Por The New York Times | Isayen Herrera and Anatoly Kurmanaev

José Colbi, un pandillero rehabilitado, sellaba botellas en la fábrica de ron Santa Teresa. El proyecto de la empresa ofrece oportunidades económicas y formación psicológica para las personas que se dedicaban a delinquir. (Adriana Loureiro Fernandez/The New York Times) Niños jugando al rugby en las calles de Sabaneta, mientras los miembros de Alcatraz repintan una escuela. La iniciativa contrasta con los intentos del gobierno venezolano de tolerar o exterminar a los criminales. (Adriana Loureiro Fernandez/The New York Times) Venezuela Politics and Government Gangs Rum Organized Crime Economic Conditions and Trends Vocational Training Ron Santa Teresa USA Bacardi Ltd Chavez, Hugo Maduro, Nicolas SABANETA, Venezuela — Solían usar la casa para esconder a sus víctimas de secuestro mientras esperaban el rescate. Ahora la están convirtiendo en una oficina dedicada al negocio de la distribución de ron.

El drástico cambio del mafioso Luis Oropeza y su pandilla forma parte de un inusual proyecto de reinserción social que ha traído una relativa calma a la ciudad de Sabaneta, mientras la anarquía afecta a gran parte de Venezuela.

Lo más sorprendente es que el programa también ha hecho que su fundador, el fabricante del Ron Santa Teresa, sobreviva —e incluso prospere— en un país donde la economía lleva años atrapada en una espiral descendente y su gobierno autoritario ha reprimido sistemáticamente a la disidencia.

En vez de unirse a las decenas de empresarios que huyen del país para escapar de los secuestros, las detenciones o la ruina financiera, la aristocrática familia Vollmer, que dirige Santa Teresa, optó por quedarse y comprometerse con las bandas criminales de Sabaneta y con el gobierno socialista que en su día prometió destruir a su clase social. En el proceso, los Vollmer han pasado de declararse en bancarrota a convertirse en exportadores de un galardonado ron añejo.

“Si te conviertes en un propietario ausente, no tienes la relevancia y la autoridad para sentarte con quien necesitas”, dijo Alberto Vollmer, de 53 años, el heredero de la familia que dirigió la reestructuración de la empresa. “Tienes que predicar con el ejemplo”.

El liderazgo de Vollmer también ayudó a romper el círculo vicioso de asesinatos y venganzas que había convertido a Sabaneta en una de las ciudades más violentas del país

“Queremos aprovechar esta oportunidad comercial para demostrar que es posible otra manera”, señaló Oropeza, el mafioso de 32 años, que relató que a los 16 años mató a su primera víctima.

Cuando el proyecto, conocido como Alcatraz, comenzó en 2003, los alrededores de Sabaneta registraban 174 homicidios por cada 100.000 habitantes, a la par que la capital de El Salvador a mediados de la década de 2010, cuando el país centroamericano tenía la tasa de asesinatos más alta del mundo.

Aunque el gobierno venezolano hace tiempo que dejó de publicar estadísticas, Santa Teresa calcula que la tasa ha bajado a una cuarta parte de esa cifra. Las pruebas anecdóticas parecen respaldar esa afirmación.

“A las 6 de la tarde a mí me daban ataques de nervios”, dijo Kerling Coronado, casada con uno de los antiguos pandilleros. “No podía dormir, yo sentía que me tumbaban la puerta, porque se empezaron a meter en las casas para matar a la gente”.

Santa Teresa sostiene que el 70 por ciento de los 216 pandilleros que pasaron por Alcatraz —un programa de reeducación de dos años que incluye juegos de rugby, sesiones de psicología y formación profesional— ya no llevan una vida delictiva. Más de 100 han sido contratados por la empresa.

Oropeza, el último cabecilla que ha pasado por Alcatraz, perdió a tres hermanos y dos primos por la violencia de las pandillas. A uno le dispararon 200 veces en la cara una Nochebuena, dijo; otro fue decapitado y sus enemigos usaron su cabeza como balón de fútbol.

“O eran ellos, o eras tú”, dijo Gregorio Oropeza, uno de los hermanos que sobrevivió y exmiembro de la pandilla, al referirse a la incesante violencia.

La mayoría de los 14 hombres que se inscribieron en el programa con Oropeza pasaron por la cárcel, habían matado o sus familiares fueron asesinados. Tuvieron que pasar varios años de negociaciones para que Santa Teresa superara el miedo de los pandilleros a ser emboscados por sus rivales o exterminados por la policía, y se sometieran a la reeducación.

Aceptar a Oropeza en el programa también supuso un reto para la empresa. En 2018, su pandilla mató a un guardaespaldas y amigo de Vollmer.

“Nosotros le pedimos a tanta gente que perdonara”, dijo Gabriel Álvarez, gerente del proyecto Alcatraz. “Cuando nos tocó a nosotros no podíamos dejar de hacerlo”.

Para intentar pedir disculpas al pueblo que una vez aterrorizaron, los miembros de la pandilla de Oropeza ahora están creando una empresa que distribuirá los productos de Santa Teresa, además de renovar una escuela y una iglesia.

“Ojalá este proyecto hubiera llegado antes”, dijo una vecina, Cristina Ladaez, de 40 años. “No hubiese habido tantas muertes”.

El hecho de que Alcatraz se dedique a ofrecer oportunidades financieras y formación psicológica a los pandilleros contrasta con los intentos del gobierno venezolano de tolerar o exterminar a los delincuentes. Las pandillas no han hecho más que crecer y coordinarse, según Verónica Zubillaga, socióloga venezolana que estudia el crimen organizado.

En un país en el que se calcula que tres de cada cuatro personas viven en la pobreza extrema, la delincuencia puede ser una de las pocas opciones disponibles para los jóvenes de los barrios marginales, dijo.

El colapso económico también destruyó la capacidad del gobierno para hacer cumplir la ley, lo que obligó a las empresas a buscar sus propias soluciones para enfrentar la delincuencia rampante, dijo Ricardo Cusanno, expresidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela.

Alcatraz ha demostrado ser una buena estrategia comercial para Santa Teresa, subrayando la capacidad de la empresa para combinar la conciencia social con el beneficio comercial.

El desmantelamiento de las pandillas locales redujo significativamente las amenazas de robo y secuestro contra las propiedades y los empleados de la empresa, dijo Vollmer. Los partidos de rugby organizados por Santa Teresa entre los antiguos miembros de las pandillas han sido una poderosa herramienta de mercadeo.

Y después de que Alcatraz se expandiera a las cárceles de Venezuela en 2007, los ejecutivos de Santa Teresa pudieron fomentar las relaciones con los jefes del hampa, protegiendo a la empresa de las cuotas de extorsión que asolan a la mayoría de las demás empresas del país.

“El crimen organizado tira de hilos invisibles”, dijo Vollmer. “Son claramente un actor muy importante en el país”.

Santa Teresa ahora es el mayor fabricante de ron de Venezuela, y este año superó sus ventas prepandémicas. Su producto estrella, un ron añejado llamado 1796, ha ganado múltiples premios y ahora está disponible en bares de lujo de todo el mundo, gracias a un acuerdo de distribución con el gigante del alcohol Bacardí.

Alcatraz es solo un ejemplo del novedoso enfoque de la empresa para gestionar el caos de Venezuela.

En el año 2000, cuando cientos de familias pobres invadieron la finca de la empresa con el apoyo del gobierno, Vollmer cedió voluntariamente parte de sus terrenos para una iniciativa de viviendas de interés social.

Esa iniciativa ayudó a que la empresa escapara de la expropiación y logró que Vollmer estableciera importantes relaciones con el gobierno de Hugo Chávez, quien en ese entonces era el presidente.

“Nosotros convertimos esta crisis en una gran oportunidad”, dijo Álvarez.

Fue una asociación insólita. Los Vollmer, cuyo linaje se remonta al héroe de la independencia Simón Bolívar, personifican a las élites hereditarias cuya riqueza, según Chávez, pertenece al pueblo.

“¡Oligarcas, temblad!”, dijo Chávez poco después de tomar el poder en 1999. Pasó los siguientes 14 años en el cargo nacionalizando sus empresas y dejándolas fuera de los lucrativos acuerdos de importación que durante mucho tiempo habían alimentado sus fortunas.

Las grandes empresas respondieron apoyando un golpe de Estado contra Chávez e intentando derrocarlo del poder mediante una huelga nacional de tres meses.

La colaboración de Vollmer con Chávez y su sucesor, Maduro, ha enfadado a muchos de sus colegas, que lo acusan de ayudar a un gobierno que ha destruido la democracia además de cometer graves abusos contra los derechos humanos.

Vollmer se encoge de hombros ante los ataques, señalando que es más fácil criticar desde el exilio que intentar crear un cambio positivo desde Venezuela.

“Comenzando en nuestro municipio, queremos construir una sociedad que sea mejor”, dijo.