Un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) presentado este viernes en Bogotá pronostica que el 70% de los jóvenes latinoamericanos trabajarán en el sector de servicios públicos y empresas en 2030 y dejarán la agricultura y la construcción, transición laboral que “disminuye la productividad de la región”.

El informe, elaborado en colaboración con la ONG Ayuda en Acción, alertó que la juventud estará en riesgo de precariedad laboral y desempleo por la falta de políticas públicas específicas en el sector de servicios.

En 16 países de la región 1,2 millones de jóvenes dejarán de trabajar en el sector agrícola y 640.000 dejarán el sector de la manufactura, lo que supone que más de 1,8 millones comenzarán a trabajar en el sector de servicios públicos y empresas.

Frente al 70% de los jóvenes que trabajarán en servicios públicos y empresas, comercio y servicios básicos, solo un 13,3% estarán empleados en manufactura, un 8,2% en agricultura y un 7,4 % en construcción.

El oficial de Asuntos Económicos de Cepal, Andrés Espejo, reivindicó en la presentación del informe que a esta transición hacia un sector laboral “menos productivo” se le suma la baja productividad de la región, que “se ha estancado” y ha reducido la creación de empleos formales y de calidad.

Espejo aseguró que los mercados laborales de Latinoamérica y el Caribe se caracterizan por “problemas estructurales, desigualdad y desventaja por parte de los jóvenes”, y agregó que estos últimos tienen más dificultad para encontrar empleos y que, cuando los encuentran, están peor remunerados y en peores condiciones.

Según los datos del informe, recopilados en 2022, el salario de más del 20% de los trabajadores de entre 15 y 29 años está por debajo de la línea de la pobreza, y el 37% reciben salarios menores al mínimo nacional.

Por otro lado, el 31% de personas de esa misma franja de edad se encontraban en situación de pobreza y el 8,5% en situación de pobreza extrema.

Espejo manifestó que el principal desafío es la elaboración de unas políticas públicas que aseguren “la equidad, la inclusión y el desarrollo sostenible” para regular el empleo juvenil e impedir que los jóvenes vivan de forma precaria.

En este sentido, la Cepal y Ayuda en Acción plantearon unas “áreas clave de acción” para enfrentar estos desafíos, entre las que resaltaron la formalización del empleo juvenil, la generación de empleos de calidad, la reducción de brechas de género y la inversión en educación y formación.

Un 50 % de los jóvenes empleados están contratados de manera informal y la cifra se manifiesta en mayor porcentaje entre los que viven en entornos rurales, cuya tasa de informalidad laboral es un 20% más alta que en las zonas urbanas.

La ministra de Trabajo de Colombia, Gloria Ramírez, hizo especial hincapié en la población de las zonas rurales colombianas. “La gente que está en el campo no tiene acceso a sus derechos laborales”, aseguró, y añadió que “el horizonte de los jóvenes no puede ser la incertidumbre”. 

También se manifestó en este sentido la directora de Cepal en Colombia, Ángela Penagos, quien hizo un llamado a reflexionar sobre el mercado laboral rural. “No hemos entendido el rol de la ruralidad en la comunidad colombiana. Entender esto es entender el apoyo entre nuestros países”, afirmó.

EFE.