El gobierno decretó la extensión de la concesión por 50 años a Katoen Natie, la principal accionista de la Terminal Cuenca del Plata (TCP), quien se especializa en la operativa de contenedores en el Puerto de Montevideo.

En un informe al que accedió M24 (97.9 FM) el Catedrático de Derecho Constitucional y dirigente colorado, Rubén Correa Freitas, dijo que este acuerdo "generó un monopolio ilegal e inconstitucional".

Las cláusulas contenidas en el acuerdo dan cuenta que la empresa "tiene preferencia absoluta en lo que se refiere a las operaciones de atraque de los buques y en la carga y descarga de los contenedores", agregó.

Correa Freitas sostuvo que nuestro ordenamiento jurídico prevé que para que exista un monopolio en favor de una empresa privada, "se requiere una ley sancionada por el Parlamento, por dos tercios de votos del total de componentes de cada Cámara; conforme al art 85 numeral 17 de la Constitución de la República" , agregó el jurista.

Para el constitucionalista los decretos del Poder Ejecutivo de 2021 "establecen una preferencia absoluta a favor de una empresa en particular", así como "la imposibilidad" de que ANP autorice grúas pórtico fuera de la Terminal, sino también cualquier otro tipo de equipamiento especializado, lo que contradice disposición de los decretos reglamentarios (de 1992) de la Ley de Puertos, en los que "se ratifica la libre competencia".

Es "absolutamente claro" que se violó el requisito constitucional con la "exclusión ilegitima de la competencia de otros operadores portuarios", como es el caso de Montecon, sostuvo Correa Freitas.

Además señala que en la Constitución "hay una clara protección de la competencia, porque el principio que consagra la Constitución es el de la libertad", y menciona la de industria, comercio y trabajo.