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El 20 de junio, en el marco del Consejo de Salarios, el Poder Ejecutivo formuló una nueva propuesta de cláusula de paz para el conflicto en torno al sector lácteo. Sin embargo, esta segunda iniciativa fue rechazada “en forma inmediata” por la dirigencia de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL), la que “reiteró las amenazas de afectar las exportaciones”.
En este sentido, la Cámara de la Industria Láctea del Uruguay (CILU) precisó, en primer lugar, que “se mantiene la propuesta económica que es significativamente mejor que los lineamientos del Poder Ejecutivo” (de una recuperación de 1,6 % en 18 meses) y de “la mayoría de los convenios firmados en otras ramas de actividad”. De acuerdo con un comunicado emitido por la cámara empresarial, la CILU “estaba dispuesta a aceptarla”.
Asimismo, en la misiva se subraya que la nueva cláusula propuesta por el Ministerio de Trabajo (MTSS) no dispone un compromiso de paz para las siguientes situaciones: reivindicaciones salariales “originadas por actualizaciones tecnológicas futuras y ya concretadas, en cuanto no hayan sido puestas en funcionamiento”; reestructuras operativas o funcionales; afectación de condiciones de trabajo no vinculadas a aspectos salariales; afectación de fuentes laborales, o “cualquier acto o decisión de similar tenor no vinculado directamente con aspectos salariales”. Los lineamientos del Ejecutivo, además, dejan establecidos “a texto expreso” que “en ningún caso se restringirá de ninguna forma las instancias bipartitas o tripartitas en la que pueda plantearse o negociar sobre cualquier asunto que las partes entiendan pertinente”, subraya la CILU citando la mencionada propuesta.
De esta forma, el sindicato “desestimó, sin ningún análisis”, la nueva cláusula de paz, arremetieron los empresarios. Esta postura “amenaza” con afectar “irresponsablemente” las exportaciones, lo que podría tener consecuencias para “la totalidad de la cadena láctea” pero también para “los intereses del país”, añaden en el documento.
Finalmente, la CILU llamó a “la reflexión de todos los trabajadores, autoridades, partidos políticos y organizaciones sindicales” ya que, a su entender, “se está poniendo en riesgo la credibilidad y futuro del país con serias e irresponsables amenazas a un sector que orgullosamente ofrece extraordinarios beneficios laborales”.
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