El paso fue calificado de “histórico” durante las sesiones del G7 que se realizaron el primer fin de semana de junio en Londres, donde consideraron que se estaban sentando las bases de una “nueva fiscalidad internacional”.

La iniciativa busca que las empresas paguen en los países donde venden sus productos y servicios y no en donde declaren sus beneficios. De esta forma, buscan disuadir a las multinacionales de trasladar sus ganancias a países con baja tributación, independientemente de dónde realicen sus ventas.

Por el lado de las empresas, se espera que los más afectados sean gigantes tecnológicos como Amazon, Google o Facebook, que, hasta ahora, tienen la posibilidad de tributar en un país con condiciones fiscales ventajosas el negocio que generan en otros países.

Apple por ejemplo, vende sus productos por toda la Unión Europea (UE), pero tributa una gran parte de su facturación en Irlanda, donde el tipo nominal del Impuesto de Sociedades se sitúa en el 12,5%.

Irlanda no es, sin embargo, el único país del mundo con tasas por debajo del 15%. Hungría, ejemplo, tiene actualmente una tasa del 9% y Bulgaria del 10%. Sí, además, prosperara la idea inicial de Joe Biden de que se utilizara el 21% como referencia, otros países europeos como Países Bajos, Lituania y Letonia, todos ellos hoy en día con tasas del 15%, pasarían a estar dentro de los perjudicados.

“Establecer un impuesto mínimo mundial a las ganancias de las corporaciones es- además de algo que no va a funcionar – un ataque directo a la soberanía de cientos de estados y jurisdicciones, y la aceptación implícita de que el sistema de alta tributación no funciona y que, por ende, hay que imponerlo por la fuerza”, advierte Litwak, fundador y CEO de UntitledLegal, una firma de abogados boutique de servicios legales especializada en planificación patrimonial internacional y el establecimiento de fondos de inversión.

Para Litwak no hay un solo aspecto positivo en el acuerdo que se gestó en el seno del G7. Considera que la medida ataca la “competencia fiscal”, que “siempre beneficia a los pagadores de impuestos” y, como contrapartida, favorece la “cartelización” de lo que llama “estados voraces”.

Esta cartelización, dice el abogado, pone a los países del G7, que “están siendo gestionados de manera ineficiente, están profundamente endeudados y por ende necesitan recaudar mucho dinero”, contra los estados que “tienen un tamaño razonable y son administrados de manera eficiente, quienes serán forzados a recaudar más de lo que precisan”.

Litwak sostiene que los que paguen este impuesto no serán las empresas, sino que se trasladara esa carga a los consumidores, al incrementar las compañías sus precios de venta. “Los Estados pueden determinar quién debe ingresar el impuesto a sus agencias recaudadoras, pero no quien termina pagándolos”, reflexiona.

Otro argumento de los que esgrime es que el mínimo universal será “un obstáculo para la capacidad de los países pobres para atraer inversiones”, ya que se les “privará de competir a nivel impositivo”.

El experto también apunta contra los que defienden que el mínimo universal acabará con los paraísos fiscales: “La realidad es que, mientras haya en el mundo inseguridad jurídica y una voracidad fiscal sin precedentes, continúen los ataques contra la privacidad y los derechos de propiedad de las personas, habrá paraísos fiscales para rato. ¡Y la suerte que tenemos de que sigan existiendo!”.

Si bien el G7 no tiene capacidad formal para establecer cambios en el régimen impositivo global, los analistas sostienen que un pacto en el seno de este grupo supondría un poderoso impulso para alcanzar un acuerdo en las negociaciones formales que se están desarrollando al respecto en el G20 y en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). A esto Litwak agrega que, el respaldo de Washington a la medida “ha sido sin dudas un punto de inflexión”.

“El mismo Biden reconoce, sin que le caiga la cara de vergüenza, que, sin un mínimo global, el país no podría financiar su proyecto de infraestructura de 2 billones de dólares a través de un aumento de impuestos de 28%, como es la intención de su presidente y su equipo económico”, sostiene el argentino.

Los gobiernos, en tanto, podrán seguir fijando la tasa de impuestos local que deseen, pero si las empresas pagan intereses más bajos en un país concreto, sus gobiernos de origen podrían "completar" sus impuestos hasta el tipo mínimo, lo que elimina la ventaja de trasladar los beneficios.

“Los impuestos no son más que un componente de los precios de los bienes y servicios que adquirimos y consumimos a diario. Dado que sabemos desde hace 4.000 años que ni los precios mínimos, ni los precios máximos ni los precios sugeridos funcionan, forzoso es concluir que lo mismo pasa con relación a los impuestos”, concluye Litwak.

Montevideo Portal