firma, las medidas realizadas por la policía para su seguridad. En caso de que no acepte alguna de las condiciones de este protocolo, el jefe de la unidad deberá informar a la Justicia competente. A tales efectos, el alcance de la custodia es para domicilio, trabajo y salud".  

En estas condiciones y llegadas a "este nivel de desprotección", señaló González, las mujeres "deciden no tener custodia". "Y el de las mujeres que fueron tristemente asesinadas no son los únicos casos", añadió.  

La militante comentó que las mujeres que tienen custodia "no las pasan bien" y repasó que hay quienes pierden el trabajo porque su policía no llega a tiempo, o porque el empleador no ve con buenos ojos la presencia de un funcionario policial.  

"Toda esta es la realidad, entonces las mujeres terminan renunciando a la custodia. Son ellas las que firman, lo que las hace responsables de no haber aceptado la custodia. Para ir a llevar a tu hijo a la escuela tenés que ir con un policía, y no está nada bueno. Hay algunos casos que son más graves, por ejemplo, una trabajadora sexual víctima de violencia doméstica no puede ir a trabajar con un policía al lado, porque directamente no trabaja", dijo. 

González lamentó que esas sean las "situaciones de la vida real" y dijo que "cuando se llega a ese punto" es "preferible" que la custodia esté con el victimario y no con la víctima. "Estoy de acuerdo con Lacalle Pou, pero el problema es muy anterior", dijo.  

 "Yo no escuché a Lacalle Pou decir, cuando hicimos los reclamos por presupuesto, levantar la voz y la mano para nuestra ley, no lo hizo Lacalle Pou y no lo hizo nadie. Tampoco firmó el compromiso el 8M para ir en busca de las medidas que queremos para implementar la ley, no lo firmó", criticó.  

La militante dijo que son "usadas en la contiende electoral con una medida que puede sonar muy lógica y muy apropiada". "Al Estado no le cuesta un peso. No es nada, es una cosa ínfima pero hay una cantidad de cosas que faltan antes", sintetizó.  

González recordó un caso de violencia doméstica que tuvo una medida "innovadora" por parte de la Justicia. En mayo del 2015, una jueza de Pan de Azúcar ordenó que la custodia policial esté con el agresor ante la falta de tobilleras y con el objetivo de no "revictimizar" a la denunciante.