Autoridades, dirigentes políticos, precandidatos presidenciales, diputados y senadores, representantes de la industria audiovisual y analistas debatieron hoy en el hotel Hyatt en Montevideo sobre la evolución de las telecomunicaciones en el país y América Latina, y la necesidad manifiesta de evolucionar en las regulaciones para el fomento de la conectividad y el acceso a la información y el entretenimiento.

El evento fue organizado por Vrio Corp, matriz de DIRECTV Latin America y SKY Brasil, para compartir con los protagonistas de la discusión pública estrategias para reducir la brecha tecnológica e incorporar a cientos de miles de personas a la economía digital, con mayor asequibilidad y calidad en los servicios.

Participaron del evento Mercedes Aramendía, presidenta de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec), y Gustavo Delgado, vicepresidente del organismo; Gonzalo Ramallo, de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados (CUTA); Guzmán Acosta y Lara, exdirector de Telecomunicaciones; Juan Casaravilla, gerente general de TCC; Edgardo Otuño, director de OSE, entre otros.

Vrio Corp. presentó un policy paper realizado sobre la base de una exhaustiva investigación en el que indica que a nivel regional existe un juego anticuado de reglas que no promueven la competencia y el desarrollo de inversiones de empresas locales. Este hecho se traduce en asimetrías de costo y atentan contra la generación de valor a nivel local y la democratización de acceso a la tecnología y la digitalización.

“Los marcos regulatorios en América Latina no están adaptados a un contexto de convergencia extrema y crean un panorama competitivo desigual: las empresas tradicionales de TV paga son tratadas como si fueran un servicio público, con pesadas regulaciones, barreras de entrada y altos impuestos y obligaciones accesorias”, comentó Silvana Lettieri, country manager de DIRECTV Argentina y Uruguay.

En el mismo sentido, Pedro Bentancourt, vicepresidente de Asuntos Económicos, Externos y Regulatorios de Vrio Corp, expresó que las compañías de TV Paga están sujetas a obligaciones de transmisión (must carry); costos de sociedades de gestión colectiva; y reglamentos de atención al cliente estrictos con los que cumplen, mientras que las plataformas OTT acceden al mercado sin enfrentar casi ninguna de esas exigencias.

En el debate hubo entendimientos acerca de que un contexto de convergencia extrema—un fenómeno en que las fronteras entre TV, cine, videos caseros, internet, telefonía se desdibujan—que torna urgente una revisión de la normativa para igualar condiciones, crear nuevas oportunidades de crecimiento y estimular inversiones para que esta industria entregue beneficios ciertos y tangibles a los clientes en condiciones de real competencia por el servicio.

“Sin dudas, este es el único camino para asegurar la universalización de la conectividad en América Latina y aprovechar los beneficios de la revolución digital. Si el sector privado y el público pueden debatir y evolucionar el marco normativo, se crearán condiciones más propicias para la generación de cientos de miles de empleos en la industria en la región”, agregó Lettieri.

La alta carga impositiva y normativa impuesta a las empresas que ofrecen conectividad y TV paga, este sector ha reducido su capacidad de crecimiento y la posibilidad de realizar las inversiones de gran magnitud asociadas a la intensa innovación tecnológica de esta industria.

“Este proceso deriva en una inversión efectiva inferior al nivel potencial y contribuye a la persistencia de una preocupante brecha digital. En América Latina, el 49% de los hogares no tiene acceso a Internet y el 67% no está suscrito a la televisión paga”, comentó Bentancourt sobre la situación actual y la pérdida de potencial que registra el sector privado para desarrollar más velozmente el mercado tecnológico por los marcos regulatorios desactualizados.

El ejecutivo concluyó que el actual escenario es negativo, porque las operadoras de televisión paga están sujetos a normativas del siglo XX, que limitan sus posibilidades de invertir más, y por otro lado las plataformas en línea se enfrentan a la incertidumbre reglamentaria, tanto en lo que respecta a su posición actual ante los organismos reguladores como sobre las futuras normativas que podrían impulsar sus negocios e inversiones.

“Los riesgos para las empresas tradicionales son muy claros. La continuación del status quo producirá un daño irreparable a sus negocios, al desarrollo tecnológico regional, y limitará las oportunidades de invertir e innovar, perjudicando así a toda la economía. La mejor alternativa es unir fuerzas e ideas con las plataformas y el sector público para generar una evolución concreta y sostenida”, dijo Bentancourt.