Continúan las repercusiones de la extensión del acuerdo entre el gobierno con Katoen Natie hasta 2081 para operar la principal terminal del puerto de Montevideo, la Terminal Cuenca del Plata (TCP).

Ahora, tras la divulgación del acuerdo y un nuevo reglamento, la otra empresa que opera en el puerto, Montecon, que arrenda la terminal pública, denuncia que el gobierno decretó un monopolio en la actividad portuaria.

En este sentido, el gerente general de Montecon, Juan Olascoaga, dijo a Montevideo Portal que Montecon muy probablemente cierre y, en caso de que no llegar a un acuerdo con el gobierno, irá a juicio contra el Estado uruguayo.

Concretamente, según consignó el diario El País, el nuevo decreto del gobierno, firmado por Luis Lacalle Pou y todos sus ministros, estableció un nuevo Reglamento General de Atraque de Buques del Puerto de Montevideo en el que elimina la competencia entre TCP (propiedad de Katoen Natie en un 80 % y de la Administración Nacional de Puertos en un 20 %) y Montecon, ya que privilegia a la terminal especializada.

El nuevo reglamento consignado por el matutino indica que "la Administración Nacional de Puertos (ANP) deberá priorizar el atraque de buques y barcazas portacontenedores en la terminal especializada y solo podrá decretar los mismos en los muelles multipropósito (de Montecon) en caso de que la terminal especializada se encuentre ocupada" durante las 24 horas siguientes al momento de firmar resolución sobre el atraque.

En resumen, los buques deberán sí o sí ir a la terminal de Katoen Natie excepto que ya no haya lugar.

Olascoaga manifestó que esta decisión probablemente implique el cierre de Montecon, que actualmente genera 700 puestos de empleo directo. Esta empresa, que actualmente es de capitales chilenos y canadienses, "ha invertido más de 160 millones dólares en el transcurso de su historia en maquinaria y equipamiento y le ha aportado a la ANP más de 100 millones en concepto de uso de áreas y cánones".

Según dijo el gerente general de la empresa, hasta la actualidad la competencia entre los operadores del puerto ya era "desigual" porque Montecon opera los muelles públicos multipropósito y Katoen Natie opera una terminal especializada, pero actualmente es Montecon quien abarca un mercado mayor de contenedores.

Olascoaga sostuvo que los operadores de TCP "hace años, durante varias administraciones", justifican que deberían "tener el monopolio del puerto de Montevideo por ser terminal especializada, cosa que no está dicha en ningún lado, ni en la propia ley ni en la concesión".

"Durante 15 años presionó al gobierno en la tres administraciones pasadas. Nunca tuvo éxito. Ha tenido una muy mala relación con la autoridad portuaria y con el gobierno", dijo Olascoaga, quien dijo que la empresa competidora "ha amenazado con irse" en alguna ocasión.

No obstante, según dijo, "en oportunidad de este cambio de gobierno vio una ventana y empezó a amenazar nuevamente con un juicio internacional". De hecho, cuando el gobierno anunció el acuerdo por 50 años más (a los 10 que aún faltaban) con Katoen Natie, se argumentó que Uruguay había zafado de un juicio internacional por 1.500 millones de dólares.

Según Olascoaga, "ya de por sí, por el monto que estaba reclamando, 1.500 millones de dólares, parece poco serio", porque "ninguna empresa tiene un lucro cesante de 1.500 millones de dólares, por más que la rentabilidad de la empresa sea altísima".

"Obviamente es un reclamo que la verdad que parece totalmente payasesco. Aparte, a juicio nuestro y a juicio de todos los gobiernos anteriores, (el reclamo es) totalmente infundado desde el punto de vista legal. Si el Estado hubiera ido al juicio lo hubiera ganado tranquilamente como ganó el juicio contra Aratirí y como le ganó a Philip Morris. No había ningún riesgo de perderlo", expresó Olascoaga.

"El gobierno nuevo, que por otra parte fue creador de la Ley de Puertos (votada en 1992 durante el gobierno de Luis Lacalle Herrera), lo que es una contradicción, entendió que había una base jurídica y negoció (...) una prórroga de la concesión por 50 años, algo inédito, o sea que por 60 años más vamos a tener una única terminal especializada, 10 años que le quedan de concesión más 50 años adicionales, o sea hasta el 2081", añadió.

Entre otros "privilegios adicionales" que denuncia Olascoaga a partir del acuerdo, "a las líneas navieras, que hasta ahora voluntariamente tienen la libertad de elegir con quién operar en base a contratos existentes, las obliga a operar tácitamente con TCP, salvo que TCP no los pueda operar, en cuyo caso podrán ir a los muelles públicos".

"Es impulsar a que TCP se lleve toda la carga y es empujar a que Montecon no tenga sentido operativo y tenga que cerrar", dijo y luego agregó: "Además del cierre de Montecon, se va a generar un monopolio donde las líneas navieras necesariamente van a tener que negociar contratos con TCP o irse del puerto de Montevideo, que algunas nos han manifestado que si son obligadas están analizando la posibilidad de no venir más a Montevideo".

A su vez, Olascoaga denuncia que "se desregulan tarifas". "Algunas tarifas que se cobraban a las líneas navieras tenían topes y en esta innovación que este gobierno hace se desregulan las tarifas, por lo cual no solamente se configura un monopolio sino que encima de todo se está configurando un monopolio desregulado".

Falta de diálogo

Olascoaga denunció que el ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, "cada vez habla en forma más vehemente" sobre el tema, "como que pretendiera levantar la voz para defender lo actuado".

En este sentido, el gerente de Montecon señaló que algunos gobernantes han salido con declaraciones "totalmente infelices" que "no reflejan la verdad".

"Se han dedicado a transmitir que Montecon ha operado en un régimen irregular, que Montecon no ha pagado canon, que Montecon no ha invertido, que Montecon ha usufructuado áreas precarias, y eso no es cierto", apuntó.

Olascoaga manifestó que "Montecon siempre actuó en el régimen legal" y "paga un canon por el uso de las áreas", e incluso aseguró que su empresa paga "un canon mucho más caro por movimiento de contenedores" que su competidor.

Consultado acerca de la posibilidad de llevar a juicio esta situación, el gerente manifestó que en primer lugar quieren tener "la posibilidad de dialogar con el gobierno", algo que hasta ahora no han conseguido, según dijo.

"Pero obviamente, en caso de que esto no prospere, no descartamos ninguna acción legal. Nosotros creemos firmemente en el sistema jurídico vigente tanto de Uruguay como internacional", dijo y añadió que irán a juicio "en caso de necesidad".

"Obviamente tenemos que defender los intereses de los accionistas, defender los intereses de los 700 trabajadores directos y de los clientes", aseveró.

"No queremos ningún privilegio, lo que sí queremos es que nos dejen competir y que no le den privilegios a otro competidor más allá de lo que debe tener por ser terminal especializada", agregó.