Uruguay presenta “señales inquietantes” respecto a la libertad de prensa generadas por funcionarios, personas públicas y “algunos grupos de militantes” que “utilizan los tribunales para lograr amparos” y así “acallar” a periodistas y medios de comunicación.
Así lo afirma la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en su informe de medio año difundido este viernes en el que detalla que en los últimos meses “hubo múltiples denuncias” penales y civiles en contra de periodistas de la prensa escrita y la televisión, en las que se exigieron indemnizaciones millonarias.
Entre los casos más destacados el documento refiere al de la diseñadora de modas Carmela Hontou, quien demandó al diario argentino La Nación y a su corresponsal, Nelson Fernández, también director del programa Subrayado, de Canal 10 de Uruguay, por la publicación de una noticia calificada de “totalmente falsa”.
“La demanda por daños y perjuicios es por 85.000 dólares estadounidenses por dos notas del 16 y 17 de marzo de 2020 sobre la pandemia de la covid-19 y la responsabilidad de la diseñadora por haber asistido a una boda después de haber contraído la enfermedad en Europa de la que luego aparecieron los primeros contagios”, dice el informe.
Además, se suman los casos de una contadora exfuncionaria contratada por la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos que demandó en la Justicia civil reparaciones millonarias en contra de los programas televisivos Polémica en el bar, de Canal 10; Séptimo día, de Teledoce, y Santo y Seña, de Canal 4 y en contra de Orlando Petinatti, conductor de Malos pensamientos, de Azul FM, emitidos en 2020.
“Los abogados de los canales argumentaron que las demandas no cumplieron con los límites de tiempo, ya que la ley de prensa establece un plazo de hasta 90 días para ese tipo de reclamo”, señala el documento de la SIP.
Finalmente, en la ciudad norteña de Tacuarembó el juez José Ignacio Silvestri anuló la denuncia contra los periodistas Sebastián Ríos y Jorge del Pino, de la radio La Kandela, a quienes la Fiscalía pretendía condenar con prisión por difamación e injurias.
Según la sentencia de nulidad, la fiscal encargada del caso actuó en “flagrante apartamiento” de lo que la ley dispone en materia procesal.
EFE