Abogados de las empresas Katoen Natie y Montecon, ambas concesionarias del puerto de Montevideo, cruzaron declaraciones este martes en un contexto de discusión acerca de un decreto del Poder Ejecutivo que prácticamente otorga el monopolio de la operativa portuaria a la Terminal Cuenca del Plata (TCP), en manos de Katoen Natie en un 80 % y un 20 % en manos de la Administración Nacional de Puertos (ANP).

En diálogo con el diario El País, Augusto Durán Martínez, abogado de la belga Katoen Natie (a la que el gobierno le extendió la concepción de TCP hasta 2081), dijo que "esta es una actividad regida por el derecho de la competencia, pero tratándose de servicios de interés económico general como es el de la actividad portuaria, para que exista una adecuada actividad regida por la competencia, entre otras cosas, se produce el corte vertical de actividades".

"Es decir, por un lado está la construcción y manejo de las infraestructuras y, por otro lado, las actividades en sí. Esas actividades son las que pueden actuar normalmente en competencia, pero el manejo de las infraestructuras no. Miremos lo que pasa en la navegación aérea, las aerolíneas compiten entre sí, pero no es posible que cada una tenga un aeropuerto propio. Lo mismo pasa en el puerto, es una actividad que no se adecúa bien a la competencia", explicó.

Durán Martínez dijo que "cuando hubo licitaciones para (hacer) más de una terminal no hubo oferentes y no los hubo porque todos se dieron cuenta de que no hay espacio comercial para más de una terminal especializada", ya que de "la situación comercial hoy no admite otra terminal".

"Pretender ahora que haya una segunda terminal es jurídicamente un gran error, pero además contrario a los intereses del país", añadió.

Consultado sobre el eventual monopolio que se generaría con el nuevo decreto, dijo que TCP actualmente sufre un "gran perjuicio" porque Montecon (que opera en los muelles públicos multipropósito) recibe la mayor cantidad de clientes. "Todo ese tránsito debió haber sido por TCP pero el 60% fue para Montecon en forma ilegítima. No es un invento de ahora, esto está en el decreto de 1994 pero esto no se cumplió en los últimos 15 años. Es la base del conflicto. Habiendo una terminal especializada, los barcos no son libres de ir a una terminal u otra y la ANP no es libre de mandarlos a donde quiera. Los barcos tienen que ir a cargar y descargar allí, salvo en las excepciones como cuando la terminal esté agotada o se maneje alguna carga peligrosa, ahí se puede operar en los muelles públicos".

Consultado por Montevideo Portal, el abogado de Montecon, Gonzalo Lorenzo, dijo que "parece importante la sinceridad" de Durán Martínez, en el sentido de que "reconoce que se constituye un monopolio".

No obstante, dijo que "por supuesto que TCP no tiene derecho a un monopolio sino que además está establecido en la ley de concesión de TCP que increíblemente se soslaya por todos lados".

"No aparece por ningún lado en la ley que autoriza la concesión de TCP. (...) La ley dice que la terminal de contenedores asegurará la prestación de servicios en igualdad de condiciones a todos los que lo soliciten y a continuación dice que no se comprometerá restricciones para operar en otros sectores del puerto de Montevideo", agregó.

Según dijo, la ley 17.243 votada en el año 2000 está por encima de cualquier decreto anterior, y añadió que en el decreto de reglamentación de 2001 se indica que "la terminal prestará servicios en condiciones de libre competencia con otros operadores que actúen en otros muelles del puerto".

Lorenzo dijo que "Montecon ha actuado siempre conforme a la ley de puertos y a la reglamentación de la ley de puertos", al igual que "todos los operadores de contenedores que actúan en los mueles públicos".

Además, Lorenzo señaló que con el nuevo decreto aprobado por el gobierno "se viola la Constitución de la República", que en su artículo 85 establece, entre las competencias de la Asamblea General, "conceder monopolios, requiriéndose para ello dos tercios de votos del total de componentes de cada cámara".