El club Villa Española, que juega en la Segunda División del fútbol uruguayo, fue intervenido la semana pasada por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC). Las autoridades de la institución fueron desplazadas y se nombró a un interventor por los próximos seis meses. Esta resolución provocó una polémica política, y reacciones de la oposición y organizaciones.

La actuación del MEC se origina en una denuncia presentada por exdirigentes de Villa Española que reclamaban por la violación de los estatutos del club. Los denunciantes expresaron que no se celebraron elecciones en tiempo y forma, dado que según el reglamento interno debe haber esta instancia cada mes de enero y los últimos comicios fueron en 2020.

También denunciaron que no se realizaron asambleas de Memoria y Balance y que el club estaba violando el artículo 5 del estatuto, que prohíbe las manifestaciones políticas y religiosas. este punto refiere a la colocación de la frase “Nunca más” a lo en el Estadio Obdulio Varela o a que los jugadores aparecieran con camisetas en referencia a los detenidos desaparecidos durante la dictadura.

La intervención tiene como objetivo llamar a elecciones, depurar el padrón social y regularizar el uso de las redes sociales. La decisión del gobierno fue criticada por varios dirigentes del Frente Amplio (FA), que cuestionaron la intervención y la calificaron de “despropósito” y “un disparate”.

Para analizar el tema y la forma de proceder del MEC, En Perspectiva (Radiomundo 1170 AM) conversó con Pablo Schiavi, doctor en derecho administrativo iberoamericano.

Schiavi sostuvo que ha tenido en su experiencia profesional “casos similares de clubes de fútbol o instituciones y organizaciones civiles que tuvieron denuncias de grupos de socios ante el MEC”. “Hay estatutos que son la Constitución que rige el funcionamiento de las instituciones, cuando hay socios que consideran violaciones o apartamiento de esos estatutos es que se presenta una denuncia ante autoridades del MEC. Las denuncias son frecuentes, no las intervenciones”, agregó.

El abogado comentó que la denuncia la puede presentar “un grupo de socios o un socio”, acreditando su calidad de tal, y enumerando “qué artículos o disposiciones del estatuto que rige a la institución a su juicio fueron violados o el club se apartó”.

“El tema de las elecciones y el no cumplimiento de fallo de asamblea quizás son las causales más comunes que se pueden alegar, entre otras. El ministerio toma la denuncia, pero no puede disponer una medida cautelar sin darle vista al club. Hay un procedimiento administrativo entre el MEC, el club denunciado y los denunciantes. Se pone en conocimiento al club para que el club haga sus descargos, antes de tomar cualquier decisión ya que si no se estaría violando el debido proceso”, añadió.

Schiavi sostuvo que “el club tiene chance de revertir la denuncia” luego de recibir la vista por parte del MEC. El abogado expresó que Jurídica del MEC “evalúa los descargos del club” y ahí se hace un informe para evaluar si se cumplían o no los reclamos de los denunciantes.

Sobre la posibilidad de que el MEC pueda haber actuado distinto, y no intervenir el club, Schiavi dijo que “el ministerio debe velar por el cumplimiento de los estatutos”. “Un elemento intermedio es que cuando se de vista el club presente una convocatoria a elecciones dentro de un mes”, aseguró.

“Estas decisiones siempre se tratan de evitar y no son decisiones felices. No es que al ministerio le guste intervenir clubes, a veces no tiene más remedio y se tiene que aplicar la ley y el estatuto”, aseveró.

“Si no hay indicios de cumplimiento se debe hacer la intervención, que es una medida cautelar y no de forma indefinida. Lo que se hace es un desplazamiento de las autoridades hasta que se convoquen nuevas elecciones”, agregó.