Luego de que la semana pasada quienes están al frente de la empresa Conexión Ganadera admitieran una diferencia entre el pasivo y los activos por US$ 250 millones, varios abogados que respaldan a parte de los 4.200 afectados trabajan en distintas estrategias legales de defensa.

“La situación transmitida a los inversionistas es que hoy por hoy Conexión Ganadera está con un pasivo de US$ 400 millones de dólares en cuanto a dinero de los inversionistas y un activo que ronda los US$ 150 millones, tanto en cabezas de ganado, como en créditos a cobrar y demás. No tenemos mucho el detalle de ese activo, pero según las cifras entregadas ronda los US$ 150 millones; no todo es cabezas de ganado”, había indicado el pasado miércoles el abogado representante de varios inversores, Sebastián Dotta, en diálogo con Valor agregado de radio Carve.

Ante esto, la compañía planteó reperfilar el negocio bajo un esquema de acuerdo privado con los inversores.

La complejidad de la situación llevó a que el presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo, Ángel Urraburu, trazara un paralelismo con la crisis de 2002. “Tal vez no se ha tomado dimensión, pero es una cantidad de gente asimilable a los damnificados por la crisis bancaria de 2002”, afirmó Urraburu, en una entrevista con La Diaria publicada este sábado.

Este lunes el estudio liderado por la defensora Graciana Abelenda presentó ante la Justicia un escrito para solicitar que se lleve a la empresa a concurso necesario de acreedores, según informó El Observador y confirmó Montevideo Portal con la letrada.

Días atrás otros dos abogados que defienden a clientes de Conexión Ganadera: Ignacio Durán y Pablo Decia elevaron reclamos específicos a la Justicia.

“Estamos aconsejando a nuestros clientes que tomen acciones de resorte penal, con cierre de fronteras y medidas para con determinados bienes. Nos parece importante al menos cuidar el activo que dicen que queda y evitar que la cara visible de la empresa, Pablo Carrasco, se pueda ir del país”, afirmó Durán.

El abogado adelantó así que seguiría los mismos pasos que han llevado adelante inversores representados por Juan Pablo Decia y presentará una denuncia penal por “estafa y apropiación indebida”.

Además, el abogado Leonardo Costa, que mantuvo días atrás una reunión con 550 personas damnificadas, con diversas situaciones, afirmó este lunes que no se estaba regulando de forma adecuada a esta ni a las otras dos empresas ganaderas (Grupo Larrarte y República Ganadera) con situaciones financieras similares.

“No digo que ni República Ganadera, ni Conexión Ganadera, ni ninguno de estos son esquemas de lavado de dinero, lo que sí quiero decir es que algún grado de regulación tenían y ese grado de regulación, que era por prevención de lavado, no se estaba dando”, apuntó Costa en entrevista con Radio Sarandí.

En tanto, este domingo Montevideo Portal accedió a un correo que le envió Pablo Carrasco, director de Conexión Ganadera, a los inversores de la firma. Allí dijo que la próxima reunión será en la tarde de este martes 28 de enero.

“Todos saben que no me ocupaba del manejo financiero de la empresa, por tanto, me sentí y me siento absolutamente sorprendido con los primeros resultados del relevamiento realizado”, escribió.

“Entiendo que el mismo, requiere aún ajustes y revisiones en forma de auditoría profesional y especializada. En tal sentido, en ese momento siguiendo las obligaciones legales, expresé que debíamos transitar de inmediato el camino del concurso voluntario”, añadió.

Carrasco dijo que fue informado sobre “la voluntad y organización ya avanzada de un grupo de inversores que, previo a cualquier intervención judicial, han planteado participar de inmediato en una planificación respecto a los activos de la empresa”.

Además, señaló que a partir del domingo solo se podría “entregar ganado con ‘orden judicial’”, para ofrecer “garantías a todos”.

De todas maneras, en diálogo con Montevideo Portal, la abogada Abelenda explicó que se tomó la medida legal de solicitar el concurso obligatorio “procurando avanzar con medidas para preservar el patrimonio de las víctimas”.

“Además, buscamos evitar que sigan pasando los días sin conocer la realidad, partiendo de que las oficinas están cerradas y lo que ven en el Sistema Nacional de Información Ganadera (SNIG) puede o no ser cierto”, manifestó.

Abelenda asesora a alrededor de cien damnificados, aunque el concurso necesario fue promovido inicialmente sobre seis damnificados, según planteó, “por una cuestión de actuar lo más rápido posible”.

El abogado Costa, por su parte, dijo a Sarandí que Conexión Ganadera tiene varias empresas vinculadas, entre ellas “un frigorífico, una comercializadora de ganado (que se llama Hernandarias), una comercializadora de carne y la familia Basso tiene una casa de cambio”. “Me parece que es por ahí que hay que analizar si no se estaba haciendo captación de inversión”, expresó.

“Es un negocio muy común en el campo que yo tengo plata para comprar vacas y vos tenés campo, entonces yo te digo: 'Vamos a comprar y nos hacemos socios en la cantidad de kilos que se gana'. Eso claramente es economía real y no es intermediación financiera”, analizó.

El problema radica, dijo, “cuando eso se hace masivo y yo ya dejo de comprar un animal o dejo de invertir en kilos para pasar a directamente dar inyección de capital a cambio de una rentabilidad”.

“Vos me decís: 'Necesito $10'. Yo te contesto: 'Está bien, pero te cobro tanto por ciento'. Si lo hago por única vez, eso no es un problema, pero si lo hago de forma masiva es captación de ahorro público y es ilegal”, observó. “Entonces, los límites a veces se entran a desdibujar”, sumó.

Costa dio cuenta de que, como abogado de la Bolsa de Valores, presentó hace algunos años una consulta al Banco Central sobre estos temas. “La respuesta del Banco Central fue la que estos días también reiteró: en la medida que sea un negocio de capitalización y que estén comprando ganado, eso no es problema”, contó.

Asimismo, habló de “un detalle que ha pasado inadvertido” en el que “hay omisión de parte del Estado”. “Estos mecanismos consisten en administrar fondos, valores o dineros. Eso, cuando uno mira el artículo 13 de la ley de lavado, dice que las personas físicas o jurídicas que administren bienes, dineros o valores son sujetos obligados”, explicó. “Y eso no se estaba regulando”, completó.