El Poder Ejecutivo incluyó en el proyecto de ley de Presupuesto la facultad de vender inmuebles del Estado para financiar la mejora de asentamientos.

Según un relevamiento realizado en el gobierno anterior, la Administración Central tiene 2.498 inmuebles, 163 de ellos abandonados. Y a este número se le debe sumar aquellos que son propiedad de los entes autónomos, los servicios descentralizados y otros organismos estatales.

Según el artículo 63 del Presupuesto, en los 60 días posteriores a la aprobación de la norma, y luego periódicamente cada año, los organismos deberán informar los bienes que tienen en propiedad o posesión. La información la centraliza el Registro de Inmuebles del Estado que funciona en la Contaduría General de la Nación, indicando si lo considera imprescindible o no.

Por otro lado, se crea en Presidencia el Programa de Racionalización de uso de bienes inmuebles del Estado, que buscará identificar propiedades que sean prescindibles para traspasarlas al Ministerio de Vivienda o disponer su enajenación.

De acuerdo al texto, hasta el 75% del dinero obtenido por la comercialización de esos bienes se destinará al Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB), que tiene como objetivo la regularización de los asentamientos.

El Frente Amplio tiene varias objeciones respecto a esta medida. En el Parlamento se escucharon varias voces cuestionando la legalidad de la propuesta y también su eficacia.

Para conocer más detalles, la periodista Romina Andrioli, co conductora de En Perspectiva en Radiomundo, entrevistó en la mañana de este lunes a la diputada del MPP por Canelones, Lucía Etcheverry, que fue directora nacional de Vivienda entre 2010 y 2016.

Etcheverry comenzó explicando que ya existe marco legal que regula la posibilidad de vender inmuebles del Estado en desuso. De todas formas, reconoció que "hay que ser más ágiles y eficientes para darle destino" a estos predios, y señaló que si se presentaran normas en ese sentido ella estaría de acuerdo.

"(La norma que se propone) no mueve la aguja. No genera desde el punto de vista de los recursos un aporte sustantivo para resolver las problemáticas que se mencionan desde el Ejecutivo. No va a resolver el tema de los asentamientos", aseguró la diputada.

Andrioli mencionó entonces un informe del diario El País del año 2016 donde se cuenta que estos terrenos en desuso tienen un valor de al menos 40 millones de dólares en total.

"Ese cálculo está hecho en una simulación. Como si se vendiera el conjunto de los inmuebles, en un mismo momento y se recibiera el dinero todo junto. Eso no es así, hay un procedimiento. Si eso fuera así, tan mecánico, bueno, sí podría significar algo importante", expresó la dirigente del MPP.

Con respecto a la relevancia económica de estos posibles desprendimientos, Etcheverry señaló que el PMB tiene un presupuesto quinquenal de 100 millones de dólares, y que cada intervención en un asentamiento cuesta unos 5 millones

"Puede ser un aporte, pero sin duda no es significativo", insistió.

Consultada sobre que interés puede haber desde el mercado por estos inmuebles, la diputada dijo que "es complejo" y que hay inmuebles "con un atractivo importante, que pueden ser parte de eventuales planes de negocios de desarrolladores", como los ubicados en la costa atlántica.

Por otra parte, indicó que hay predios que son, por ejemplo, viejos destacamentos policiales rurales. "10 o 12 hectáreas en el medio rural, a 90 kilómetros del centro urbano más cercano. ¿Es factible que pueda haber un interés de la inversión privada? Creo que es relativo", dijo.

"En el marco de la pandemia, con una economía en proceso de desaceleración ¿Es el momento para que se los destine a la venta? Creo que no es el más adecuado", agregó.

La entrevistada indicó también que la situación de los predios es diversa y que hay padrones que "son casi de la época de la corona. No hay planos y no se sabe dónde empiezan y dónde terminan".

¿Lo más preocupante? Que la decisión pase a manos del Ejecutivo

Etcheverry aseguró que "lo más preocupante" de lo que propone el artículo 63 del proyecto de Presupuesto es que "traslada la competencia de determinar que bien es prescindible del Parlamento al Poder Ejecutivo".

En el régimen actual, el Estado puede vender los inmuebles, pero es el Poder Legislativo el que debe aprobar un proyecto de ley para autorizar la venta de cada padrón. Esa función pasa a manos del Ejecutivo, que de todas formas deberá presentar ante el Parlamento cada enajenación en las rendiciones de cuentas de cada año.

"Se pierde el control parlamentario y además es un tema de garantizar de que prime una mirada del bien general de la ciudadanía sobre necesidades específicas. Se relega una competencia de contralor en aras de la discrecionalidad del Poder Ejecutivo", declaró.

Además, dijo que hay "riesgo" de que la norma sea inconstitucional "porque el Poder Ejecutivo no debería obligar a los entes autónomos y servicios descentralizados y tomarles la decisión".

Consultada entonces por Andrioli por qué no se aplicaba con mayor asiduidad la norma existente, la exdirectora de Vivienda dijo que "el Ministerio de Vivienda ha puesto muchísimas hectareas en llamados públicos para cooperativas y ha otorgado realojos y autoconstrucción en terreno público".

"Hoy ya existe norma y amparo legal para proceder. Esta es una mala señal que no resuelve el tema. (...) Mejorar y ser más eficientes no pasa por darle discrecionalidad al Poder Ejecutivo", expresó.

Para la diputada lo necesario para cambiar la situación son "los recursos y la voluntad política de utilizar los elementos que ya existen".

"Ya se hizo muchísimo. Por supuesto que no es suficiente, pero deben estar por arriba de las 200 hectáreas lo que ya se puso en distinto valor", aseguró, y mencionó, entre otros casos, la zona del Mercado Agrícola, con el edificio Alpargatas y los predios linderos.

¿Venta en bloque o dividido?

El director de la OPP, Isaac Alfie, dijo en la comisión de Presupuesto que la venta en bloque de estos inmuebles permitiría bajar los costos administrativos de los negocios. Según el jerarca, los costos de este tipo implican hasta un 30% del valor de la propiedad, por lo que se debe evitar venderlos aislados.

Sobre este punto, Etcheverry dijo que "depende que cual sea el inmueble, su ubicación y destino".

Los casos en que se trata de un predio rural para producción, la diputada dijo que "tiene que venderse en bloque", en cambio, cuando se trata de espacios urbanos para desarrollo inmobiliario "puede ser hasta más ventajoso para el Estado si se divide y hacés competir a los desarrolladores".

De todas formas, dijo que no es correcto mirar la situación "desde el costo administrativo". "Tiene que ver con que no todo lo público es una carga y no todo lo público hay que desprenderse", dijo.