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Luego de que el directorio de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) aprobara el pasado miércoles 22 de enero, la presupuestación de 481 funcionarios, algo que había sido criticado por el Frente Amplio, la Mesa Política del Frente Amplio en Florida emitió un comunicado crítico con este hecho.
“Se entiende que la forma en la que se realizan estas 481 presupuestaciones, donde claramente se benefician personas vinculadas directa o indirectamente con el gobierno actual, algunos de ellos personal de confianza política, vulneran la posibilidad de acceso al trabajo, por ejemplo, de floridenses que en la actualidad carecen de posibilidades de empleo”, expresa el mensaje.
Además, los frenteamplistas floridenses rechazan “este tipo de actuaciones” que consideran que, “si bien pueden estar amparadas en el marco legal que regula estos aspectos en ASSE, se dan a pocas semanas de finalizar el período de gobierno y luego de conocido el resultado electoral que cambia la orientación política nacional”.
En una rueda de prensa el mismo miércoles, el presidente del organismo, Marcelo Sosa, defendió la definición del directorio y respondió a las acusaciones de “clientelismo” que surgieron tras estas presupuestaciones.
“Lo descarto, absolutamente. Acá no se presupuesta ningún director de hospital, ningún subdirector, ningún director de Red de Atención Primaria (que es la otra unidad ejecutora que existe en ASSE), ningún subdirector de ninguna RAP, ningún gerente ni ningún director regional”, enfatizó Sosa.
Del total, dijo, unos 406 (un 84%) cumplen tareas en servicios asistenciales —como médicos o enfermeros—, mientras que los 75 restantes (16%) son para funciones técnicas —informáticos, contadores, abogados o arquitectos—, explicó.
De esta manera, sostuvo que el criterio utilizado fue el mismo que se usó en 2011, que fue el último aprobado por ASSE; a su vez, aseveró que las contrataciones se dieron de acuerdo con las condiciones establecidas por la ley (el artículo 482 de la Rendición de Cuentas de 2022, aprobada un año después).
“Esto es un derecho que tienen los funcionarios a través de una ley aprobada; el directorio de ASSE tiene que aplicar la ley”, apuntó.
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