Continúan las repercusiones de la renuncia de Pablo Iturralde al Honorable Directorio del Partido Nacional debido a una serie de chats publicados por Búsqueda entre este y el exsenador Gustavo Penadés, hoy imputado por 22 delitos vinculados con abuso sexual.

Durante la última audiencia, el jueves pasado, Alicia Ghione, la fiscal del caso Penadés, declaró que la Policía le entregó una “investigación livianita” y que el personal de Delitos Especiales de Crimen Organizado la “jodió” con la indagatoria sobre el exdirector del Comcar Carlos Taroco.

Taroco llevó a cabo una investigación paralela e ilegal sobre las víctimas de Penadés en la que intentó favorecer al exlegislador.

Según explicó Ghione, desde el equipo de Fiscalía se tuvo que pedir que se rehiciera un informe porque omitía partes importantes para el caso.

Sobre todo esto, Willian Rosa, presidente de la Asociación de Fiscales del Uruguay expresó a En Perspectiva que la trazabilidad de la información que se obtiene de la incautación de celulares hoy “a todas luces es precario”.

Para Rosa “lo ideal” sería que el trabajo entre Fiscalía y Policía en estos casos fuera “mancomunado desde un principio”.

Sin embargo, apuntó a que en Fiscalía hay “limitaciones de recursos, sobre todo recursos humanos”. Además, habló de una limitación en “las posibilidades que tiene la Policía, desde un primer momento”.

El fiscal explicó que la incautación de un dispositivo electrónico es potestad de la Policía, con previa orden de Fiscalía y una autorización de esta por parte de un juez.

De acuerdo con el caso y el tipo de Fiscalía (especializada o no) distintas dependencias de la Policía incautan los celulares. Ese material “necesariamente va a la Policía, por una cuestión de extracción y depuración”, apuntó.

“Eso a veces se hace conjuntamente, porque el material se extrae en bruto”, planteó y amplió: “Por un lado puede hacer la Policía una depuración y, por otro lado, la Fiscalía actúa a partir de determinadas palabras claves o elementos que se necesitan para la investigación”.

Otro elemento que destacó fue que “la información no necesariamente está en la carpeta fiscal”. “Muchas veces la Fiscalía dice: 'Estoy esperando que la Policía me haga el informe y/o que me traiga el contenido en algún formato de la extracción'. Por eso, se dan esos desfasajes de cuando la información está solo en la Policía y no está todavía en Fiscalía”, contó.

Rosa aclaró que puede existir una orden de un fiscal para que la Policía “depure” la información extraída de un celular por “no tener las herramientas para hacerlo”.

Detalló, además, que esa información “puede quedar en las dos instituciones”, pero que “usualmente queda resguardado en la Policía”.

Asimismo, dijo que “no está regulado” cuál es el criterio para depurar la información. “Es muy artesanal y depende de la organización de trabajo de cada Fiscalía”, manifestó y recordó un caso propio en el que se vio impedido de obtener información “de utilidad”. “Estuve como cinco días intentando y vino el denunciante y me dijo: 'La información está acá'“, planteó.

Para el presidente de la asociación de fiscales “evidentemente hay limitaciones” a lo que pueden acceder los magistrados “por la capacidad que tiene de análisis”.

“Si uno busca palabras clave, las que buscamos no son las que nos llevan a dilucidar una eventual responsabilidad, que es lo que se busca cuando se accede a una información de un teléfono”, concluyó.

Al no estar regulado este mecanismo, “depende mucho de la expertise y conocimiento que tiene cada uno de los equipos, tanto de la Fiscalía como de la Policía”, detalló Rosa y apuntó a que “el problema” es la “trazabilidad” y la “utilidad de la información.

En esta línea, también planteó que de eso depende que “la información después sirva para que en un juicio oral o en una eventual formalización no sea una información cuestionada”.

“Cuando vamos a un juzgado hay una defensa que cuestiona la forma en que se accedió al material o a lo que se hizo con la información del celular que se le incautó a un imputado. Todo eso perjudica lo que el Estado quiere al final, que es lograr el esclarecimiento de un hecho con apariencia delictiva”, amplió.

En este punto aludió a los dichos del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, sobre el avance de las causas en Fiscalía. “Después uno tiene que escuchar que hay autoridades relevantes que hacen estas puntualizaciones de que hay investigaciones que van a una velocidad o a otra”, criticó.

La opinión de Rosa es que “hay que mirar lo que sucede adentro de la Fiscalía” y “colaborar en que eso funcione mejor”, “no andarle tirando piedras a la Fiscalía”.

“Porque está claro que tanto la Policía como Fiscalía tienen dificultades a la hora de llevar adelante investigaciones que tienen volúmenes de información muy amplios”, indicó y criticó que se vive “constantemente buscando quién es el culpable de la filtración, no a partir de una investigación seria y que se reúnan elementos para ver de dónde proviene la información, sino con señalamientos de una institución”.

Asimismo, apuntó: “Desde el sistema político se señala siempre a la Fiscalía, pero eso, para el día de mañana, nos sigue sin garantizar que la información no se filtre”.

“El trabajo a partir de ahora tiene que estar en fidelizar y mejorar la trazabilidad de la información”, expresó y ejemplificó que, en el caso Penadés, “un equipo fiscal tuvo que lateralizar una investigación para imputar a personas que intentaban interferir en la investigación que llevaba adelante la Fiscalía”.

“Eran funcionarios públicos a parir de recursos del Estado o valiéndose de una posición del Estado trataban de interferir en esa investigación. Ahí hay un claro diagnóstico y hay intereses a veces que están dentro del Estado mismo que pueden entorpecer las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía”, apuntaló.

Rosa manejó posibles soluciones a esto, como “una policía judicial” o “trabajar en mecanismos para que la Policía y la Fiscalía trabajen de forma mancomunada y con una relación de confianza”. Y dijo que un “avance” en esta materia se está implementando en la Fiscalía de Homicidios, en donde “hay un departamento especial y la Fiscalía trabaja con determinado tipo de policías”.

“Eso hace que las investigaciones mejoren en cuanto al flujo de información: sabemos que son 10 personas y no 100 las que tiene acceso a esa información. Ahí se restringe quién tiene acceso y tiene más posibilidad de hacerle la trazabilidad”, sentenció.

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