“Caos administrativo”: vice de AFE apunta a gestión del FA por “descontrol organizado”

El vicepresidente de la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE) y dirigente del Partido Colorado, Gustavo Osta, volvió a apuntar contra la administración del ente en los gobiernos frenteamplistas, a la que señaló por “caos administrativo” y “descontrol organizado intencionalmente”.

Las consideraciones de Osta llegaron luego de que la semana pasada la Auditoría Interna de la Nación difundiera un análisis con diversos riesgos, considerados “extremos” y “altos”, en la gestión del ente y por los que el vicepresidente responsabilizó a la gestión frenteamplista.

“Es una situación escandalosa que da la muestra clara de la irregularidad con que se manejó AFE en estos 15 años, y aquí surgen hechos con apariencia delictiva que dan pie a acciones penales en función de que, presumiblemente, pueden haber actos de corrupción”, dijo Osta a Montevideo Portal, luego de este lunes informar los resultados de la auditoría ante el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Colorado.

El vicepresidente del ente remarcó que hubo “un vaciamiento” de AFE y una “acción presumiblemente dolosa”. “En AFE hubo un descontrol organizado intencional, donde se inflaron gastos de seguridad para cuidar un patrimonio que no se conocía, y sobre todo en años preelectorales”, agregó.

El CEN colorado, a su vez, determinó darle estado parlamentario al tema y en una declaración alertó por “numerosas irregularidades” en la administración de bienes del Estado. Ahora, la bancada de la colectividad analizará el seguimiento del asunto, que puede derivar tanto en un llamado a autoridades al Poder Legislativo o en la conformación de una preinvestigadora.

Las principales falencias señaladas por la auditoría estuvieron vinculados al arrendamiento vencido de inmuebles, los contratos de vigilancia de los predios y la falta de información confiable.

“A la fecha, la institución desconoce el universo de los inmuebles que integran su patrimonio, no posee información confiable e íntegra sobre los bienes inmuebles de su propiedad, su valor patrimonial y/o catastral, así como sobre su disposición y estado. Los controles existentes no permiten conocer el estado de conservación actual de dichos bienes, quiénes son sus ocupantes ni asegurar el adecuado uso que se le da a sus instalaciones”, dice la auditoría entre sus conclusiones.

Asimismo, el estudio determinó que “la falta de certeza sobre la cantidad de inmuebles arrendados y la ineficiente gestión de cobro genera incertidumbre sobre el principal ingreso que tiene hoy en día el organismo, en cuanto a los importes a percibir, su exigibilidad, así como sobre la disponibilidad de dichos bienes”.

“Respecto del servicio de vigilancia contratado para los inmuebles, no se ha constatado la existencia de un estudio objetivo que avale que los requerimientos de la prestación solicitados sean acordes a las necesidades. Existen debilidades en la etapa del llamado del servicio que impactan en el proceso de contratación. Asimismo, no se puede asegurar que las actividades de control implementadas garanticen la salvaguarda de dichos activos”, añadió el informe.

En cuanto a los gastos de seguridad, Osta señaló que en 2004 la administración gastaba en este rubro unos 170 mil dólares por año, mientras que en 2017, 2018 y 2019 rondaron los US$ 2 millones. Entre 2004 y 2020, para ese rubro, se destinaron US$ 25 millones, de acuerdo con información manejada por el vice del ente ferroviario.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas ya realizó una denuncia penal por los contratos vinculados a la vigilancia de predios.