Mejorar la calidad del agua. Trabajar en la cuenca del río Santa Lucía, poner en marcha un Plan Nacional de Residuos. Reducir la contaminación industrial, ampliar las áreas protegidas, educar a las nuevas generaciones en la protección del medio ambiente: estas son algunas de las prioridades del nuevo Ministerio de Ambiente

Sus primeras autoridades, Adrián Peña y Gerardo Amarilla, asumieron ayer en una ceremonia encabezada por el presidente Luis Lacalle Pou. El acto tuvo lugar en la localidad de Aguas Corrientes, donde se ubica la planta potabilizadora de OSE que abastece de agua potable a Montevideo y a varias ciudades del departamento de Canelones. No fue casual la elección del lugar ¿Cómo se pone en marcha el nuevo ministerio?

Sobre ello, el periodista Emiliano Cotelo entrevistó en su programa En perspectiva, emitido por Radiomundo, al subsecretario de la nueva cartera. Gerardo Amarilla, exdiputado del sector Todos del Partido Nacional por el Departamento de Rivera, es abogado, graduado en la Universidad de la República, y posee un máster en Derecho Ambiental por Universidad Internacional de Andalucía.

En sus diez años como diputado tuvo los temas de medio ambiente como una de sus preferencias como una de sus prioridades. Por ese motivo justamente llevaba meses preparándose para ser el titular del nuevo ministerio, algo que se daba como un hecho. Sin embargo, la renuncia del colorado Ernesto Talvi a cancillería obligó a rearmar equilibrios en la coalición de gobierno, y la titularidad fue recaer sobre el también colorado Adrián Peña.

Amarilla dijo haber vivido su investidura en el nuevo cargo "con la emoción y con el honor como si fuera ministro. Creo que de alguna manera me preparé para trabajar en equipo, no sé si para ser ministro. En realidad, me había preparado antes, en el programa de Gobierno para la creación de este ministerio, que lo habíamos pensado ya en 2014, en la campaña anterior". Sin embargo, "las circunstancias políticas son muy dinámicas", reconoció.

"Venía preparándome durante muchos meses para trabajar en cualquier lugar. Después, en las circunstancias que se dieron cuando la discusión de la Ley de Urgente Consideración (LUC), de alguna manera se consolidaba la idea de que yo iba a estar al frente del Ministerio. Y así también me felicitaban y me saludaban los demás legisladores de todos los partidos políticos. Evidentemente, no es que uno se lo crea, pero de alguna manera lo va dando como por sentado. Cuando se dio el cambio, la sorpresa del impacto al primer momento obviamente que uno la siente. Pero de alguna manera, sabiendo que con Adrián Peña tenemos una excelente relación, compartimos la cámara el periodo pasado y ahora toda la discusión de la LUC en la en la bancada de la coalición gobernante, que tenemos un buen trato, un buen relacionamiento, supe que no iba a ser difícil trabajar con él. Asumí para dar al gobierno lo que pidiera y estará para el país donde me necesitara, en cualquier lugar. No importaba el número de la fila, sino la función que iba a cumplir y el servicio a la patria en un tema que me apasiona, como es el tema medioambiental", señaló.

En cuanto a la necesidad o no de la creación de un nuevo ministerio, el jerarca opinó que "el momento de maduración del tema ambiental llegó con la creación del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento, Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA). Era el año 90 y el tema ambiental era importante ya en la comunidad internacional. En el 92 se hizo La segunda Cumbre Mundial del Medio Ambiente, la primera había sido en el 72 en Estocolmo. O sea que el tema estaba ya en la en la agenda pública, pero no tenía la relevancia, ni siquiera el marco jurídico como para tener un ministerio propio". Por ello, en aquel entonces "se aglutinó con un buen criterio, junto con la vivienda y con el ordenamiento territorial, como cuestión vinculada al hábitat general del del ser humano, una visión también antropocéntrica, pero era la época de los 90".

Posteriormente "hubo un desarrollo legislativo muy importante. La ley de Impacto Ambiental en el año 1994, la Ley de áreas protegidas en el 2000, la Ley General del Ambiente que reglamenta el artículo 47, que fue incluido en la Constitución en la reforma de 1996. Luego siguieron otras leyes vinculadas al agua y al ordenamiento territorial, que generaron un desarrollo normativo y competencias muy importantes, todas concentradas en la Dinama". Por tanto, "era necesario darle otra jerarquización a nivel del Poder Ejecutivo y sentar en el gabinete a un ministro que fuera específicamente del tema ambiental, porque generalmente los ministros hasta ahora eran de Vivienda. Cuando había un tema de medio ambiente sabían que era un problema y se lo pasaban a la Dirección de Medio Ambiente para ver qué se podía hacer, pero no era el tema central de la cartera", recapituló.

En cuanto a la necesidad de formar desde cero un nuevo ministerio sin incurrir en gastos que incidan negativamente en los objetivos de ahorro del gobierno, Amarilla concedió que "es un gran compromiso y una gran regla que tenemos que cumplir. Primero, el desafío de crear un ministerio con cabeza del siglo XXI, muy ágil y efectivo, algo distinto a los demás. No digo que los demás estén mal, pero en definitiva son producto de otra época, de otros tiempos, de otra dinámica de la sociedad. Hoy, con la rapidez, con la tecnología, con lo que nos ha impuesto esta situación de coronavirus, el teletrabajo, las reuniones a distancia que son más normales que lo anterior, nos va a generar una dinámica de tener que, con poco dinero, ser muy efectivos".
El nuevo ministerio tiene asignado "un 0,04 por ciento del presupuesto nacional, poco más de 700 millones de pesos al año. Comparado con los otros es el ministerio más chico, sin lugar a duda", detalló.

De momento, y mientras todavía no cuenta con sede propia, los integrantes del Ministerio de Ambiente están "haciendo un coworking en Torre Ejecutiva, aprovechando un par de oficinas vacías", según explica entre risas el subsecretario. "Vamos a utilizarlas para para poder trabajar y de alguna manera aprovechar los recursos que está en el Estado, que no solamente son los recursos del Ministerio de Ambiente, ya que hay otra lógica que me parece que es interesante: ver cómo aprovechamos los recursos de otras dependencias vinculadas al tema. No solamente pensando en la OSE, con la que hay una vinculación muy directa", explicó, recordando que a partir de ahora, OSE e Inumet responden al Gobierno a través de la nueva cartera.
"Vamos a tener un vínculo muy estrecho con los gobiernos departamentales, que en materia ambiental tienen una competencia primaria. Ahí debemos tener una fuerte coordinación para tener más presencia en todo el territorio", sostuvo.

En ese punto de la entrevista, el periodista apuntó que la lista de prioridades del ministerio abarcaba un campo complejo, amplio y candente, y quiso saber cómo se pensaba lograr que su declaración de intenciones pasara a lo concreto.

"Contamos con un socio fundamental y no menor, con un Presidente de la República que entiende del tema, al que también le apasiona el tema y que su decisión de crear un ministerio no fue un tema de marketing o de que son los nuevos tiempos, sino que de alguna manera lo tiene presente desde que inició su legislatura. Si uno sigue la legislatura del hoy presidente Lacalle Pou, cuando fue diputado por Canelones en el primer período, ya los temas ambientales estaban en su agenda de trabajo parlamentario. Evidentemente, con ese socio podemos implementar políticas públicas que traten de revertir la situación del agua, el tema residuos, el tema áreas protegidas, y entender lo importante que es cuidar la biodiversidad del país. Defender aquello del Uruguay Natural, que no sea solamente un sello, sino que recuperemos esa calidad de vida que tuvimos y que de alguna manera hemos deteriorado en forma importante los últimos tiempos", respondió.

Por ello, todo lo incluido en la lista de prioridades del ministerio, "tiene que bajar a medidas concretas, que yo creo que no son tan difíciles. En algunos casos requieren inversiones importantes, como el tema del agua, que evidentemente va a tener inversiones importantes no solamente del Ministerio de Ambiente, sino de los diferentes organismos que tienen competencia en la materia, pero que también son decisiones políticas que tienen que permear toda la administración, y que pasen de ser algo declarativo, como lo eran hasta ahora. Si usted ve lo que era el gabinete ambiental, el Sistema Nacional Ambiental, eran como estructuras en el aire, muy lindas en la teoría pero que después no bajaban nada concreto, porque en realidad el río Santa Lucía estaba peor de lo que imaginábamos. Tenemos que ver cómo cambiamos esa realidad".

Llegado a ese punto, el funcionario reconoció tener "una visión crítica", de la gestión ambiental de los gobiernos del Frente Amplio.

"Evidentemente se han hecho cosas, pero creo se tendrían que haber hecho más y en mejor forma. Bajar un poco el plano teórico, porque hasta ahora estamos llenos de diagnósticos, de estudios, pero en realidad en cosas concretas falta todavía mucho por hacer".

Posteriormente, Cotelo se interesó en cómo se llevarán obras como la nueva represa en Casupá o la planta para procesamiento de lodos en el Santa Lucía, iniciativas que se estuvieron procesando en gobiernos anteriores pero que hasta ahora no se han concretado.

"En la cuenca del río Santa Lucía confluyen varios organismos y varias competencias, no solamente la gestión, sino también en el contralor. Lo que faltaba -y se lo cuestionaba incluso algún ministro- era alguien que liderara el proceso", dijo Amarilla, haciendo referencia a dichos del fallecido Eleuterio Fernández Huidobro, enunciados cuando era ministro de Defensa. En aquel entonces, el jerarca había llamado la atención sobre la fragilidad del sistema de abastecimiento de agua de Montevideo y Canelones, al no contra con una represa alternativa.

"Ahí hay que buscar una solución, que podrá ser Casupá o buscar otra fuente. Hay otra propuesta en OSE y habrá que estudiarla y tomar una decisión rápida para empezar a trabajar sobre eso. Casupá es una de las posibilidades, no sé si es la única. Además, no solamente se trata de buscar una fuente alternativa de agua, que es importante, sino de trabajar sobre la que tenemos y ver el tema de los lodos y el tema de identificar más claramente, más precisamente, la fuente de contaminación que tiene la cuenca del Santa Lucía, para actuar sobre el origen del problema, porque muchas veces trabajamos sobre las consecuencias", dijo.

Tratándose de una represa cuyo costo es de decenas o cientos de millones de dólares, el periodista quiso saber si esos recursos estaban ya definidos.

"Se está trabajando en eso. Tenemos en los próximos días reuniones sobre ese tema con las autoridades de OSE y seguramente se van a poder hacer anuncios cuando se definan las decisiones políticas, para después saber del tema de recursos", atajó el viceministro.

En cuanto a la planta de procesamiento de lodos, la anterior administración había estimado un costo de 35 millones de dólares y otros 9 anuales por la operativa, cifras que no son cambo chico en un contexto recesivo y donde se procura el ahorro.

"Es uno los temas que tenemos en carpeta y hay que buscar allí también la complementación con diferentes organismos públicos, para ver de qué manera podemos contribuir entre todos a este tema. No es solamente un tema de OSE, compartimentado en un servicio centralizado, sino que es un tema de una política nacional que afecta nada más y nada menos que a la fuente de agua que abastece al 65 por ciento de la población", contestó, indicando que parte de las inversiones podrían provenir de fuentes externas al ministerio.

"Pienso en gobiernos departamentales, sin duda. Hay que buscar la articulación, porque además se puede generar allí capaz que algún otro tipo de actividad no solamente para tratar los lodos, sino para utilizarlos en algún tipo de producción y generar un recurso a partir de un residuo. Hay que estudiar este tema un poquito y trabajarlo, es un de las líneas estratégicas a trabajar en el futuro", adelantó.

En cuanto a los datos entregados por la anterior administración sobre el estado de la cuenca del Santa Lucía, Amarilla repitió que "el tema de diagnósticos nos parece importante y es un trabajo que se ha seguido en el tiempo. Hay un informe que hizo una agencia internacional ya hace unos años, que empezó creo que en el 2004 y que se extendió hasta el 2014. Un estudio muy interesante, no solamente de la cuenca del Santa Lucía sino también de otras cuencas. Es un diagnóstico importante que se ha complementado con otros estudios más recientes. El tema es implementar las medidas. (. . . ) Hay que trabajar. Primero en ver cómo mejoramos la calidad del agua en sí del curso. Hay unas tecnologías que se están manejando en diferentes países del mundo y tenemos que evaluar cuál es la mejor para trabajar sobre la calidad del recurso y seguir trabajando, capaz que con un poquito más de rapidez y agilidad, en identificar claramente la fuente de contaminación, el origen de la misma, y tratar de comenzar a revertirla. Hay un gran porcentaje de contaminación difusa, que no se sabe exactamente de dónde proviene y hay que trabajar, identificar el origen y tratar de revertir ese proceso", expresó.

Y al hablar de la calidad del agua en la cuenca surge inevitablemente el tema de los numerosos tambos que hay en la zona, y la financiación de piletas que permitan un mejor uso del agua.

"Además hay que apelar a algunas ideas innovadoras, con algunos elementos que no son solamente obras de ingeniería, sino también con elementos naturales", como "cordones verdes con algunos cinturones de vegetales que generan un impacto positivo en el tratamiento de este tipo de corrimientos de aguas. Hay que buscar con un poco de ingenio y también involucrar a gobiernos departamentales, a la Academia, que tiene mucho para aportar, y obviamente a los mismos productores, que son actores fundamentales en esto. Creo que hay que cambiar la cultura. Lo decía también el ministro en su discurso. El peor monocultivo que existe, en cualquier país, son las mentes con un bagaje cultural que no les permite adaptarse a estos cambios. A este desafío que tienen los tiempos. O sea, tenemos que de alguna manera tratar de cambiar fuertemente la cultura, porque parece que lo que hacemos no tiene tanto impacto en forma individual, aislada, pero en la sumatoria y en el colectivo tiene un impacto importante".

En concreto, el funcionario se refirió "a muchas prácticas que la gente utiliza, no solamente en la parte productiva agropecuaria, cuando usa determinada cantidad de agroquímicos y a veces abusa de ellos, o cuando se construyen determinadas instalaciones, no prever el tema de las piletas de agua, que capaz que no es un costo tan importante de inicio, pero después hacerlas sí lo es, y ni que hablar de las prácticas urbanas, por ejemplo el manejo de residuos".

En lo que refiere a acciones sobre la cuenca del Santa Lucía, "empezamos a trabajar, el lunes tendremos una reunión con las autoridades de OSE, que podríamos decir que es uno de los principales usufructuarios de la cuenca en lo que tiene que ver con el consumo humano, y vamos a empezar a trabajar con el ministro la semana que viene ya en ver en qué proyectos y qué programa podemos trabajar. Concomitante, estamos diseñando la estructura del ministerio. Tenemos varios temas que resolver en la próxima semana, pero es la prioridad".

En cuanto a la situación del Río Negro, otro sector complejo desde el punto de vista ambiental, Amarilla informó que "en los próximos días tendremos una reunión importante donde se va a instalar un grupo de trabajo al respecto. En él participarán los actores de la industria que van a estar en la cuenca, los actores que ya la utilizan, no solamente los productores, los gobiernos departamentales, el MGAP, que es un ente muy importante, el MIEM y la UTE, que en definitiva tiene dos represas en el lugar, y es también un actor fundamental, pieza clave para trabajar en conjunto en mejorar la cuenca, donde tenemos otro elemento que no es menor: es un recurso compartido con Brasil. El Rio Negro comienza en Brasil, o sea que de alguna manera también tenemos que ver cómo sumamos o cómo generamos coordinación con el Gobierno brasileño de Río Grande o las autoridades ambientales de allí, para ver de qué manera podemos trabajar en conjunto".

En cuanto a la llegada de una planta de celulosa a un río que esta contaminado desde hace años, el jerarca no la ve necesariamente como un problema. "A partir de ahí, capaz que se puede generar una oportunidad, la de tener otro socio, con cabeza privada y que viene de otros lares y que nos puede ayudar en la solución definitiva", indicó, recordando que entre las obras que UPM hará en la zona se cuenta el saneamiento de Paso de los Toros y Pueblo Centenario.

"No es nada menor, porque las zonas urbanas del país son un elemento contaminante muy importante, no solamente por el tema de saneamiento y aguas servidas, sino por la cultura de las ciudades. El tema del poco aprecio, por ejemplo, de la limpieza urbana de los residuos, el manejo de residuos, que es un tema que tenemos que trabajar mucho con todas las comunidades locales".

En cuanto a la relación de la nueva cartera con las industrias contaminantes o potencialmente contaminantes, Amarilla indicó que "ya se ha hecho un trabajo importante de contralor. En el tema industrial creo que hay que ser muy estricto y para los dos lados. Uno tiene que ser muy transparente, muy efectivo en los controles ambientales, en las autorizaciones ambientales, pero el tema de controlar a la persona que pide una autorización y que hace todo un trámite, es como pescar en la pecera: sabemos dónde está y lo que utiliza, lo que tenemos que controlar que lo haga bien. Me preocupa mucho más lo que no podemos controlar, lo que no está identificado en el radar, que es lo que decía sobre la contaminación difusa. Muchas veces pequeños emprendimientos que no están bajo control del Estado y la Dinama, no están actuando en el marco de la ley, y la sumatoria de esos emprendimientos puede ser una contribución muy importante".

Sobre una posible revisión de los parámetros aceptables en los efluentes industriales, dijo que "hay que estudiarlo, pero no sé si está planteado, creo que no. Son parámetros estándar que están establecidos hace años. Lo que hay que hacer muchas veces es controlar, fiscalizar su cumplimiento. Los parámetros siempre se pueden revisar si hay elementos técnicos que lo ameriten, por ejemplo, un cambio climático o la acumulación de emprendimientos en una misma cuenca. Pero también tenemos que darle seguridad jurídica a quienes les dimos la autorización, y si les cambiamos las reglas del juego, tenemos que estar preparados para ello", matizó.

Luego, y ante pregunta de un oyente, dio que no era cierta la versión de la no renovación de cincuenta contratos a técnicos de la ex Dinama, y la eventual influencia negativa de esto en la capacidad de contralor.

"En primer lugar, no anunciamos la no renovación de contratos. Los técnicos contratados por organismos internacionales no estaban o no deberían estar dedicados a las inspecciones. No sé qué valor tendría una multa o una inspección hecha por una persona contratada por un organismo internacional. Los funcionarios de Dinama que inspeccionan son funcionarios del Estado uruguayo. Los técnicos están contratados por proyectos, muchas veces a término. Ni siquiera se revocaron los contratos, simplemente terminaron el periodo para el que estaban contratados y los proyectos para los cuales había sido contratados. Capaz que hay nuevos proyectos y contratos, pero no tenemos que estar tampoco atados a las personas. El funcionario es para la función, no al revés", declaró.

Luego, y ante otra pregunta de la audiencia, reconozco que es cierto que OSE pierde aproximadamente el 50% del agua que bombea.

"Hay un índice, que es el registro de agua no contabilizada, y que indica que más o menos ese parámetro es el que tiene Uruguay, que pierde el 50% por ciento del agua que potabiliza, lo que es un drama y que ocurre desde hace más de veinte años. Se ha invertido mucho, ha habido muchos proyectos para tratar de mejorar ese ese porcentaje y no lo hemos logrado, por lo menos en gran parte del país. Es un gran desafío que se puede hacer y se puede lograr. Por ejemplo, la Unidad de Gestión Descentralizada de Maldonado, que es un organismo especial entre la Intendencia y OSE, ha logrado mejorar ese índice de facturación en un 70 por ciento. Se puede logar, Uruguay lo puede hacer. Evidentemente hay que poner mucho pienso y hay que tener quizá una mejor relación entre la parte comercial y la parte técnica, pero es un tema que deberemos trabajar con OSE", dijo.

Después, entrando en materia de cambio climático y los compromisos de Uruguay al respecto, Amarilla expresó que "el tema del cambio climático podríamos dividirlo en dos grandes áreas. Una es la de los deberes de Uruguay como emisor de gases con efecto invernadero y la respuesta nacional. En ese aspecto Uruguay ha hecho cosas muy positivas, como el cambio de la matriz energética, que es un tema surgido de los acuerdos multipartidarios al principio del siglo. Dieron sus frutos y somos ejemplo a nivel mundial, tenemos que tratar de lograr que baje un poco el costo".

El otro aspecto "es la consecuencia que tiene el cambio climático en los países, y ahí Uruguay, ya no como agresor o como contribuyente al cambio climático, sino como víctima de sus efectos".

"Ahí tenemos temas como las inundaciones y tenemos que dar un mapa de riesgo, una respuesta importante de lo que es el tema de las zonas inundables del país y lugares que no se inundaban antes y sí se inundan ahora, o lugares donde tenemos que amortiguar esos impactos, en las zonas costeras, que hay un trabajo y un proyecto interesante que seguramente se va a firmar en los próximos días, con obras de mitigación del impacto de las inundaciones".

"Y después las ya conocidas por todos, las cianobacterias, que se generan a partir de dos elementos muy importantes. Por un lado el tema del vertido de nutrientes a las cuencas, pero también del aumento de temperatura y el agua estancada, que contribuye a la floración y que es parte del cambio climático".

Sobre la anunciada intención de trabajar en la reglamentación de la Ley de Gestión Integral de Residuos y la puesta en marcha de un Plan Nacional de Residuos, consideró que "ese es otro de los temas que son de mucha sensibilidad y mucho impacto social. Es uno de los temas en los que el Uruguay creo que no ha hecho bien los deberes, a partir de que ha surgido todo el tema ambiental y que el tema de residuos es uno de los fundamentales de cualquier política ambiental. Si bien hay mucha gente haciendo muchas cosas, creo que en líneas generales no hemos avanzado mucho en resolver el tema de fondo, que es la gran cantidad de residuos que generamos y el manejo posterior, así como la recolección y la disposición final. Tendríamos que tratar de reducir la cantidad de residuos que llegan allí, que muchos de los materiales que hoy llamamos residuos y que aparentemente no tiene ningún valor, vuelvan a la cadena industrial y pasen a tener un círculo vital, no sé si infinito, pero por lo menos que no se agoten en una o dos utilizaciones".

Consultado sobre si todos esos proyectos podrían ser realidad en el corto plazo, el jerarca indicó que "estamos hablando de eso hace veinticinco años. Creo que es el desafío de este ministerio que va a impulsar este tipo de políticas y a liderarlas con a participación de diversos actores públicos, el comenzar a tener acciones concretas. Por ejemplo, con el tema del reciclaje. Vamos a ponernos a trabajar en serio el tema y con la disposición separada y la recogida discriminada de los residuos. Que no sea un mero ejercicio, sino que tenga un efecto importante en la economía y en que al vertedero no se lleve tanta basura como se hace hoy".

Finalmente se llegó al controvertido tema de las áreas protegidas, cuyo apartado en la LUC no se aprobó y ahora está a estudio en el Parlamento.

"Se va a discutir también la modificación del régimen legal de áreas protegidas, que precisa algunos ajustes y, sobre todo, para ver cómo incluimos a reservas privadas, lugares que estén en manos de privados y gestionados por privado, pero que puedan cumplir con los requisitos para poder ser ingresados al Sistema de Áreas protegidas (SNAP), un Sistema que no tiene dentro del mismo a todas las áreas que tienen una especial protección. Hay algo más del 1% del territorio nacional en el SNAP; pero, tenemos un casi un 5% por ciento de monte nativo en el territorio, que tiene un plan de manejo con una medida especial de protección, donde hay una rica biodiversidad de flora y fauna autóctona, especialmente protegida, y que no entra en el SNAP, y que para mí, por lógica debería integrarlo", opinó.

Además, se trataría de realizar esta articulación público-privado sin la necesidad de recurrir al enojoso y costoso expediente de la expropiación, e incluso de la anexión prevista por la normativa.

"Este espacio de monte nativo del que estamos hablando ya tiene un plan de manejo y unas medidas especiales de protección, que el propietario ha aceptado y que en la mayoría de los casos se cumple a rajatabla. Tendríamos que ver cómo articulamos esos sitios que están protegidos, están cuidados y con una biodiversidad importante. Me parece lógico integrarlos al SNAP; y estaríamos ya en un 6 por ciento del territorio nacional, sin contar otros espacios".

"Más que imponérselo al privado y limitar muchas veces arbitrariamente su uso, tenemos que ver cómo congeniamos y cómo coordinamos, como ya se ha hecho en unas experiencias anteriores. Yo tengo en Rivera. la experiencia del Valle del Lunarejo, que es un área protegida, un paisaje protegido muy importante de quebradas del norte del país, donde el 100 por ciento de los predios son privados. Lleva tiempo, pero hay que congeniar, acordar y consensuar con los propietarios un plan de manejo que pueda tener un uso sustentable de la propiedad para su aprovechamiento económico, pero cuidando la biodiversidad. El instrumento ya existe, hay que implementarlo mejor", concluyó.