El Tribunal de Apelación de Nanterre, a las afueras de París, confirmó la decisión del 14 de abril contra Amazon, lo que restringe temporalmente el trabajo en sus seis centros en Francia -que están cerrados por decisión propia de la empresa- a la recepción y el envío de bienes esenciales, en una lista a la que se han añadido, por ejemplo, el material informático y tecnológico.

La plataforma está obligada a evaluar, en coordinación con los representantes del personal, "los riesgos profesionales inherentes a la epidemia del COVID-19 en el conjunto de sus almacenes" en Francia.

La empresa tiene suspendida su actividad en esas instalaciones por decisión propia desde el pasado 15 de abril y, tras un par de prórrogas, de momento hasta este sábado.

La multa a la que se enfrentaba en caso de no respetar el dictamen hasta la presentación de su evaluación fue en un primer momento de un millón de euros por infracción, cifra rebajada este viernes a 100.000 euros.

Amazon indicó que va a analizar las consecuencias de esa nueva decisión tanto para la compañía como para sus colaboradores, clientes y "numerosas empresas", tanto pequeñas y medianas como microempresas, "que cuentan con Amazon para desarrollar su actividad".

Los sindicatos Sud y Solidaires llevaron a la firma estadounidense ante la Justicia porque consideraban que estaba primando sus beneficios económicos frente a la salud de su personal en plena pandemia del coronavirus.

La plataforma indicó en un principio que su primera condena les había dejado "perplejos" porque habían aportado pruebas de las medidas de seguridad aplicadas.

Según sus cifras, ha distribuido más de 127.000 paquetes de toallitas desinfectantes, más de 27.000 litros de gel antiséptico y más de millón y medio de mascarillas, además de aplicar controles de temperatura y medidas de distanciamiento social. EFE